13 de enero de 2018
13.01.2018

Los empresarios critican que "cualquier técnico del Cabildo" pueda paralizar obras

12.01.2018 | 23:12
Los empresarios critican que "cualquier técnico del Cabildo" pueda paralizar obras

El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), José Carlos Francisco, criticó ayer que el Cabildo, a través de su área de Patrimonio, haya paralizado una obra de demolición y construcción de viviendas en la céntrica y degradada zona de Miraflores, en la capital. Francisco ofreció estas declaraciones tras una reunión celebrada entre el Ayuntamiento chicharrero y la Junta Directiva de la CEOE-Tenerife, en la que los empresarios lamentaron que "cualquier técnico del Cabildo tinerfeño pueda parar obras en la ciudad".

José Carlos Francisco manifestó que no entiende qué valor patrimonial e histórico pueden tener los edificios de Miraflores para que el Cabildo quiera protegerlos. "Yo tengo mis oficinas en la zona y la verdad es que no lo comprendo. Pero mi opinión no importa. Lo que sí se debe tener muy en cuenta es que la Corporación insular ha paralizado una obra cuya ejecución permite el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, porque el inmueble no está catalogado para su protección, y que cuenta con la licencia de la Gerencia de Urbanismo", explicó.

Lo que ha ocurrido en Miraflores, añadió, es el ejemplo más reciente de "la farragosa normativa y burocracia que nos asiste, que permite que cualquier técnico pueda parar obras, a pesar de que son absolutamente legales". "Esta inseguridad jurídica perjudica gravemente la inversión", agregó el presidente de CEOE-Tenerife.

Son varias las licencias que Urbanismo ha concedido a los propietarios de las parcelas de Miraflores para llevar a cabo el proyecto de urbanización previsto para esta degradada zona de la ciudad. Sin embargo, las primeras obras que se iniciaron fueron paralizadas por el Cabildo, pues considera que en la manzana existen seis inmuebles, algunos de los cuales son utilizados para ejercer la prostitución, que deben ser protegidos por su valor patrimonial e histórico. El Ayuntamiento ha acudido al Juzgado para que aclare esta situación, pues no hay manera de que ambas administraciones se pongan de acuerdo.

Y es que al Consistorio chicharrero le preocupa que estas diferencias puedan afectar a 550 inmuebles más en la ciudad en los que sus propietarios quieren invertir y que, según el Cabildo, deberían estar incluidos en el catálogo municipal de protección.

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