La asociación Juncarejo debe readmitir a cuatro ex socios

ANTONIO HERRERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó el recurso interpuesto por la junta directiva del centro cultural y recreativo El Juncarejo, constituido en su mayor parte por guardias civiles tanto en activo como retirados, a reintegrar a cuatro de sus antiguos socios a los cuales dieron de baja por supuesta morosidad, para vender sus acciones y repartirse entre el medio centenar de socios, los 890.000 euros que recibieron a cambio, tras desprenderse de la parcela que ocupaban los terrenos ubicados en la antigua carretera general de Guamasa a La Laguna, a la altura del kilómetro 14,200, hecho adelantado por La Opinión de Tenerife en junio de 2008.

Esta nueva sentencia tumba los argumentos esgrimidos por la junta directiva, que a pesar de haber perdido en primera instancia ante el juzgado número 6 de La Laguna, decidió continuar adelante con su recurso. Según los ponentes de la Audiencia Provincial, "el poder disciplinario debe desarrollarse conforme a los principios generales del derecho sancionador y aunque este expediente se desarrolle en la órbita de una asociación, deben ser respetados los principios antedichos". En este caso, a los cuatro recurrentes se les dio de baja sin haberse incoado un expediente sancionador, ni tan siquiera se les permitió defenderse. Es más, no se produjo notificación fehaciente "constando tan solo referencias genéricas en el acta de algunas juntas".

Defensa. En su defensa, los litigantes argumentaron que nadie les comunicó nunca nada, que alguno incluso no fue ni recibido por la junta directiva y que de la venta cobraron hasta los socios honoríficos, dándose el caso que a un guardia destinado en una misión internacional en Hispanoamérica le llamaron para comprarle su sus participaciones a un precio sensiblemente inferior al que hubiese percibido en caso de haberse quedado con la misma.

Con esta sanción, los recurrentes, todos oficiales y jefes de la 1601 Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, han de recibir la misma cuantía que percibieron el resto de asociados, alrededor de 12.000 euros. Sin embargo, es intención de los afectados el hacer cumplir los estatutos ya que estos señalaban que en caso de disolución de la sociedad, el dinero de su venta iría al colegio de huérfanas de la Guardia Civil, Infanta María Teresa y al de varones, El Juncarejo, algo que no ocurrió, ya que tan solo llegaron unos 3.000 euros en lugar de los 890.000 que recibieron de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, tras la venta de los 3.979,50 metros cuadrados del solar.

Esta sentencia abre la puerta para que al menos otros antiguos 18 socios que fueron dados de baja o sus herederos puedan recurrir y ser indemnizados. El problema que representaría dicha demanda es que el remanente que tiene en caja la sociedad disuelta es de unos 90.000 euros, cantidad que no llegaría para pagar sino a unos ocho litigantes.