La Opinión de Tenerife

José Ángel Martín: "La denuncia no se presentó antes porque carecíamos de información suficiente"

Martín fue en 2005 uno de los denunciantes del caso por medio del colectivo Ínsula Viable

12.09.2016 | 16:15
José Ángel Martín: "La denuncia no se presentó antes porque carecíamos de información suficiente"
José Ángel Martín: "La denuncia no se presentó antes porque carecíamos de información suficiente"
José Ángel Martín: "La denuncia no se presentó antes porque carecíamos de información suficiente"

El magistrado Joaquín Astor, que preside el tribunal de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que juzga el "caso de Las Teresitas", ha recriminado, en la sesión celebrada este lunes, la actuación de los abogados de la defensa, tanto por el contenido de las preguntas como por su reiteración.

Durante la segunda sesión del juicio que se sigue contra los trece acusados en este caso por un presunto "pelotazo", por el cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró terrenos en la playa de la ciudad por 53 millones de euros en 2001, Astor recriminó a los letrados de las defensas por preguntar reiteradamente por las discrepancias en el PSOE respecto a si apoyar o no la compra de los terrenos.

Varios de los abogados insistieron en demostrar que si bien desde la dirección insular del PSOE se quería imponer el voto en contra el grupo municipal, cuyo portavoz era Emilio Fresco, uno de los acusados, mostró un apoyo unánime a la compra.

El magistrado además recordó a los letrados que las pruebas son los que cuentan para dirimir la culpabilidad o inocencia, y no la opinión que un testigo pueda tener, en esta sesión en la que el tribunal, en su inicio, rechazó las peticiones de nulidad planteadas por las defensas.

El primero en declarar como testigo ha sido José Ángel Martín, quien en 2005 fue uno de los denunciantes por medio del colectivo Ínsula Viable, y quien posteriormente fue concejal, de Urbanismo en el pasado mandato.

Durante su declaración varios abogados quisieron saber los motivos por los que a pesar de que cuando el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó comprar los terrenos, en 2001, su partido en la isla se oponía a esa adquisición, la denuncia no se presentó hasta 2005.

Martín explicó que la denuncia no se presentó antes porque carecían de información suficiente como para hacerlo, e insistió en que a juicio de los denunciantes la expropiación de los terrenos hubiera sido un procedimiento más barato para adquirir los terrenos.

Así mismo, indicó que en el tiempo en el que fue concejal de Urbanismo se impulsó la reclamación del dinero a los empresarios y la devolución de las parcelas a éstos.

En esta sesión también ha declarado Justo Menéndez, otro de los denunciantes, quien manifestó que la información para presentar la denuncia les llegó de militantes en un momento en el que había un "hervidero" de informaciones, y agregó que de la compra de los terrenos no se supo hasta que se produjo el acuerdo municipal.

La declaración del testigo José Ángel Martín se prolongó durante más de dos horas, lo que determinó que el presidente del tribunal aplazara las declaraciones previstas de Santiago Pérez, otro de los denunciantes, y Rodolfo Núñez, quien era entonces presidente de CajaCanarias, que fue la entidad que dio el crédito a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para la compra de los terrenos.

En este juicio está acusado el entonces alcalde de la ciudad y después senador por la Comunidad Autónoma, Miguel Zerolo, de CC, para quien el Ministerio Fiscal pide ocho año de prisión.

Esa misma pena pide el Ministerio Fiscal para el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), mientras que reclama cuatro años para los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).

Cuatro años de cárcel reclama el Ministerio Fiscal para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.

La Fiscalía Anticorrupción solicita asimismo cuatro años para el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, así como para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.

La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.

A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

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