La Opinión de Tenerife

Pérez y Martín, denunciantes del 'caso Las Teresitas', declaran hoy en el juicio

Los dos políticos montaron un colectivo (Ínsula Viable) para llevar en 2005 las presuntas irregularidades de la operación de la playa a la Fiscalía al margen de su partido, el PSOE

12.09.2016 | 02:47
Pérez y Martín, denunciantes del 'caso Las Teresitas', declaran hoy en el juicio
Pérez y Martín, denunciantes del 'caso Las Teresitas', declaran hoy en el juicio

Dos de los miembros del colectivo Ínsula Viable, que denunció el caso Las Teresitas, los políticos Santiago Pérez y José Ángel Martín Bethencourt, inician esta mañana la ronda de declaraciones en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife del proceso que juzga desde el pasado viernes a 13 personas -entre políticos, empresarios y funcionarios- por presunta corrupción en la operación de los terrenos de la playa chicharrera. Ambos declararán como testigos.

Ínsula Viable fue una asociación montada, entre otros, por Pérez y Martín exclusivamente para llevar a la Justicia la compraventa de los lotes de terrenos de Las Teresitas. En el momento en el que este colectivo presentó la denuncia, el 30 de junio de 2005, habían pasado ya más de cuatro años desde que se hizo la operación. Tanto Santiago Pérez como José Ángel Martín Bethencourt eran en ese momento integrantes del PSOE tinerfeño pero decidieron presentar la denuncia amparados en un colectivo independiente pues los socialistas santacruceros habían apoyado en 2001 que el Ayuntamiento comprara esos terrenos a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, un movimiento que centra las presuntas irregularidades del caso pues la Fiscalía Anticorrupción entiende que el Consistorio pagó mucho más dinero por esos solares que su precio real para beneficiar presuntamente a los mencionados empresarios.

José Ángel Martín Bethencourt sigue hoy en el PSOE. De hecho, el pasado mandato fue concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y uno de los principales impulsores de la demanda civil, que se desarrolla paralelamente a la penal, por la que el Ayuntamiento chicharrero reclama a Plasencia y González que devuelvan el dinero que recibieron en 2001 al defender que gran parte de los terrenos eran de titularidad municipal y, por lo tanto, el Consistorio no debía haberles entregado cantidad alguna por ellos. El Gobierno municipal actual, con José Manuel Bermúdez (CC) al frente, entiende en ese proceso civil que el equipo de 2001 no defendió supuestamente los derechos de los ciudadanos de la capital.

Bethencourt no ocupaba ningún cargo público cuando puso su firma en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, en nombre de Ínsula Viable, del que dijo en su momento que no era afín a ningún partido político. Pero nadie duda de que aquella asociación había sido constituida por militantes del PSC, como los propios Pérez y Bethencourt, quienes alegaron haber asistido atónitos a los supuestos tejemanejes que dieron con la compra de los terrenos de Las Teresitas a los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT) con dinero público.

En la actualidad, Martín Bethencourt está en la oposición en la administración santacrucera por el partido de la rosa. Santiago Pérez, por su parte, ya no forma parte del PSOE, sino que es concejal de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna en las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC). Santiago Pérez ha sido desde aquella operación de compraventa de los terrenos de San Andrés uno de los políticos más críticos con esta maniobra que la Justicia juzga por presuntas irregularidades que perjudicarían al erario público.

La Audiencia Provincial juzga a 13 personas que la Fiscalía cree que actuaron para beneficiar a los empresarios de Inversiones Las Teresitas, estos también entre los acusados. Los que se sientan en el banquillo son: Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz cuando se produjo la operación y para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos; Manuel Parejo, que era concejal de Urbanismo y para el que la fiscalía pide también 8 años de prisión; Emilio Fresco, exedil del PSOE; José Emilio García Gómez, exedil del PP; los empresarios de ILT Antonio Plasencia e Ignacio González; sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia; José Tomás Martín, exgerente de Urbanismo; y los funcionarios municipales Víctor Reyes, José Eugenio Zárate, Antonio Messía y José Luis Roca.

Los hechos principales se remontan a junio de 1998, cuando Inversiones Las Teresitas es constituida por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. En sólo 48 horas consiguen un préstamo de 33 millones de euros de CajaCanarias. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos a la Junta de Compensación que representaba a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad, incluido el apoyo de los concejales socialistas y del PP de entonces, un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Huertas. En total, los empresarios obtienen decenas de millones de euros de beneficios sin mover un ladrillo. Anticorrupción entiende que el dinero que pagó el Consistorio está muy por encima del valor real de los terrenos.

También declarará como testigo hoy en el Palacio de Justicia el empresario y expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, que dirigía la entidad bancaria cuando ésta dio el visto bueno a la concesión de un crédito a ILT por 33 millones de euros, crédito que fue cuestionado por el Banco de España.

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