08 de noviembre de 2017
08.11.2017

El Gobierno vuelve a abrir la puerta a una Ciudad de la Justicia en El Sobradillo

El Gobierno reserva 200.000 euros para la nueva infraestructura si se construye en las afueras de la ciudad

07.11.2017 | 23:12
El Gobierno vuelve a abrir la puerta a una Ciudad de la Justicia en El Sobradillo

El Gobierno de Canarias vuelve a abrir la puerta a la construcción de la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo. Al menos esto es lo que se desprende de la comparecencia parlamentaria del consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, quien señaló ayer por la tarde que el Ejecutivo canario ha reservado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el próximo año una partida de 200.000 euros para iniciar la redacción del proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, pero solo se si activa la opción de El Sobradillo.

Barragán realizó esta manifestación en comisión parlamentaria para explicar los presupuestos que manejará su área el próximo año. El consejero de Justicia avanzó que en cualquier caso, el Ejecutivo va a comprar la parcela de Gestur para hacer la permuta con Educación y dejar abierta la opción de que el proyecto se edifique en Cabo Llanos, tal y como demanda la totalidad de operadores jurídicos, entre magistrados, jueces, fiscales, abogados de la Administración de Justicia, letrados, procuradores y funcionarios quienes consideran que "hay instrumentos en el planeamiento urbanístico de Santa Cruz de Tenerife que permitirían la viabilidad del proyecto del futuro Campus Judicial en unas parcelas de Cabo Llanos.

Barragán insistió en que El Sobradillo es la alternativa más rápida, y siendo "generoso", afirmó que le va a dar "un plazo de 36 meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para realizar las modificaciones urbanísticas necesarias para poder desarrollar el proyecto".

Barragán ha defendido ante los grupos parlamentarios el presupuesto de su Consejería para el próximo año, que crece un 6,3% hasta los 238,1 millones de euros y se orienta a la lucha contra la violencia de género, la igualdad real, la justicia y la implantación del gobierno abierto.

Críticas, también en la Cámara

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), lamentó que "para ver un ladrillo" del futuro Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife haya que esperar, al menos, hasta 2019. Por su parte, Esther González, de Nueva Canarias (NC), dijo que el incremento del presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad es "discreto", mostrando sus dudas con la partida de 200.000 euros anunciada para el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife porque "no está nominada".

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, valoró el "esfuerzo del diálogo" para los proyectos del Palacio de Justicia en Puerto del Rosario y la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, y en este caso, cree que será necesario hacer modificaciones urbanísticas en Cabo Llanos. "Quizás se pueda retomar y reformar el proyecto de 2006 para no retrasarlo más", agregó.

Ante las diversas críticas que se produjeron en la comisión por parte de algunos de los portavoces de las formaciones políticas porque no aparece esa cantidad diferenciada, José Miguel Barragán indicó que su departamento está dispuesto a que la Ciudad de la Justicia se ubique en la zona de Cabo Llanos como piden los operadores jurídicos, sindicatos y plataformas, en lugar de en El Sobradillo, como ha propuesto el Ejecutivo regional.

El consejero ha señalado que si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no garantiza en un plazo de 36 meses que tiene la modificación urbanística aprobada seguramente se reunirá con los colectivos para preguntar si están dispuestos a esperar otros diez años o actuar en El Sobradillo, donde se podrían intervenir en "mucho menos tiempo".

Este pronunciamiento lo ha hecho el consejero después de que el mes pasado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dijese que se había desbloqueado uno de los principales condicionantes para construir la ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos. Lo dicho por el alcalde coincidía también con lo expresado ese mismo día por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, tras la reunión a tres bandas mantenida el 20 de octubre.

Cambio de uso en el PGO

El principal problema para ubicar en Cabo Llanos la ciudad de la Justicia es que para ello se precisa de una parcela que tiene un uso docente, pues está previsto que en ella haya un colegio público.

Tras una reunión con representantes de los citados colectivos y de la Consejería, el alcalde explicó que detrás de las Torres Gemelas hay una parcela que es propiedad del Gobierno canario y de la empresa pública Gestur, que no tiene uso docente y que el Ejecutivo canario ha apartado del mercado para posibilitar la operación en la que pondría a disposición del Ayuntamiento dichos terrenos para que, con las modificaciones necesarias en el PGO, el uso docente pase a esa parcela, con lo que se mantendría el colegio público en la zona de Cabo Llanos.

De esta forma se liberalizaría la parcela que está definida en el vigente PGO como la plaza pública y parking de los nuevos juzgados, además de la parcela superior en forma de triángulo sobre la que en 2006 se realizó un proyecto para ubicar entonces una gran infraestructura judicial que tendría, según el proyecto de los arquitectos que ganaron el concurso, una torre de 26 plantas sobre un edificio de mayor tamaño con hasta 14 alturas. Ese proyecto, hoy en día para el modelo de Ciudad de la Justicia no sería viable, según manifiestan los expertos ahora.

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