SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los cuatro alcaldes del área metropolitana, Miguel Zerolo (Santa Cruz), Fernando Clavijo (La Laguna), Macario Benítez (El Rosario) y José Manuel Molina (Tegueste) firmaron ayer el desarrollo en el citado ámbito del Pacto Social por la Economía y el Empleo suscrito en junio de 2009 para conjunto del Archipiélago por el Gobierno de Canarias, sindicatos y patronal. El acuerdo implica la creación de una plataforma y un marco que sirva para aplicar de forma conjunta las herramientas concretas que emanen de él. Además, han tenido cabida, y estuvieron presentes en el acto de firma, otros agentes, como la patronal, a través de la Confederación de Empresarios de Tenerife, o los sindicatos UGT y CC OO.
La actuación de la plataforma metropolitana se orienta a través de cuatro ejes principales. Son la acción sobre el territorio, la dinamización de la economía y la incentivación a la inversión, la generación de empleo y las acciones de protección social. En el campo de lo territorial, el objetivo pasa por utilizar la plataforma para introducir modificaciones puntuales en los planeamientos municipales sin que sea necesario disponer de planes nuevos y minimizando el tiempo de trámite legal.
Tales cambios estarían dirigidos a la creación de infraestructuras educativas, sociosanitarias, equipamientos u otras consideradas como "generadoras de una actividad sostenible". Otra de las patas es la financiación a las inversiones. Para dicho destino, los cuatro ayuntamientos han acordado solicitar "al Gobierno de Canarias el incremento en un 25 por ciento de las cantidades asignadas por el denominado Plan de Inversión municipal del Gobierno de España destinado a financiar obra pública municipal".
En materia de creación de empleo, la potenciación de las agencias de desarrollo local a partir de un rediseño de sus funciones y competencias y promoviendo la estabilización del personal. En la misma línea, los ayuntamientos metropolitanos fijarán la atención sobre el sector primario, proponiendo una activación de agricultura y ganadería a través de planes de equipamientos en zonas rurales.
El último de los ejes, en los que se centró buena parte del discurso dada la situación actual, fue el área de protección social. El objetivo prioritario en el ámbito de los servicios sociales se traduce en la elaboración de un censo de familias sin ingresos – sólo en Santa Cruz se han calculado en más de dos mil– para que puedan acogerse a los mecanismos de inserción previstos en el Plan.
Buena parte de las actuaciones en lo social se orientan hacia la optimización del trato a los dependientes y a sus cuidadores. Los firmantes han acordado la elaboración de un censo de dependientes detallando el grado legal de afección, así como de sus cuidadores informales.
El objetivo del primer caso es "prestar los servicios necesarios para atender la dependencia". En el segundo, se pretende elaborar a medio o largo plazo un itinerario formativo que permita la cualificación profesional de estos cuidadores y el acceso futuro al empleo.
Otras medidas previstas
Avales. Solicitarán al Gobierno de Canarias la apertura de una línea de avales que permitan el acceso al crédito necesario por parte de las administraciones locales para abonar las deudas pendientes con proveedores de bienes o servicios a las mismas.
Infraestructuras. Solicitarán al Cabildo de Tenerife la aceleración del Plan Insular de Infraestructuras, particularmente de las turísticas vinculadas a la Ley del REF.
Regeneración. Establecer planes singulares de regeneración de espacios especialmente deteriorados. En estos planes se contará con los mecanismos de colaboración de la inversión pública y privada contemplados en el Pacto Social.
Paro. Elaborarán un censo de familias con todos sus integrantes en paro para prever la duración de sus prestaciones y el tiempo en el que, en caso de no conseguir empleo u otro tipo de renta, estas familias entrarían en el censo del apartado anterior.
Acceso Los integrantes de estas familias tendrán prioridad a la hora de acceder al empleo que se genere en la comarca.
Burocracia. Otro de los objetivos pasa por a simplificar y agilizar dentro del marco legal los trámites administrativos municipales y a colaborar con el resto de las administraciones públicas para evitar solapamientos.
