El PSC carga contra la tasación

D.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los socialistas canarios se han adelantado al Gobierno regional al anunciar ayer una nueva vía judicial para impedir que el propio Ejecutivo, a través de los impuestos de los contribuyentes isleños, tenga que pagar los 103 millones de euros a Canteras Cabo Verde por los derechos de explotación minera de una montaña, Tebeto, que no tiene apenas valor y en la que no se ha movido ni una sola piedra. El PSC comunicaba en una nota de prensa que ha decidido abrir la vía penal contra el informe pericial del empresario propietario de la empresa, Rafael Bittini, que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a fijar el pago de una indemnización de 92 millones de euros, más intereses. La denuncia se presentará el próximos lunes en Las Palmas.

El partido progresista considera que en la sentencia del TSJC de julio de 2008 y durante el proceso administrativo y judicial "existen indicios de haberse cometido varios delitos". Santiago Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, ha venido planteando esta alternativa para que el Gobierno pueda salir del fango del caso Tebeto, que puede suponer un grave perjuicio a las arcas públicas si finalmente se ejecuta la orden de pago, la mayor indemnización a una empresa privada de la historia del Ejecutivo canario.
En el comunicado, el PSC recuerda que el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, "ha desechado" este camino y que la opción de cargar contra la tasación de Bittini, la única que tuvo en cuenta el TSJC, "puede ser la forma más eficaz para darle la vuelta al caso y evitar el pago, reparando los efectos de la pésima actuación del Gobierno canario, plagada de errores e inhibiciones en la defensa de los intereses públicos".

Pérez subraya en la misma nota de prensa: "La comprobación por parte del Gobierno de que los recursos mineros de Tebeto apenas tienen valor según un informe hecho público hace dos semanas por el propio Ejecutivo, debió haberle llevado sin pérdida de tiempo a estudiar y emprender la vía penal, pero no lo ha hecho dadas las resistencias que en el seno del Gobierno han planteado Soria y Ruano, ya que el ingeniero que firma el informe pericial de Bittini es el tío carnal del vicepresidente [José Manuel Soria]".

La estrategia de los socialistas, en esta enésima vuelta de tuerca de la polémica por la montaña majorera, se basa en que la presentación de esta denuncia origine la apertura de diligencias penales. Entonces, "se podrá plantear una cuestión prejudicial que paralizaría el proceso contencioso-administrativo y, por lo tanto, la ejecución de la sentencia que condena a la comunidad autónoma al pago de la espectacular indemnización, mientras dura el proceso ante la jurisdicción penal". Si se declarara que se ha transgredido el Código Penal en la elaboración y utilización del informe pericial de Bittini, se podría abrir la vía para una revisión del juicio contencioso-administrativo y de su sentencia, "aún en el caso de que el Tribunal Supremo confirmara el pronunciamiento del TSJC".

El gabinete de Paulino Rivero había dejado claro que su propósito era no pagar ni un euro por Montaña Tebeto, pero no ha precisado todavía cómo y se ha limitado a recordar que el asunto está en manos de los servicios jurídicos de la comunidad, que la justicia ha cometido errores en la sentencia y que por eso ya recurrió ante el Tribunal Supremo.

El gabinete de Rivero busca de dónde sacar los 33 millones del primer plazo

la opinión | Santa Cruz de Tenerife

José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno de Canarias, admitió ayer que "no es fácil" pero que está trabajando en la localización de los 33 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga a la comunidad autónoma a pagar en un plazo de 15 días por el primero de los tres pagos del caso de la montaña de Tebeto. "En el aspecto financiero estamos trabajando ya para localizar esos 33 millones de euros del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias porque si llega el vencimiento el Gobierno de Canarias atiende los requerimientos de pago que se le hagan", indicó Soria en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, quien reiteró que esta tarea "no es fácil".

Asimismo, explicó que la administración "está actuando en un doble frente; jurídico y financiero". "Desde el punto de vista de la vertiente jurídica, lo que está intentando el Gobierno, con todos los medios a su alcance, es hacer ver a los tribunales que entre en el fondo de la cuestión, pues consideramos que esa indemnización está fuera totalmente de lugar y en modo alguno se compadece con el valor real que le atribuimos".

Mientras, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno, José Miguel Ruano, reconocía que mantendrá los recursos presentados al margen de la inicativa del PSC de denunciar ante el TSJC el informe pericial de Cabo Verde para la explotación minera. "Si los socialistas ha iniciado una vía por ahí y tiene indicios racionales para ir por ahí, pues bien. El Gobierno lo que ha dicho es que tiene todas las vías iniciadas tanto en el incidente de Ejecución que se sustancia ante el TSJC como el recurso de casación ante el Supremo y necesitamos, por tanto, esperar para tomar decisiones que tiene que ver con la defensa de los intereses generales de los canarios en general", apuntó Ruano.

Gutiérrez acusa a Soria de amedrentar al que le cuestiona

la opinión | Santa Cruz de Tenerife

La secretaria de Organización del PSC-PSOE, Gloria Gutiérrez, atribuyó al vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, las medidas legales anunciadas por la comunidad autónoma contra la magistrada titular del Juzgado Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, por entender que ha incurrido en una falta grave contemplada en el artículo 418.3 de la Ley Orgánica 6 de 1986. Rosellcriticó la actuación del Ejecutivo isleño en el caso Tebeto durante una entrevista que se le realizó en la Cadena Ser el pasado 17 de septiembre.

Gutiérrez acusó a Soria en una nota de prensa de "utilizar los recursos públicos para intimidar y amedrentar a todo aquél que se atreve a cuestionar sus actuaciones o a denunciar sus pufos". La diputada regional recordó la última decisión judicial ante la denuncia presentada por el vicepresidente contra los periodistas Carlos Sosa y Francisco Chavanel. "Se califica a Soria de temerario y se le condena a pagar las costas. Ahora utiliza los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para elevar una queja contra quien ha expresado su opinión acerca de cómo se ha gestionado el caso Tebeto", explicó Gloria Gutiérrez, para matizar: "Su hermano y su tío forman parte de este asunto [de Tebeto]y por ello ordena a Ruano que persiga a quienes se atreven a dudar de su actuación. Lamentamos que el Gobierno se pliegue a sus deseos con tal de mantener a Rivero en el poder".

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, anunció el pasado miércoles que se ha acordado que los servicios jurídicos formulen una denuncia ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada titular del Juzgado Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, por entender que ha incurrido en una falta grave contemplada en el artículo 418.3 de la Ley Orgánica 6 de 1986. El PSC ha exigido ahora a Ruano "que explique las actuaciones de los servicios jurídicos contra una magistrada" y a Soria que "trabaje por los que lo pasan mal".