La Fiscalía investiga a Zerolo y Llanos por ceder a una empresa el cobro de tributos

El Ministerio Público considera que podrían haber cometido un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos - También se investiga la actuación del empresario Félix Marrero

03.07.2016 | 02:00
Cierre definitivo de las oficinas de General Antequera, donde se pagaban los impuestos.
Cierre definitivo de las oficinas de General Antequera, donde se pagaban los impuestos.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una denuncia contra el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo, el exconcejal de Hacienda Ángel Llanos y el responsable de la empresa que se hacía cargo de la recaudación de impuestos en el municipio, Félix Marrero, debido a que considera que podrían haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos al consentir que el servicio municipal de recaudación de tributos en periodo voluntario continuara en manos de una empresa privada, la de Félix Marrero. Según el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, "a los fines de la investigación se propone la práctica de las siguientes diligencias de prueba: Que se reciba declaración, con las garantías previstas en los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a Miguel Zerolo, Ángel Llanos y Félix Marrero".

El motivo por el que serán llamados a declarar a partir del próximo septiembre -según las fuentes consultadas por este periódico, el caso ya se encuentra en el Juzgado de lo Penal número 5- se debe a que el servicio de recaudación de impuestos en periodo voluntario de Santa Cruz se mantuvo en manos privadas pese a que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y la empresa era nulo de pleno derecho desde el momento en el que se rubricó.

Al hecho de que no fuera legal que una empresa privada se encargara de la recaudación se suma la existencia de una sentencia de 2002 en la que el Tribunal Supremo declaraba nula dicha relación contractual, es decir, a partir del 2002, el Consistorio tendría que haber puesto fin al contrato que había firmado en 1992 con la empresa de Marrero para que esta se hiciera cargo de la recaudación de los tributos municipales.

Gestión externa

En enero de 1992, el pleno de Santa Cruz acordaba, con carácter provisional, la contratación directa y urgente de los servicios de un recaudador para la gestión y el cobro en periodo voluntario de los impuestos municipales. Dicho contrato se formalizó un mes más tarde, en febrero de ese mismo año. No obstante, en el contrato figuraban una serie de cláusulas en las que se establecía que dicha relación contractual sería provisional -en concreto, finalizaría cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo resolviera el recurso y cuantos pudieran interponerse contra el concurso para la contratación de un recaudador-, y también cuáles eran las funciones del recaudador y la forma de pagarle.

Así, en la denuncia de Fiscalía se especifica que "de acuerdo con la cláusula tercera del referido contrato, el contenido del mismo abarcaría el cobro de todos los valores en periodo voluntario y la gestión administrativa de la recaudación voluntaria (notificaciones, depuraciones de padrones, emisión de recibos y liquidaciones). La forma de pago consistía en un premio de recaudación, en función del logro de los porcentajes de recaudación fijados en el contrato (un premio de un 4% sobre los ingresos recaudados si no superan el 50% del cargo líquido y un 5% si la recaudación supera dicho porcentaje)".

Entre 1993 y 1999, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, primero, y el Tribunal Supremo, después, resolvieron el recurso presentado contra el concurso convocado por el Ayuntamiento para contratar al recaudador. Al respecto, ambos órganos judiciales consideraron que, "en ningún caso, era posible la adjudicación de la función recaudatoria a persona privada".

El hecho de que el empresario recurriera estas decisiones judiciales dio lugar a dos nuevas sentencias: una del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, posteriormente, otra del Supremo de 2002. En el primer fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias destacaba la imposibilidad de la adjudicación al recurrente del servicio de recaudación, "ya que tal adjudicación sería radicalmente nula", debido a que consideraba que el proceso de adjudicación llevado a cabo por el Consistorio estaba "viciado de nulidad radical al haberse producido un desconocimiento total y deliberado de la legalidad aplicable y de los procedimientos para establecer el servicio, todo lo cual condujo a un resultado imposible, por manifiestamente ilegal".

