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M. PLASENCIA - EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Un total de 2.600 menores se encuentran en situación de acogimiento, según fuentes de la Consejería regional de Bienestar Social. Esta es una de las medidas que recoge la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, para atender a aquellos niños y niñas una vez han sido declarados en desamparo. Cuando un menor es declarado en desamparo su tutela pasa a la Administración y es entonces cuando se decide aquella medida, entre las dispuestas en el texto normativo que mejor se ajusta a las necesidades en cada caso.
En el supuesto del acogimiento en familia, del que forman parte 2.600 menores canarios, se define como la medida de amparo por la que se otorga la guarda de un menor a una persona o familia, bien sea de forma temporal, para su reinserción en su familia de origen o para su adaptación a la familia que lo vaya a adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo requieran.
Precisamente, el carácter temporal de esta medida se califica por los profesionales como el aspecto con mayor consecuencias negativas, por lo que se busca a familias y personas acogentes con determinado perfil, intentando minimizar los daños anímicos, psíquicos o morales al término del período de acogida. El duro trance por el que pasan, obliga a las familias de acogida a defender que se elimine la figura del acogimiento que "implica sufrimiento para los menores y para todo el que se meta en este camino".
Así lo asegura Elsa Baute, una madre de acogida para quien el fiscal pide diez meses de cárcel tras negarse a entregar a la niña que tuvo durante seis años y que ha creado la asociación para los Derechos de los Niños Peregrinos (Deniper) para "sacar a flote y corregir el vacío" en esta forma de tutela, en la que "algo falla".
El nombre de la asociación, de reciente creación, se debe a que los niños de acogida "empiezan un peregrinaje constante" desde que pasan de sus padres biológicos a un centro y luego a su familia de acogida, explica Elsa Baute, que asegura que el 75 por ciento de los niños sometidos a este procedimiento de tutela retornan al centro y son entregados de nuevo a otra familia de acogida.
Baute, además puntualiza que el hecho de que desde la Administración pública se favorezca el acogimiento ha provocado que "baje muchísimo" la adopción de niños españoles y se recurra a la internacional y niega que en la práctica prevalezca el interés superior del menor, por lo que reclama el derecho de los menores "a ser oídos sin ser ignorados".
En medio de una lucha. Baute se embarcó en la creación de Deniper tras vivir en carne propia una historia como madre de acogida, en su caso de una niña de 19 meses, hija de un sobrino carnal suyo, y que actualmente tiene ocho años. La niña también tiene un hermano, tres años mayor, que acogió otra hermana de Elsa. En principio la acogida se iba a prolongar durante dos años que finalmente fueron seis, en los que se crearon "unos vínculos afectivos muy fuertes por parte de todos, porque para mis tres hijos la niña era una hermana más", agrega Baute.
Al cabo de seis años la niña fue reclamada por su madre biológica, pero Elsa decidió no entregarla cuando lo estableció la Dirección General de Protección al Menor y la Familia, que la denunció por desobediencia. En ese momento entendió que la Dirección General "no hizo las cosas correctamente" porque en una cláusula del contrato de acogimiento se establece que, sin una resolución administrativa que lo especifique, "bajo ningún concepto" se entregará el niño a una institución o persona porque se podría incurrir en un delito por lo penal.
"Para acoger un niño hay una resolución administrativa que lo autoriza y para quitarlo debe haber otra que en mi caso no existía, ya que supuestamente yo debía entregar a la niña el 25 de junio de 2008 y la resolución me llegó el 1 de julio", afirma.
A los tres días se le notificó que debía acudir al juzgado para lo que ella consideraba un acto de conciliación, pero al llegar a primera hora de la mañana se le comunicó que al mediodía debía entregar a la niña en la sede de la Fundación O´Belen, que gestiona programas de acogimiento familiar y centros especializados en la atención de menores con trastornos de conducta o en situación de riesgo. Por este caso el fiscal pide diez meses de cárcel para Elsa Baute, así como para su hermana, aunque el juicio no ha sido convocado. A finales de julio fue citada para otro juicio en Santa Cruz de Tenerife, que está pendiente de sentencia, tras recurrir la resolución por la que se le "arrebató" a la niña.
La asociación Deniper está en desacuerdo con la forma en que se gestiona lo relacionado con los niños desprotegidos, que en su opinión no tienen derechos, sobre todo los afectivos y emocionales. Ella lamenta que cuando le quitaron la niña le prohibieron las llamadas y las visitas "como si fuera una delincuente" a pesar de que es familia suya.
Por el contrario, defiende que no se puede privar a un niño de ver a su familia de acogida porque esto le supone "un impacto emocional, es aislarlo completamente de las personas con las que se ha criado". "Hay que cambiar muchas cosas y vamos a intentarlo porque tampoco los acogentes tienen derechos", comenta Baute.
Más de 380 familias interesadas
Más de 380 familias canarias se han interesado por el Programa de Acogimiento Familiar puesto en marcha por Cruz Roja en colaboración con el Gobierno de Canarias a principios del año en curso. El Programa tiene el fin de informar, pre-seleccionar e intervenir con familias acogedoras que puedan garantizar la atención y el desarrollo integral de menores con medida protectora por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.
Según asegura Cruz Roja en un comunicado, "el acogimiento familiar se configura como una alternativa socioeducativa idónea para abordar las consecuencias derivadas de los procesos de desamparo que sitúan a muchos niños y niñas en una situación extremadamente vulnerable". El principal objetivo del programa es que, los más de 1.000 niños y niñas que viven en la actualidad en centros de acogida y cuya guarda o tutela está a cargo de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, formen parte, por un periodo de tiempo determinado, de una familia y disfruten así de un hogar normalizado en el que poder desarrollarse plenamente. No se trata de un proceso de adopción ni pre-adopción, sino de un acogimiento que siempre tiene carácter temporal.
Para hacer factible este objetivo, Cruz Roja se hace cargo de la formación, información y preselección de familias mediante informes psicosociales elaborados por las psicólogas y trabajadoras sociales para que, en última instancia, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobiernos de Canarias realice la selección de las familias consideradas más idóneas para formar parte del proyecto, que está previsto se lleve a cabo durante 2009. Desde que se inició esta acción, la Oficina Provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife ha atendido 159 llamadas de familias interesadas en acoger en sus hogares a menores en situación de desamparo, de las 384 que se han registrado en el Archipiélago. De ellos, 150 procedían Tenerife, cinco de La Palma, dos de La Gomera, dos de El Hierro, 198 de Gran Canaria, 13 de Lanzarote y 14 de Fuerteventura.
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