Un perito de las defensas acusa a los peritos judiciales de urdir una trama en el caso Las Teresitas

El proyecto de urbanización de Las Teresitas estaba vigente y que al tratarse de un terreno urbano se podían construir hoteles urbanos y no turísticos

19.10.2016 | 16:45
Juicio por el caso ´Las Teresitas´
Un perito de las defensas acusa a los peritos judiciales de urdir una trama en el caso Las Teresitas

Javier Domínguez Anadón, uno de los peritos designados por las defensas en el caso de Las Teresitas, ha acusado a los dos peritos judiciales nombrados por el juzgado de instrucción de haber "urdido una trama" y de manipular los datos con el objetivo de reducir en su informe la edificabilidad hotelera del frente de playa.

Esta acusación figura por escrito en el informe pericial de Domínguez Anadón sobre la valoración de los terrenos en 2001, cuando se produjo la compraventa, y el perito se ratificó en la misma durante la sesión de hoy del juicio oral, al ser preguntado por la fiscal del caso, María Farnés Martínez.

El informe de los dos peritos judiciales, Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, coincide con el de la exarquitecta municipal Pía Oramas en que el aprovechamiento hotelero en el frente de playa se reducía en el mejor de los casos a unas 1.500 plazas alojativas, y no a más de 4.600 como figuraba en el plan parcial de Las Teresitas.

Oramas valoró en 2001 los terrenos que vendieron al Ayuntamiento los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en unos 18 millones de euros, en un informe que, según la acusación, no fue tenido en cuenta por el consistorio, que pagó 52 millones.

Por esta presunta malversación de fondos públicos y prevaricación se sientan en el banquillo los dos empresarios y dos de sus hijos, así como el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo, los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y funcionarios municipales, hasta un total de trece acusados.

Los peritos judiciales coincidieron con la valoración de los terrenos realizada en su día por Pía Oramas y por la Universidad Carlos III y defendieron que sólo se puede evaluar el precio de los terrenos si se tienen en cuenta los condicionantes técnicos y legales para su aprovechamiento urbanístico, así como la viabilidad económica de los negocios hoteleros que se pretendían en el frente de playa.

En contra de la opinión de los peritos de las defensas, los peritos judiciales consideraron que el suelo era urbano no consolidado, que el proyecto de urbanización nunca fue aprobado y que los hoteles proyectados estarían afectados por los estándares turísticos establecidos por el Gobierno de Canarias, así como por la Ley de moratoria turística.

El decreto de estándares turísticos fijaba que por cada plaza alojativa tenía que haber una parcela neta de 60 metros cuadrados, con lo cual en la superficie disponible sólo cabían 1.500 plazas, en lugar de las 4.600 previstas.

Los peritos hicieron además un estudio económico asignando una superficie construida de 45 metros cuadrados por cama, lo que reduciría la máxima superficie edificable hotelera a 67.000 metros cuadrados, en vez de los 163.000 del proyecto.

Estos cálculos de los peritos judiciales, en los que coincide Pía Oramas en líneas generales, son los que llevaron a que el perito de las defensas Domínguez Anadón pusiera por escrito en su informe que sus colegas habían "urdido una trama" para reducir la edificabilidad.

En primer lugar, Domínguez Anadón aseguró que el proyecto de urbanización de Las Teresitas estaba vigente, aprobado por silencio administrativo, y que al tratarse de un terreno urbano se podían construir hoteles urbanos y no turísticos, por lo que no serían aplicables los estándares para edificaciones turísticas.

"Hay una merma de 108.985 metros cuadrados" en la edificación según el informe de los peritos judiciales, que han utilizado un criterio de 45 metros cuadrados de forma arbitraria, sostuvo Domínguez Anadón.

Con el mismo criterio se manifestaron los peritos de las defensas Jordi Dutatis, Joaquín Jalbo y Gerardo Roger, para quienes el proyecto de urbanización estaba aprobado por silencio administrativo y no eran de aplicación los estándares turísticos que limitan el número de plazas.

Los peritos de las defensas negaron la incidencia de la Ley de moratoria de 2001 sobre los hoteles proyectados en las once parcelas del frente de playa, porque iban a ser hoteles urbanos, y sostuvieron que por tanto no restaba valor a los terrenos.

Sin embargo, según Pía Oramas, los hoteles no podían considerarse urbanos sino turísticos y la moratoria impedía nuevas construcciones durante tres años de hoteles de menos de cinco estrellas.

Incluso los de cinco estrellas habrían sido inviables en Las Teresitas porque la normativa a partir de octubre de 2001 estableció una superficie adicional mínima de 18 metros cuadrados de jardines por cada una de las 4.600 plazas previstas, dijo.

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