El Gobierno de Canarias cede al Cabildo insular el uso del Palacete de Vistabella

El IASS prevé reconvertir este inmueble de la capital en un centro sociosanitario. El edificio fue la residencia oficial del presidente del Ejecutivo autónomico

13.09.2017 | 01:20
El Gobierno de Canarias cede al Cabildo insular el uso del Palacete de Vistabella

El Gobierno de Canarias cederá al Instituto Insular de Atención Sociosanitataria (IASS), un organismo dependiente del Cabildo de Tenerife, el uso del conocido como Palacete de Vistabella, un inmueble que durante años fue la residencia oficial del presidente autonómico y donde la Corporación insular prevé abrir un centro de atención sociosanitaria.

El presidente de la Institución insular, Carlos Alonso, ya había manifestado desde el año 2015 su interés en que el Ejecutivo autónomico, a quien pertenece este edificio, le cediera su uso para localizar en él un centro social, que en un principio se pretendía dedicarlo a personas con trastornos alimenticios o autismo. Sin embargo, ahora el IASS baraja ubicar en él otro tipo de recursos.

Alonso realizó esta solicitud al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, después de que en 2014 el Ejecutivo regional intentara venderlo en una subasta pública, con un precio de salida de 1,1 millones de euros, en la que no hubo ni una sola puja para intentar quedarse con el inmueble.

La comunidad autónoma adquirió en 1987 este edificio fabricado en los años 30 del siglo pasado para convertirlo en la vivienda oficial del presidente de Canarias. La operación estuvo amparada por el responsable del Ejecutivo en aquel momento, Jerónimo Saavedra, y el inmueble fue habitado por algunos de sus predecesores, hasta que durante la presidencia de Adán Martín se construyó el dúplex encima de la actual sede de Presidencia del Gobierno en la capital.

El último en utilizarlo en ocasiones esporádicas fue el vicepresidente del Gobierno de la anterior legislatura, José Miguel Pérez, cuando tenía que trasladarse a la Isla, pero el Ejecutivo canario consideró que el poco uso que se le daba al inmueble no era suficiente debido a los elevados gastos de mantenimiento y seguridad que conlleva, por lo que se decidió venderlo.

El chalé de 700 metros cuadrados que el Gobierno canario prevé ceder al Cabildo insular se localiza en la calle San Juan de Dios número 1, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y consta de dos plantas, construidas en un terreno de 2.715 metros cuadrados. La vivienda se encuentra rodeada de jardines y tiene una piscina de alrededor de cuatro metros de profundidad, en la que se llegó a contar con un trampolín cuando esta era la vivienda oficial del presidente. Asimismo, la residencia cuenta con una amplia zona de ocio con barbacoa incluida.

Según la descripción facilitada por el Gobierno canario, la planta de semisótano está destinada a "garaje, aseos, cuartos para la limpieza, plancha y lavadora, así como para los dormitorios del personal del servicio". La planta baja tiene cocina, baño, estar, despacho, comedor, hall distribuidor, porche y terraza descubierta en su entrada principal. La primera planta está formada por un distribuidor central, cinco dormitorios, un gran estar, dos baños completos y un balcón. En la segunda planta hay un dormitorio, un vestidor y un baño.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer que se someterá a información pública la solicitud de cesión del uso de esta inmueble, un paso previo a que la Consejería de Hacienda apruebe definitivamente la petición, que realizó el Cabildo insular de manera formal el pasado 26 de mayo.

Ahora este organismo da un plazo de 15 días para que los interesados puedan remitir sus objeciones a la Consejería en caso de que se opusieran a esta cesión.

La publicación del BOC recoge que los Servicios Jurídicos han emitido informes favorables para esta operación y que el Ejecutivo no prevé que vaya a explotar el inmueble en el futuro, ya que había procedido a su desafección.

El Cabildo ha solicitado que el Ejecutivo autonómico le ceda el inmueble de manera gratuita. A cambio la Corporación insular se compromete a llevar a cabo las actuaciones necesarias para adecuar y adaptar el inmueble a las necesidades que tendrá el nuevo centro, aunque la Dirección General de Patrimonio y Contratación le advierte que no podrá llevar a cabo las obras hasta que no cuente con su autorización.

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