01 de diciembre de 2016
Caso Las Teresitas

La fiscal pide una sentencia condenatoria en el Caso Las Teresitas que devuelva la confianza en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

María Farnés Martínez pide ocho años de cárcel para Miguel Zerolo y para el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo, y cuatro para el resto de los acusados

01.12.2016 | 23:46
Juicio por el ´caso Las Teresitas´
Juicio por el Caso Las Teresitas

La fiscal del caso de Las Teresitas, María Farnés Martínez, ha concluido su alegato en la vista oral del juicio pidiendo al tribunal que, con una sentencia condenatoria, devuelva al pueblo de Santa Cruz de Tenerife la confianza en su Ayuntamiento, "totalmente quebrantada" por el fraude cometido por unas personas que lo tomaron como su finca particular.

"Solo un tribunal penal puede poner las cosas en su sitio", tras un pelotazo urbanístico en el que políticos y funcionarios municipales dirigidos por el exalcalde Miguel Zerolo delinquieron para que dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, obtuvieran un beneficio de 120 millones de euros, relató la fiscal.

María Farnés Martínez ha empleado nueve horas en exponer sus conclusiones finales, en las que pide ocho años de cárcel para Miguel Zerolo y para el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo, y cuatro para cada uno de los dos empresarios, el exportavoz del PSOE Emilio Fresco, el exportavoz del PP José Emilio García Gómez, y los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín (gerente), José Luis Roca (interventor delegado) y Víctor Reyes (secretario delegado).

También demanda al tribunal indemnizaciones conjuntas y solidarias de los acusados al Ayuntamiento por un total de 48 millones de euros.

Las acusaciones son de malversación de fondos públicos y prevaricación, ya que las irregularidades que apuntaban al cohecho "no tienen la fuerza suficiente" para incorporarlas a la causa, expuso la fiscal.

Recordó que Zerolo "estuvo meses subsistiendo" sin necesidad de utilizar sus cuentas ni tarjetas bancarias y que de las cuentas de los empresarios se retiraron sin justificación cerca de 20 millones de euros.

Puede parecer absurdo que un Ayuntamiento oriente toda su actuación para pagar por unos terrenos tres veces más de su valor y favorecer un gran negocio a dos empresarios en lo que constituye "un pelotazo urbanístico de libro", como lo definió el interventor del Ministerio de Hacienda, pero eso es lo que ocurrió, dijo la fiscal.

"La confianza de los ciudadanos en la honrada gestión de los fondos públicos fue traicionada por políticos y funcionarios de acuerdo con empresarios", y para ello manipularon informes y expedientes y ocultaron valoraciones de los terrenos favorables al Ayuntamiento, señaló.

Según el relato de la fiscal, en 1998 los dos empresarios compraron 103 parcelas en Las Teresitas, once en el frente de playa y el resto en la trasera, por 33 millones de euros.

La compra fue financiada con un crédito otorgado en condiciones anómalas por CajaCanarias, cuyos entonces presidente, Rodolfo Núñez, y director general, Álvaro Arvelo, recibieron pagos posteriores de los empresarios.

Tres años después, en 2001, justo cuando iba a vencer el periodo de carencia del crédito, los empresarios lo devolvieron gracias a que el Ayuntamiento, sin que hubiera ningún motivo que justificara un aumento en el valor de los terrenos, compró solamente once de las 103 parcelas, las del frente de playa, por 52,5 millones, en un proceso plagado de ilegalidades, de acuerdo con la fiscal.

Pero esos casi 20 millones de euros de diferencia en la compraventa no fueron el único beneficio para los empresarios, porque el Ayuntamiento recalificó para uso residencial el resto de las parcelas de la trasera de la playa que conservaron, lo que les permitió venderlas en 2006 a una filial de Mapfre por 92 millones de euros.

Todo ello, sumado a un aumento de la edificabilidad por valor de 9,1 millones de euros, permitió a los dos empresarios un beneficio total de más de 120 millones de euros, expuso la fiscal.

En todo ese tiempo, "no hay ningún indicio de que los empresarios tuvieran ninguna intención de construir en la playa", argumento esgrimido por Miguel Zerolo para justificar la compra.

"Tan arraigado estaba el sentimiento de corrupción" en el Ayuntamiento que el hecho de que una funcionaria cumpliera con su deber y no se plegase a sus superiores generase sospechas entre los acusados sobre los verdaderos motivos de su actuación, dijo la fiscal.

Se refería a la exarquitecta municipal Pía Oramas, quien valoró los terrenos en una tercera parte del precio pagado y se negó a validar las tasaciones ficticias promovidas por los acusados pese a sus presiones, de acuerdo con el relato del ministerio fiscal.

Para la fiscal, toda esta operación es una estafa al pueblo de Santa Cruz de Tenerife, porque no es una simple especulación, sino un engaño que ha culminado con el mayor perjuicio a las arcas municipales de la historia.

Es como si los acusados vendieran un edificio de cinco plantas sabiendo que solo tiene cuatro, con el añadido de que en este negocio el comprador sabía que pagaba cinco plantas por solo cuatro, ilustró la fiscal.

Por eso, en su opinión, los empresarios "no encontraron una mina de oro en las parcelas de la playa, pero sí en el Ayuntamiento", ya que "nada justifica un aumento tan brutal" del precio de los terrenos.

Durante su alegato, la fiscal Martínez pidió al tribunal que no aplique, como piden las defensas, la eximente de dilaciones indebidas en el caso, que se inició hace diez años.

Dado el número de acusados, la amplitud de la prueba y la cantidad de recursos presentados por las defensas más bien ha sido un éxito que se haya podido sustanciar con tanta rapidez y con una diligencia extraordinaria, afirmó.

"Se trata probablemente del caso de mayor envergadura de la historia judicial de Santa Cruz de Tenerife".

En la sesión de hoy también expuso sus conclusiones el letrado de la acusación popular, José Pérez Ventura, quien, al contrario que la fiscal, no ha levantado sus acusaciones contra los hijos de los empresarios, Pedro González y Carlos Plasencia.

A su juicio no actuaron como simples apoderados, sino que participaron en el proceso de toma de decisiones y en los momentos clave de la operación como parte de un clan empresarial familiar.

Al igual que la fiscal, Pérez Ventura pide ocho años de cárcel para Zerolo y Parejo, pero a diferencia de ella también reclama ocho años de prisión para los políticos Emilio Fresco y José Emilio García Gómez y para los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González, Carlos Plasencia y Pedro González.

Para el funcionario José Tomás Martín pide seis años de prisión, los mismos que para Víctor Reyes, y cinco para José Luis Roca.

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