El nuevo palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se construirá en 2018, si hay dinero

El consejero de Presidencia reconoce que la construcción de los edificios judiciales de la capital chicharrera y Puerto del Rosario se han retrasado por trámites administrativos

16.06.2016 | 13:32
Imagen del Palacio de Justicia que posee actualmente Santa Cruz.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, afirmó este jueves 16 de junio que si la disponibilidad presupuestaria lo permite, en 2018 comenzará la construcción de los nuevos palacios de justicia de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, cuya ejecución, reconoció, se ha retrasado por trámites administrativos.

Afonso, en una comparecencia parlamentaria instada por el grupo Popular, se refirió a las dificultades existentes para conseguir las parcelas donde se ubicarán los dos edificios judiciales y que en el caso de Santa Cruz de Tenerife se encuentra pendiente del cambio de uso del suelo del terreno ubicado en la zona de Cabo Llanos.

En el caso de Puerto del Rosario, el consejero recordó que se está a la espera de la aprobación del Plan General de Ordenación de este municipio por parte de la Consejería de Política Territorial y de su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que podría aprobarlo en su reunión de junio o julio.

El consejero reconoció que la planificación de la Consejería en infraestructuras lleva retraso pero argumentó que no se ha debido a falta de interés, trabajo ni tiempo dedicado sino a los trámites administrativos.

Aludió al plan de infraestructuras judiciales que su departamento tiene previsto desarrollar en los próximos ocho años, y que tiene como obras prioritarias las de Santa Cruz y la de Puerto del Rosario.

Confió en que los problemas administrativos estén resueltos en ambos casos en el segundo semestre de este año, para poder empezar a redactar los proyectos arquitectónicos y comenzar las obras, si así hubiera disponibilidad económica, en 2018.

Con el edificio en Cabo Llanos, agregó Afonso, la actual dispersión de los servicios en cinco sedes diferentes se reducirían a dos y la disminución del coste en alquileres superaría el millón de euros.

En el caso de Puerto del Rosario también acabaría con la dispersión de sedes y la nueva infraestructura se ajustaría a la nueva oficina judicial.

El consejero también se refirió a otras obras incluidas en el plan de infraestructura como la de Granadilla de Abona, para la ue se tienen negociaciones con el Ayuntamiento para la cesión gratuita de una parcela o del nuevo edificio judicial en La Orotava-Puerto de la Cruz, para lo que se ha pedido a ambos municipios la cesión de terreno colindante para la construcción del edificio.

Negó las afirmaciones de la diputada de Podemos María del Río acerca de la situación precaria en la que los trabajadores de la justicia realizan su trabajo y subrayó que las infraestructuras judiciales han supuesto "un antes y un después" en la prestación del servicio de la justicia y su cercanía al ciudadano.

Ante la afirmación del diputado del PP Emilio Moreno de que el retraso en las infraestructuras judiciales no se pueden achacar al Gobierno del PP, el consejero señaló que si la comunidad autónoma hubiese dispuesto de 700 millones de euros más al año "se pondría hablar de otros tiempos" en la ejecución de las obras y abogó porque así sea tras las elecciones del 26 de junio.

Dijo que el plan de infraestructuras está pendiente de ser elevado al Consejo de Gobierno a tener mayor concreción de las parcelas donde se ubicará los edificios judiciales en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de Rosario y reconoció que en esta legislatura no estarán concluidas las obras, que espera que terminen en 2021.

Emilio Moreno, del grupo Popular, dijo que las obras llevan "mucho, mucho" retraso y subrayó que desde el año 1999 se lleva hablando del nuevo edificio judicial para Santa Cruz de Tenerife.

Moreno culpó de este retraso al propio Gobierno de Canarias y a la burocracia en las consejerías de Hacienda, Presidencia y Educación no se ponen de acuerdo para cambiar el uso del suelo de la parcela, que en principio estaba planificado para la ubicación de un colegio.

Se refirió al ahorro anual que supondría aglutinar en dos edificios la actual dispersión de sedes y rechazó la responsabilidad del Gobierno central en el retraso de las obras ya que en este periodo se ha construido la ciudad judicial de Las Palmas y el Palacio de Justicia de La Laguna.

Melodie Mendoza, del grupo Mixto, criticó que para los 19 partidos judiciales, el Gobierno de Canarias solo tenga previsto un presupuesto de 400.000 euros y mostró su preocupación de que se invierta más en la modernización informática que en las infraestructuras judiciales.

La diputada de Nueva Canarias, Ester González, advirtió de que si de aquí a final de año el dinero destinado para la redacción de los proyectos no se utiliza,se pierda esta partida y dudó de la intención del Gobierno de Canarias de avanzar en el plan de infraestructuras.

María del Río, de Podemos, también dudó de que el Gobierno canario lleve a cabo ese plan cuando, dijo, es incapaz de ejecutar pequeñas obras referida a medios materiales y personales.

El portavoz del grupo Socialista, Iñaki Álvaro Lavandera, compartió las prioridades de la Consejería y señaló que la responsabilidad del retraso en las obras no solo es del Gobierno y apeló que se exija a las administraciones responsables de este suelo donde irán ubicadas las edificios judiciales que lo pongan a disposición de la Consejería.

Beato Socorro, del grupo Nacionalista, también apeló a la colaboración de los ayuntamientos y los cabildos para obtener los terrenos necesarios y agradeció al consejero que haya hablado de forma realista, consciente de las carencias.

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