Violencia machista

Los juzgados rechazan la mitad de las órdenes de protección que se solicitan

Casi 500 mujeres reclaman medidas cautelares contra sus parejas los primeros seis meses de 2015

27.10.2015 | 12:31
Concentración contra la Violencia de Género en la plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife

Los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife han rechazado en lo que va de año una de cada dos órdenes de protección solicitadas por las mujeres que afirman ser víctimas de violencia de género. Según las estadísticas recogidas por el Consejo General del Poder Judicial, de las 484 peticiones presentadas durante los primeros seis meses de 2015, se han denegado 249.

Los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife rechazan el 50% de las solicitudes de protección, una cifra que está por encima de la media nacional, que se sitúa en el 40%. Sin embargo, los juzgados de Las Palmas deniegan muchas menos solicitudes que su homólogo santacrucero. Allí solo se rechazan una de cada cinco solicitudes de protección realizadas por las víctimas de malos tratos.

Iris Francés, la mujer presuntamente asesinada por su expareja el pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife, también había solicitado hacía algunas semanas la adopción de medidas cautelares contra él, pero fueron desestimadas el 7 de octubre.

La justicia denegó esta orden de protección al estimar que Iris no había aportado pruebas suficientes de que corriera peligro su vida. Como ella, otras mujeres podrían atravesar la misma situación si la valoración de los magistrados sobre el grado de protección que necesitan las víctimas vuelve a fallar.

Sin embargo, los expertos aseguran que valorar como erróneas todas las solicitudes denegadas tampoco es lo más correcto. El doctor en Derecho y abogado, Gerardo Pérez, mantiene que "habría que ir caso por caso, porque afirmar que todas las denegadas están mal resueltas; es un análisis demasiado simple y erróneo".

Las órdenes de protección se solicitan como una medida cautelar antes de que se celebre el juicio. La víctima debe aportar pruebas de que se encuentra en una situación de peligro y el juez y el fiscal decidirán en base a ellas, si están justificadas esas medidas de protección y cuáles son las más adecuadas.

Las medidas que se pueden imponer en este tipo de procedimientos van desde la entrada en prisión del acusado, en los casos más graves, las órdenes de alejamiento, la prohibición de ponerse en contacto con la víctima o la suspensión del permiso de tenencia de armas, entre otras medidas.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife de enero a junio de 2015 solo tres acusados por violencia de género han entrado en prisión preventiva, se han autorizado 224 órdenes de alejamiento y se ha prohibido a 217 hombres comunicarse con las víctimas. Estas tres son las medidas penales que más se han aplicado durante los primeros meses del año.

"En el fondo se trata de las pruebas que disponga la víctima, si tienen más contundencia se aceptará y se impondrán medidas cautelares más duras, pero sin son muy endebles se rechazará", explica. Pérez argumenta que debido a la presunción de inocencia la imposición de "medidas antes de la celebración del juicio hace que los requisitos judiciales sean muy estrictos", por lo que debe haber claras evidencias de la concesión de los hechos delictivos.

Las medidas de protección pueden ser solicitadas por la propia víctima cuando interpone una denuncia contra su agresor, pero también a instancia de otras personas, del Ministerio Fiscal o de la propia administración. Si se tienen en cuenta todas las peticiones efectuadas en los juzgados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la cifra aumenta hasta las 513 solicitudes de las que solo se aceptaron 217.

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