El 'parking' de Las Teresitas Reacciones a las peticiones de incumplimiento del fallo judicial

"Llamar a la desobediencia en el 'mamotreto' es una irresponsabilidad inadmisible"

El presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, emite un duro comunicado contra quienes rechazan el derribo del edificio

18.07.2017 | 04:28
El inacabado edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto.
Joaquín Astor Landete:

"Una edificación ilegal no es patrimonio público"

"La demolición debe efectuarse materialmente por el Ayuntamiento como titular de la obra"

"El edificio de aparcamientos es una obra declarada ilegal por los tribunales"

Presidente de la Audiencia Provincial

"Las llamadas a la desobediencia a la resolución judicial que ordena la demolición de la obra - en referencia al inacabado edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto-, orquestadas desde sectores interesados, que pueden llevar a confusión a la ciudadanía, constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho".

Este es solo un extracto del duro comunicado enviado ayer a los medios de comunicación por el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, después de que la semana pasada varios exalcaldes de Santa Cruz -entre los que figuran Manuel Hermoso y José Emilio García-Gómez- y demás cargos públicos y personalidades de la capital tinerfeña se hayan posicionado en contra del derribo del inmueble pese a que existe una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz.

la opinión de tenerife publicaba en su edición del pasado sábado el cisma que se ha producido dentro de las filas de Coalición Canaria (CC) después de que Hermoso se posicionara en contra de tirar el mamotreto. Voy a intentar convencer a Coalición Canaria para que se abra un diálogo y se busquen soluciones a este tema", afirmó el exalcalde chicharrero y expresidente del Gobierno de Canarias, quien calificó la inminente demolición del inmueble de "disparate".

A estas declaraciones hay que sumar las del ya exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Garcinuño, quien fue destituido el pasado mes por el alcalde José Manuel Bermúdez 24 horas después de que votara en contra del expediente para adjudicar los trabajos de demolición a la empresa Joca Ingeniería y Construcción S. A., por un presupuesto de 424.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

No obstante, estas no son las únicas voces que se han alzado en las últimas semanas en contra del derribo del inmueble de aparcamientos, pues también se ha creado la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife mediante la que se ha iniciado una campaña en el portal Change.org en el que invita a la ciudadanía a sumar apoyos para evitar que se lleve a efecto la demolición. De hecho, en pocos días, ha conseguido sumar 530 apoyos.

La respuesta

"Ante las manifestaciones recogidas en distintos medios de comunicación y realizadas por anteriores responsables municipales y por profesionales interesados en la construcción y edificación en la zona de la playa de Las Teresitas, resulta necesario realizar algunas aclaraciones". Así comienza el comunicado enviado ayer por Astor Landete ante lo que considera unas valoraciones muy graves que incitan al desacato a la autoridad judicial. "El edificio de aparcamientos y locales comerciales conocido como mamotreto, construido en San Andrés, sobre superficie y no subterráneo como se dice, es una obra declarada ilegal por los tribunales de justicia en sentencia firme en la que se ordena su demolición y confirmada por el Tribunal Supremo en resolución de un recurso de revisión", aseguró el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en su comunicado.

Asimismo, Landete no solo recuerda que la sentencia dictada en 2014 por el Juzgado de lo Penal número 5 fue refrendada pocos meses después por la Audiencia Provincial, sino que además las personas implicadas en el denominado caso mamotreto -tres exconcejales y tres exfuncionarios- están en la cárcel. "Los responsables de esta ilegalidad han ingresado ya en prisión en cumplimiento de la pena impuesta por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio y a ellos les compete sufragar los costes del derribo, tal y como se especifica en la sentencia", aclara Landete, quien añade "La demolición debe efectuarse materialmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como titular de la obra".

"Dicho Ayuntamiento ha sido requerido a tal efecto en reiteradas ocasiones en cumplimiento de la sentencia firme dictada a fin de restaurar la legalidad vigente, tras presentar alegaciones, informes y recursos que han sido desestimados", recalca el presidente de la Audiencia Provincial.

De hecho, lo único que ha logrado hasta ahora el Consistorio chicharrero con tanto cruce de informes y recursos con el Juzgado ha sido la personación en el caso. No obstante, dicha personación solo es a efectos de ejecutar la sentencia firme y, nunca, con el objetivo de cuestionar el fallo judicial.

"Como viene diciendo el Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial", especifica Astor Landete en su comunicado para añadir: "Por su parte, el Tribunal Supremo viene sosteniendo que la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora, es suficiente para acordar como regla general la demolición de la obra para la restauración del orden quebrantado y que la excepción no puede quedar sometida a futuras como inciertas modificaciones del planeamiento que ni siquiera dependerán competencialmente en exclusiva de la autoridad municipal, pues de acceder a ello no solo se consagrarían todas las negativas consecuencias, sino que incluso se consumaría un nuevo atentado contra al colectividad".

Y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz recurrió la decisión judicial de llevar a cabo la demolición total del edificio, pues en la sentencia de la Audiencia Provincial se especifica que parte del edificio podría quedar en pie, la que no invade dominio público, en el caso de que la administración contara con alguna herramienta urbanística. Para ello, los servicios jurídicos municipales argumentaron que el Plan Especial de Las Teresitas está ya aprobado, aunque de forma inicial. El hecho de que dicho plan no esté aprobado de manera definitiva y que su aprobación no dependa únicamente del Consistorio, llevaron al Juzgado a rechazar dicho recurso.

Sobre la falta de planeamiento, Astor Landete aclara: "Los tribunales han constatado que no se cumplen los condicionamientos establecidos por el Tribunal Supremo para el mantenimiento de la edificación, por lo que procedía su inmediata demolición". "Si ello no fuera así no se podría entender que el propio Ayuntamiento ordenara la demolición de obras realizadas por particulares fuera de ordenación que no fueran legalizables. Corresponde a las autoridades y a los ciudadanos cumplir las resoluciones judiciales firmes y a los jueces cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el uso y disfrute de los bienes públicos por medio de sus sentencias".

En ese sentido, recuerda: "El incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes constituye un delito de desobediencia, tipificado y sancionado en el artículo 556 del Código Penal con pena de prisión".

El presidente de la Audiencia también entra a valorar uno de los argumentos utilizados por los detractores de que se tire abajo el mamotreto, pues estos se agarran a que su construcción supuso una inversión pública de ocho millones de euros. Al respecto, Astor Landete considera que "una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguarda corresponde al Ayuntamiento". "La demolición de una edificación ilegal constituye la restauración de la legalidad perturbada y en nada perjudica al espacio público de Las Teresitas, sino a los infractores y a los que por acción u omisión la permitieron y se pretendían beneficiar con ello, en un momento en que una de las principales lacras denunciadas por la ciudadanía es la corrupción urbanística. El Ayuntamiento deberá encontrar una ubicación alternativa dentro de los terrenos disponibles, para colocar allí los aparcamientos, con respeto de la legalidad vigente".

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