03 de enero de 2017
03.01.2017

El Consistorio insiste en el "diálogo sin paros" para alcanzar acuerdos

Arteaga asegura que hay nuevas reivindicaciones de una parte del sector, que se debatirán con todo el colectivo una vez que este desconvoque las movilizaciones

03.01.2017 | 01:52

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha insistido ayer en que mantiene su voluntad de dialogar sobre cualquier propuesta que formulen los profesionales del taxi sin la amenaza de paros y movilizaciones, como las fijadas para esta misma semana por algunas asociaciones del sector. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, señaló que "se mantienen las puertas abiertas para seguir cerrando acuerdos desde el diálogo y sin presiones".

Las nuevas reivindicaciones transmitidas en la mañana de ayer, lunes, por algunas de las asociaciones del taxi del municipio "solo serán tenidas en cuenta cuando se desconvoquen movilizaciones" como la que estaba anunciada para la misma tarde de ayer, para hoy y mañana, "que lo único que consiguen es incomodar tanto a vecinos y visitantes como empresas y empleados del comercio, en unas fechas y horas clave para todos ellos", agregó.

Arteaga señaló que "no se pueden pedir cosas nuevas", como hicieron ayer, "sin sentarse siquiera a hablar con el Ayuntamiento, en una postura con la que solo tratan de justificar lo injustificable, suponiendo un perjuicio enorme para la ciudad. En la mano de los representantes de estas asociaciones está evitar molestias innecesarias a la ciudadanía y ver materializado lo que el sector ya tiene comprometido con el Ayuntamiento".

En este sentido, el concejal recordó la voluntad intacta del Consistorio "para cerrar acuerdos desde el diálogo y con la presencia de todas las asociaciones del sector. Diseñamos un calendario con todos sus representantes, durante los próximos meses, y muestra de ello fue la reciente decisión de la Junta de Gobierno, al aprobar las bases reguladoras de la subvención para el fomento de la actividad del taxi adaptado y su uso por personas con movilidad reducida".

"Para ello, se habilita en el Presupuesto municipal una partida de 60.000 euros para la adaptación de nuevos vehículos, junto a otra de 9.000 euros para los que ya están adaptados y prestan ese servicio en Santa Cruz", añadió.

Además, el edil afirmó que "si algo nos caracteriza es la disposición al diálogo con el sector, al que no hemos dejado de mostrar nuestro apoyo en todas sus reivindicaciones. Prueba de ello es el grado de acuerdo alcanzado en todos los puntos importantes que abordamos en la reunión del 22 de diciembre, como se recoge en el acta firmada por el secretario general del Consistorio, presente en la misma".

Del mismo modo, Arteaga consideró que con las peticiones que incorporan las asociaciones convocantes "se incumplirían determinados procesos administrativos y este Ayuntamiento no va a incurrir en ninguna irregularidad y se mantendrá firme en la hoja de ruta establecida, aunque prevalezcan las medidas de presión anunciadas".

Rescate de licencias

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en el pleno municipal del pasado día 23 dedicar dos millones de euros al rescate de 71 licencias. De esa cantidad, 1,1 millones de euros los aporta directamente el Consistorio, mientras que los 900.000 restantes proceden del Cabildo. Además, el compromiso municipal pasa por rescatar otras 71 licencias en 2018 y concluir todo el proceso en 2019, con las restantes hasta alcanzar la ratio de 732 licencias. "Ninguna administración pública en todo el territorio nacional destina esa cantidad de dinero a esa finalidad, ni tampoco ha mostrado el apoyo hacia el sector del taxi que ha tenido el Ayuntamiento de Santa Cruz", insistió Arteaga.

En cuanto a la modificación de la tarifa urbana, que compete a la Comunidad Autónoma, la posición del Ayuntamiento coincide con la pretensión de todo el sector para que los taxistas de la capital sean tratados igual que los del resto de la isla. En ese sentido, el Consistorio intentará alcanzar dicho objetivo siendo escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad vigente, sin excluir la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que el Gobierno de Canarias no atienda tal solicitud.

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