Caso Las Teresitas

Los concejales no fueron informados de la tasación municipal del frente de playa

Los informes favorables del interventor y del secretario general fueron en general suficientes para que estos concejales votaran a favor

26.09.2016 | 17:21
Juicio por el ´caso Las Teresitas´

Ninguno de los nueve exconcejales de CC y PP del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que testificaron hoy en el juicio del caso de Las Teresitas, que votaron a favor de comprar el frente de playa por 52 millones de euros, recuerda haber sido informado de la existencia de una tasación municipal de los terrenos por 19 millones.

Esa tasación, realizada por la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, no fue incluida en el expediente de compraventa, y los concejales que testificaron hoy admitieron no recordar su existencia, aunque algunos dijeron que sólo supieron de ese informe posteriormente, por las informaciones de los medios de comunicación.

Norberto Plasencia (CC), Ilda López (CC), Rosario Pino (CC), Emilio Atienza (CC), Hilario Rodríguez (CC), José Adrián García Rojas (PP), María José Gutiérrez Pajarón (PP) y David Sanz Cortés (PP primero y luego grupo mixto) coincidieron en sus testimonios en recordar pocos detalles de aquella operación, aunque eran conscientes de su gran trascendencia política y también de su relevancia económica para las arcas municipales.

Los informes favorables del interventor y del secretario general fueron en general suficientes para que estos concejales votaran a favor, ya que ninguno examinó el expediente en detalle, alguno ni siquiera lo consultó y no recordaban exactamente las tasaciones alternativas incluidas en el acuerdo municipal que aprobaron.

Tampoco recordaban si había otras opciones para el Ayuntamiento, además de la compra de los terrenos, para evitar la edificación en la playa.

Por el presunto pelotazo de Las Teresitas se sientan en el banquillo trece acusados, entre ellos el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo, el exportavoz del PSOE Emilio Fresco, el exportavoz del PP José Emilio García Gómez y los empresarios que vendieron los terrenos del frente de playa al Ayuntamiento, Antonio Plasencia e Ignacio González.

En el acuerdo del pleno en el que los 27 concejales de la corporación votaron a favor de la compra de los terrenos, celebrado el 23 de julio de 2001, figuraban tres tasaciones, ninguna de ellas la de Pía Oramas, y todas externas al Ayuntamiento: una por unos 72 millones de euros, otra por unos 60 millones y la tercera, encargada por la gerencia de urbanismo, por 46 millones.

La entonces concejal del PP María José Gutiérrez Pajarón fue la única que testificó con seguridad que no fue informada de la existencia de esa tasación municipal, mientras que los demás dijeron no recordar haber sido informados.

El entonces concejal de obras y servicios, Norberto Plasencia (CC), dijo que recuerda de la compra de los terrenos que el expediente, que solamente "miró por encima", contaba con informes favorables del secretario y del interventor del Ayuntamiento y que no había por tanto dudas de su legalidad, además de que había fondos para llevar a cabo la compra.

Norberto Plasencia no recordaba las tasaciones alternativas que estaban en el expediente, una de las cuales, la encargada por urbanismo, era inferior al precio de compra, ni si en un pleno de enero de 2001 se había tratado la posibilidad de cambiar aprovechamientos urbanísticos como alternativa a la compraventa.

Ilda López (CC) explicó que votó a favor de la compra del frente de playa porque "el expediente era limpio y perfecto", se trataba de una operación buena para la ciudad y además "el precio era adecuado y razonable", o al menos "eso era lo que decía todo el mundo y en lo que estaban de acuerdo todos".

María del Rosario Pino (CC) tampoco recordaba que se hubieran planteado otras opciones a la compra del frente de playa o que hubiera tres tasaciones en el acuerdo aprobado, y en cuanto al precio que se pagó no sabía si era o no elevado porque no entiende de esas materias, pero le dijeron que era correcto.

"La memoria es selectiva, solo recuerdo los datos relevantes", dijo la concejal para explicar por qué tampoco recordaba quién fue, dentro del equipo de gobierno, quien explicó el expediente al resto de ediles de CC antes del pleno.

Precisó que votó a favor para favorecer el bien común porque a su juicio se trataba de una solución para la playa magnífica y legal y había suficiencia económica para acometerla.

Emilio Atienza (CC) tampoco recordaba detalles, solo que "el expediente era impoluto" con todos los informes favorables. No se planteó si el precio era caro o barato porque no tiene criterio sobre ese tipo de valoraciones.

Hilario Rodríguez (CC), quien reconoció que el urbanismo no es "su fuerte", echó una ojeada al expediente el mismo día del pleno, vio que había dos o tres tasaciones que los técnicos habían hecho suyas y que todos los informes eran favorables.

A diferencia de sus compañeros, sí recordaba que Manuel Parejo, entonces concejal de urbanismo, era quien llevaba la dirección política del expediente.

Por el PP, el entonces concejal José Adrián García Rojas tampoco recordaba las valoraciones ni si había alternativas a la compra, pero tras ser informado del expediente por el portavoz de su grupo, el acusado José Emilio García Gómez, votó a favor porque había un acuerdo político en el PP para evitar la construcción en el frente de playa.

María José Gutiérrez Parejo (PP), quien reconoció que votó a favor de la operación "sin ver el expediente físicamente", también recordaba que fue García Gómez quien explicó al resto de concejales del PP los pormenores de la operación, así como que la compra de los terrenos era la única opción viable.

"Se había escogido la valoración más ajustada" entre las tasaciones y se había negociado con los empresarios para rebajar el precio, según les transmitió García Gómez, pero la concejal no recuerda quién en el Ayuntamiento negoció eso.

El testigo David Sanz Cortés, quien fue elegido concejal por el PP pero ya se había pasado al grupo mixto y que mantiene negocios en común con el empresario Antonio Plasencia, uno de los acusados, votó a favor de la compra porque "se nos decía que era beneficioso para la ciudad", aunque no pudo identificar quién se lo decía.

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