Caso Arona

González Reverón: "Nunca leía las actas y nunca prevariqué"

"Jamás di una licencia para beneficio propio ni para beneficio de nadie", sostuvo el exalcalde durante el interrogatorio que ha abierto hoy la causa oral

13.01.2016 | 15:54

El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón afirmó este miércoles en el juicio por el caso Arona que nunca leía las actas que se aprobaban al comienzo de cada junta de gobierno, en las que los servicios jurídicos municipales advertían de posibles ilegalidades y delitos por concesión de licencias, pero aseguró que nunca prevaricó.

"Jamás di una licencia para beneficio propio ni para beneficio de nadie", sostuvo el exalcalde durante el interrogatorio que ha abierto hoy la causa oral, realizado primero por la fiscal Francisca Sánchez y por las defensas de los trece acusados después, mientras que se ha negado a responder al letrado de la acusación particular.

Antes del interrogatorio, la magistrada Lucía Machado, presidenta del tribunal de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que juzga el caso Arona, desestimó las peticiones de nulidad reclamadas por los acusados por presunta parcialidad en la instrucción del sumario.

En el caso Arona se dirimen acusaciones de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en relación a la concesión de más de doscientas licencias de obras y casi cien contrataciones a dedo.

En el banquillo se sientan los miembros de la junta de gobierno de Arona entre 2003 y 2007, entre ellos el ex alcalde González Reverón y los exconcejales Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (CC y luego Los Verdes), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC).

También están acusados Roberto de Luis, aparejador municipal, y los arquitectos municipales Eliseo de la Rosa, Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez, así como el empresario Arsenio Zamora.

Durante el interrogatorio de la fiscal, José Alberto González Reverón reconoció que las licencias objeto del juicio constaban con informes jurídicos desfavorables, pero tanto los técnicos de urbanismo como el entonces secretario general del Ayuntamiento, ya fallecido, emitían informes favorables.

En las juntas de gobierno semanales se aprobaba el acta de la reunión anterior, en la que constaban las advertencias de ilegalidad y posibles delitos formuladas por los servicios jurídicos, pero, según el exalcalde, se aprobaban rutinariamente sin leerlas públicamente, y él tampoco leía para sí el acta que se le entregaba previamente.

González Reverón sostuvo que, durante las sesiones de la junta de gobierno, ni el secretario titular ni los secretarios accidentales que lo sustituían en los periodos en los que éste estaba enfermo informaron ni advirtieron verbalmente de nada.

"Ninguno de los políticos éramos expertos juristas", los expedientes de concesión de licencias llegaban con informe técnico favorable, informe jurídico desfavorable y se aprobaban en la junta de gobierno con el parecer favorable del secretario titular, argumentó González Reverón.

Según el exalcalde, las licencias urbanísticas se concedían al margen de lo dictado por el plan general de 1987 porque "la realidad física" del municipio no coincidía con lo establecido en ese documento.

Se daban licencias de construcción en unidades de actuación no gestionadas urbanísticamente porque se trataba de "suelo urbano consolidado de hecho", al estar situado en núcleos habitados desde treinta o cuarenta años atrás, como Las Galletas o Guaza, explicó el ex alcalde.

Aseguró que "jamás se dio una licencia en suelo rústico, espacios verdes o áreas protegidas", sólo "en espacios ordenados en suelo urbano consolidado de facto".

González Reverón se lamentó de que en esas concesiones de licencias urbanísticas la junta de gobierno no motivara sus decisiones para salvar los reparos de los servicios jurídicos municipales, porque de haberlo hecho así consideró que ahora todo este caso habría sido sobreseído.

Tras preguntar uno a uno por los casos particulares de licencias urbanísticas presuntamente ilegales, la acusación pública pasó a cuestionar la concesión de contratos de obras y servicios fraccionados, supuestamente para evitar la convocatoria de concursos público y así adjudicar directamente los trabajos a cuatro empresas concretas.

González Reverón desmintió que hubiera fraccionamiento de contratos para que ninguno de ellos superara los 30.000 euros y eludir de ese modo un concurso público y sostuvo que siempre se hizo porque eran actuaciones urgentes, necesarias y de interés general.

Ese argumento ofreció para justificar que en una misma sesión de la junta de gobierno se dieran cuatro contratos distintos a la misma empresa para asfaltar otras cuatro calles en Cabo Blanco.

En otra sesión, se dieron tres contratos para el asfaltado de tres calles también a la misma empresa, pero eran "obras independientes", según el alcalde.

Justificó la compra de cinco vehículos en cinco contratos diferentes, el mismo día, en que cada vehículo iba a destinarse a un cometido distinto, la fuera protección civil, atestado o inspecciones de la Policía Local.

En el caso de la concesión de dos contratos separados a la misma empresa para obras en el cementerio (uno para 44 nichos y 30 osarios y el otro para 50 osarios), justificó que no se unieran en uno solo de 44 nichos y 80 osarios en que se trataba de "un tema de emergencia social" porque el camposanto se había quedado pequeño.

Tras González Reverón, fue interrogado Félix Sierra, exconcejal del PP al frente de urbanismo entre 1999 y 2003 y de patrimonio de 2004 a 2007.

Sierra no recordaba que hubiera advertencias de ilegalidad urbanística y que en todo caso era el secretario del Ayuntamiento el que las salvaba con sus informes, y subrayó que todas las decisiones se tomaron por unanimidad del equipo de gobierno.

Negó que él hubiera solicitado primero 6.000 euros a un empresario a cambio de dictámenes técnicos favorables para construir viviendas en un solar inicialmente de uso hotelero, ni tampoco reclamó otros 270.000 euros para facilitar la concesión de la parcela urbanística.

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