D. MILLET - SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas (ULPG) ha enviado un escrito al Parlamento de Canarias, con fecha de entrada en la Cámara del pasado día 23, en el que manifiesta "su categórico rechazo" a la proposición de ley de modificación del Catálogo de Especies Protegidas, elevada a propuesta de CC.
"La aprobación de dicho documento supondría, de hecho, descatalogar como amenazadas gran cantidad de especies y subespecies actualmente protegidas, entre las que se encuentran algunas tan significativas como los sebadales de La Graciosa, Guasimeta (Lanzarote), Playa del Inglés (Gran Canaria) o el Sur y San Andrés (Tenerife), protegidos por la Red Natura 2000, de rango europeo, y que constituyen ecosistemas de alto valor ecológico".
El comunicado de oposición fue adoptado por el departamento universitario el pasado día 21. "Dicha proposición de ley introduce categorías de protección nuevas poco compatibles con la legislación actual, especialmente con varias de las directivas europeas de obligado cumplimiento y que previsiblemente tendrán un efecto negativo sobre la conservación real de dichas especies", señala el documento, que se suma a los otros informes y pronunciamientos muy críticos con la medida propuesta por Coalición Canaria, que también ha encontrado serios reparos, aparte de en la oposición socialista y en un importante número de científicos de las dos universidades canarias, en el mismo dictamen del Consejo Consultivo.
La modificación del Catálogo "abre la vía a futuros conflictos jurídicos entre la comunidad autónoma, el Gobierno de España y las autoridades comunitarias, de efectos claramente perjudiciales para el propósito supuestamente buscado", matiza el comunicado del Departamento de Geografía de la ULPG.
"Los proponentes de la nueva ley han mantenido al margen a los departamentos universitarios y a los investigadores de otros centros científicos", añade el texto, en el que se aclara que el informe del Consejo Consultivo reafirma los criterios manifestados por la comunidad científica y los colectivos conservacionistas del Archipiélago. El Departamento de Geografía pide al Parlamento la retirada de esta proposición de ley y un cambio en la fórmula de participación ciudadana que facilite la contribución de los profesores universitarios.
