25 de marzo de 2017

Los fiscales también rechazan trasladar la Ciudad de la Justicia a El Sobradillo

Los representates del Ministerio Público se unen a magistrados, jueces y abogados, que se oponen al proyecto del Gobierno canario al estar "muy alejado de la ciudad"

28.03.2017 | 05:05
Los fiscales también rechazan trasladar la Ciudad de la Justicia a El Sobradillo

El proyecto del Gobierno de Canarias para construir un Campus o Ciudad de la Justicia para el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife en El Sobradillo va sumando detractores casi a la misma velocidad con la que la Consejería regional de Presidencia, Justicia y Seguridad va dando a conocer su propuesta. Al rechazo expresado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que aglutina a una amplísima mayoría de los magistrados y jueces de la capital tinerfeña, se unió luego la oposición refrendada por votación de los letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) y, ayer mismo, la Fiscalía Provincial ha sido la última en censurar por "unanimidad" la construcción de la citada infraestructura en El Sobradillo.

Según un comunicado de la Fiscalía Provincial, "todos los fiscales se oponen" al traslado de todas las sedes, órganos, dependencias judiciales y servicios comunes a más de 10 kilómetros de la ciudad. Con los fiscales se adhirieron 32 funcionarios adscritos a la Secretaría de la Fiscalía Provincial que, tras reunirse con la fiscal jefe, Carmen Almendral, así se lo transmitieron. Solo dos funcionarios, se manifestaron a favor del plan que defiende el Ejecutivo regional y que respalda el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía ha advertido de que la Ciudad de la Justicia se construiría "en un lugar muy alejado y muy separado de la ciudad", a unos 10 kilómetros, "con malas comunicaciones" tanto con el casco de la capital como con el resto de la Isla, "con los perjuicios que ello ocasiona a todos los ciudadanos y a los profesionales de todo tipo que acuden a diario a las instalaciones del Palacio Judicial desde cualquier punto de la provincia".

Otros emplazamientos

En opinión de los fiscales, la Consejería de Presidencia y Justicia "no ha valorado en profundidad" otros posibles emplazamientos mucho más cercanos a la actual ubicación del Palacio de Justicia en Cabo Llanos, "con mejores comunicaciones y que gozarían de suficiente edificabilidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la Administración de Justicia en la provincia". Además, la Fiscalía Provincial asegura que "no entiende la extremada celeridad con la que se ha adoptado y dado publicidad a una decisión tomada sin apenas consultar a la totalidad de los operadores jurídicos, muchos de los cuales ya se han manifestado en contra del proyecto aprobado" en una parcela de El Sobradillo.

Por su parte, la AJFV fue la asociación que abrió la veda opositora de los colectivos que conforman los distintos agentes judiciales. Así, expresó su "malestar" por la decisión de la Consejería de ubicar la futura sede del partido judicial capitalino en El Sobradillo a la vez que ha requerido que se convoque a la comisión mixta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Gobierno de Canarias para debatir este asunto.

La asociación judicial afirma que la Consejería de Justicia ha hecho caso omiso a la petición que diferentes agentes judiciales le hicieron llegar para que paralizara el proyecto antes de hacerlo público. En este sentido, los magistrados y jueces de esta asociación mayoritaria de la judicatura criticaron que el consejero de Justicia, José Miguel Barragán, tomara la iniciativa de anunciar el proyecto el pasado jueves en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, "a sabiendas de que los distintos operadores jurídicos habían comenzado a convocar a sus integrantes para adoptar una posición ante la inusitada e injustificada rapidez con la que se pretendía dar carpetazo a una cuestión tan trascendental".

Los magistrados reprochan que la decisión se adopte tras más de una década de "olvido y absoluta falta de iniciativa real"por parte de la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad y sin que el actual consejero, José Miguel Barragán, haya visitado la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife.

La necesidad de una infraestructura acorde al volumen de trabajo, de órganos judiciales y de servicios que presta la Administración de Justicia en la capital tinerfeña, es un problema que lleva enquistado desde hace más de una década. Durante ese tiempo se han barajado diferentes opciones existiendo, incluso, para una de las parcelas -ahora "imposibles" para el proyecto- en Cabo Llanos, un proyecto de Ciudad de la Justicia presentado en 2008, aunque fue descartado en 2012, por su elevado coste. Dicho proyecto fue realizado por el estudio Correa & Estévez, que diseñó un inmueble de 27 pisos y un coste total de obra de 118 millones de euros.

Los jueces agrupados en la AJFV le han recordado al Gobierno de Canarias que tanto el Colegio de Abogados como la Junta de Fiscales rechazaron, desde el pasado día 22 de marzo, la opción de El Sobradillo, y le han hecho constar a la Consejería de Justicia que también había sido rechazado por la junta de jueces del partido judicial de Santa Cruz y de la Audiencia Provincial.

Una posición de rechazo que también fue adoptada por la sección territorial de la AJFV en el transcurso de una reunión celebrada el pasado martes día 21.

Esta asociación judicial ha manifestado que el rechazo no se produce por "mera inercia conservadora" frente a un simple cambio de ubicación, sino que entiende que se ha tomado con "argumentos de peso, que parecen no interesar a quien debe tomar tan importante decisión y que merecen, al menos, una discusión entre todas las partes interesadas".

En opinión de la AJFV, "no es razonable" que el consejero José Miguel Barragán, "no haga caso a la petición de llevar a cabo un debate sereno y fundado como le han propuesto realizar los colectivos con los que tiene que relacionarse y que son los que mejor conocen las necesidades y particularidades que debe reunir el lugar destinado a ser futura sede judicial.

La AJFV también ha criticado el "protagonismo" que ha cobrado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una decisión que "excede de sus competencias" y rechaza que en la rueda de prensa en la que se anunció la nueva ubicación del edificio judicial no estuviera presente ningún operador jurídico "lo que da muestras de la soledad de la decisión y de su carácter claramente unilateral". De este modo, la asociación advierte de que esta decisión, como todo acto de la administración, requiere de un procedimiento previo, en el que se dé adecuada satisfacción a los principios de audiencia, información y transparencia, siendo evidente que su incumplimiento puede ser objeto del procedente control tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

La AJFV ha anunciado que continuará desplegando toda la actividad necesaria para intentar reconducir la situación creada.

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