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El Congreso aprueba la reforma de la estiba

El Gobierno consigue los votos a favor de Ciudadanos y PNV, y la abstención del PDeCat

18.05.2017 | 13:02
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.

El Congreso ha aprobado este mediodía la reforma del sector de la estiba, que liberaliza la contratación de estibadores. La votación ha finalizado con 174 síes por parte de parlamentarios del PP, Ciudadanos, PNV y Foro; 168 noes - PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, EH BilduCC y NC; y 8 abstenciones del PDeCat. Así, los sindicatos ya han anunciado ocho jornadas de huelga para los lunes, miércoles y viernes, en horas impares, a partir del próximo 24 de mayo.

El Gobierno ha acatado así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que falló en diciembre de 2014 que el sistema español era contrario a la legislación europea al obligar a las nuevas empresas a participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y a contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por Sagep.

La sesión se ha desarrollado con algunos incidentes. La presidenta del Congreso, la antigua ministra de Fomento Ana Pastor, ha tenido que desalojar la zona de invitados en la que se encontraban los representantes sindicales, quienes protestaron durante el discurso del representante del PP Miguel Barrachina, que fue interrumpido en numerosas ocasiones.

Ya la Cámara Baja rechazó el primer decreto ley presentado en el mes de marzo al entender que no había consenso con los agentes sociales y empresariales. En esta ocasión, Ciudadanos, PNV y PDeCat han cambiado su voto para sacar adelante la nueva normativa, que, entre otras cosas, recoge la creación de centros portuarios de empleo, que regulará la contratación de trabajadores, o la obligatoriedad de que los nuevos empleados acrediten un certificado de profesionalidad o cien jornadas de trabajo en la manipulación de mercancías en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

La mayoría de los grupos han reconocido que el nuevo decreto ley recoge alguna de las peticiones realizadas por empresarios y sindicatos, pero que sigue sin contar con el apoyo de todas las partes. Por su parte, el Gobierno volvió a recordar que el Estado ya acumula una multa de 24 millones de euros y que "está al caer" una segunda sentencia que incrementaría esta sanción en 134.000 euros diarios si no se aprobaba el decreto ley.

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