Por su parte, en el fallo del Supremo se aclaraba que había rechazado el recurso de casación debido a que "el régimen legal aplicable excluía ya de manera absoluta el sistema de gestión indirecta, en todas sus formas, para el servicio de recaudación, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva". A partir de este momento, en 2002, fue cuando el Consistorio, encabezado por el exalcalde Zerolo desde 1995, debía haber recuperado el servicio de recaudación de impuestos.

Pese a que el Ayuntamiento inició tanto en 2004 como en 2005 los trámites para tratar de recuperar la gestión del servicio, el Consejo Consultivo de Canarias informó de manera negativa debido a que entendía que dichos expedientes presentaban una serie de defectos formales que invalidaban el procedimiento pero invitaba al Consistorio a iniciar todos los trámites de nuevo y tras solventar dichas deficiencias.

Informes negativos

A la vez que se iniciaban los trámites para recuperar la gestión de la recaudación, el pleno del Ayuntamiento acordó en 2006 crear el órgano de gestión tributaria y, un año más tarde, Zerolo firmaba un decreto para crear la Dirección General de Hacienda. Sin embargo, y a pesar de que el Consistorio ya disponía de un órgano de gestión tributaria, la empresa de Marrero seguía prestando el servicio de recaudación, por lo que la Intervención General del Ayuntamiento comenzó a informar de manera negativa y a poner reparos a las facturas presentadas por el empresario.

Asimismo, Intervención advertía al equipo de Gobierno encabezado por Zerolo que "el contrato en cuestión se había celebrado de una forma excepcional y con un plazo temporal concreto, el cual había sido ya superado ampliamente, y todo ello unido a la creación dentro del Ayuntamiento de un órgano de gestión tributaria que llevaba a cabo las mismas funciones, lo cual era totalmente incompatible con la pervivencia del contrato, encontrándose por ello la recaudación concertada con el recaudador privado en situación irregular y siendo, además, su coste bastante elevado".

Pese a los reparos impuestos por Intervención para abonar las facturas, Zerolo levantó dichos reparos mediante decretos y contando con informes favorables del Servicio de Gestión Tributaria en los cuales se recordaba que el gestor tenía derecho a cobrar dichas facturas porque había prestado los servicios. Otras de esas facturas fueron abonadas a través de acuerdos plenarios y mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En la denuncia también se hace referencia a un informe de 2010 presentado por el recaudador en el que se "indica que hay un total de gastos en los que se ha incurrido en el ejercicio de su actividad por un importe de 1.505.376,19 euros y, sin embargo, la facturación presentada por el recaudador municipal asciende a 2.639.843,86 euros, excediendo por tanto en un millón de euros la diferencia entre el importe de lo facturado y el coste del servicio en 2010".

Otro de los informes de los que se habla en la denuncia de Fiscalía hace referencia al estudio que encargó el entonces edil de Hacienda Ángel Llanos sobre los beneficios económicos que supondría para el Consistorio trasladar el servicio de recaudación voluntaria y ejecutiva al Consorcio de Tributos de Tenerife, "concluyéndose en el mismo que los beneficios para el Ayuntamiento superarían los tres millones de euros en 2008 y los cinco millones en 2009".

Tras analizar toda la documentación aportada por el Ayuntamiento en 2013 -fecha en la que finalizaron los trámites iniciados en 2011 por orden del alcalde Bermúdez para recuperar el servicio de recaudación-, la Fiscalía observa que "Miguel Zerolo, como alcalde entre 1995 y 2011, y con total conocimiento de su ilegalidad, mantuvo en vigor el contrato celebrado entre el Ayuntamiento y Marrero en 1992, a pesar de tener conocimiento de las sentencias en las que se hacía constar no solo que dicho contrato era nulo de pleno derecho desde el momento de su celebración, sino que, además, incorporaba una condición resolutoria que se había cumplido en 2002. Habiendo sido advertido de todo ello por Intervención y por el servicio jurídico, el alcalde no realizó, durante el tiempo de su mandato, ninguna gestión tendente a recuperar la legalidad".

La Fiscalía también propone llamar a declarar al exedil de Hacienda debido a que manifestó en un pleno del 2008 que "el Ayuntamiento no se planteaba recuperar la recaudación voluntaria porque esta había mejorado y funcionaba correctamente", a pesar de estar al corriente de las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo.

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