10 de noviembre de 2016
'Caso Las Teresitas'

El tribunal rechaza un borrador que prefijaba el precio de los terrenos de Las Teresitas

Zerolo había declarado que a finales de junio de 2001 Ignacio González impuso como ultimátum al Ayuntamiento el precio de 8.750 millones de pesetas

10.11.2016 | 16:57
El tribunal rechaza un borrador que prefijaba el precio de los terrenos de Las Teresitas

El tribunal que juzga el caso de Las Teresitas ha rechazado este jueves 10 de noviembre incorporar como prueba un borrador del convenio de compraventa de los terrenos de la playa que indicaría que tanto el precio de la operación como la forma de pago estaba acordada antes de lo declarado por el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal acusado, Miguel Zerolo.

Zerolo había declarado que a finales de junio de 2001 el empresario Ignacio González impuso como ultimátum al Ayuntamiento el precio de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) por los terrenos, y que a partir de ahí dio instrucciones para ver la viabilidad legal y económica de la operación.

Pero, según el borrador del convenio de compraventa presentado por sorpresa por el exgerente de la Gerencia de Urbanismo, José Tomás en su declaración como acusado, el 19 de junio de 2001 ya figuraba por escrito no sólo el precio de la venta de las parcelas al Ayuntamiento, sino también la forma de pago, según la cual el 60% del importe se abonaría en el momento de la firma.

Pese a que, según José Tomás, este borrador fechado el 19 de junio y otro similar del 2 de julio demostrarían que el precio y la forma de pago se habían aprobado con anterioridad, el tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Astor Landete, no lo admitió como prueba, en contra de lo que solicitaban la fiscal, la acusación particular y el letrado del Ayuntamiento.

La defensa de Miguel Zerolo y de los dos empresarios que vendieron los terrenos al Ayuntamiento pidieron la inadmisión del borrador en la causa, entre otros motivos por considerar que no reunía garantías de autenticidad.

Landete determinó que ese documento "solo puede vincular a quien lo tiene", es decir, a José Tomás, y que para el tribunal el valor probatorio viene dado por lo manifestado por este en su declaración, así que se le devolvió el borrador y no se incorporó a la causa.

En su comparecencia, José Tomás sostuvo que todo el asunto de Las Teresitas era llevado "en primerísima persona" por el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, quien decretó la atribución del expediente al secretario delegado de la Gerencia, Víctor Reyes.

Explicó que él nunca tuvo noticia de que el Ayuntamiento se planteara más opción que la compra de los terrenos, a pesar de que oficialmente, tras el preacuerdo de enero de 2001, se contemplaban otras posibilidades para hacerse con el frente de playa, como la permuta de terrenos o el traslado de aprovechamientos.

Tomás reconoció que conocía el informe encargado por Parejo a la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que valoraba los terrenos en 18 millones de euros, pero señaló que la opinión unánime y "contundente" de los asesores jurídicos del concejal de Urbanismo y del jefe del servicio de planeamiento, Epifanio Gómez, era que los condicionantes en que se basaba "no tenían sustento".

También conocía que había otras dos valoraciones, en referencia a las de la Universidad Carlos III y la tasadora Pool Gest, ambos con precios similares a los de Oramas, pero nunca tuvo acceso a ellos ni sabía su contenido.

Cuando a partir de abril de 2001 se inicia el expediente para la compraventa, Parejo, según el testimonio de José Tomás, decide encargar una nueva tasación externa a Sociedad de Tasación, que concluye con una valoración de unos 47 millones de euros.

En junio se fija finalmente el precio de la venta en 52,5 millones de euros, pero como es superior al de la tasación, José Tomás consulta a Sociedad de Tasaciones si le parece razonable, pero la empresa se ratifica en los 47 millones.

Ningún funcionario de la gerencia quiso dar el visto bueno a esa valoración de los terrenos, dijo José Tomás, lo que comunicó al concejal de Urbanismo.

Parejo le encargó entonces, por indicación de Miguel Zerolo, que pidiera a CajaCanarias una actualización de la valoración de los terrenos realizada por Tinsa en 1998, en la que finalmente se situaba el precio en 60 millones.

Concluida la fase de las tasaciones, José Tomás, por encargo del secretario general del Ayuntamiento, redactó una memoria explicativa del convenio de compraventa en la que se limitó a resumir en un lenguaje entendible lo que ya figuraba en el expediente, sin manejar documentos originales, según señaló.

Tras José Tomás, compareció Víctor Reyes, entonces secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo y uno de los redactores del convenio, quien decidió responder solamente a las preguntas de su defensa.

Señaló que en todo momento actuó bajo las instrucciones del concejal de Urbanismo, quien desde enero de 2001 empezó a encargar estudios económicos de los terrenos que finalmente, por "una decisión política", serían comprados a los empresarios.

Víctor Reyes afirmó que tenía conocimiento de que existían dos informes de valoración de la Universidad Carlos III y de Pool Gest, así como trabajos de Pía Oramas sobre el planeamiento en la zona, pero desconocía su contenido.

Aseguró que fue Parejo quien decidió no incluir en el expediente ninguno de los tres informes y encargar nuevas tasaciones externas, a pesar de que él le recordó que había encargado otras anteriores, según declaró.

Parejo le contestó que si había que dar explicaciones por la no inclusión de los informes anteriores y por el encargo de nuevas tasaciones él las daría.

"No me consta que haya dado esas explicaciones", dijo Víctor Reyes al comentar que Parejo no mencionó la existencia de esos tres informes internos cuando finalmente el convenio fue presentado el 18 de julio a los representantes de los grupos políticos.

Reyes relató que el 11 de julio, en una reunión en la que estaban tanto el interventor general del Ayuntamiento como el secretario general, le encargaron a él y al funcionario Javier López Vergara, del área económica, un informe sobre las tasaciones que figuraban en el expediente, pero él solo participó asesorando en la parte urbanística, dijo.

Ese informe concluía que la valoración de Tinsa, por 60 millones de euros, era la más completa del expediente y que el precio de compraventa, 52,5 millones, estaba por debajo.

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