CC y PP rechazan que el Gobierno indemnice por la tragedia de Los Silos

SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Partido Popular y Coalición Canarias rechazaron ayer una propuesta del PSC que tenía como objetivo que el Gobierno iniciara un expediente tendente, al final, a indemnizar a los familiares de las seis víctimas mortales habidas en el accidente de la galería de Piedra de los Cochinos, ocurrido el 10 de febrero de 2007, en el término municipal de Los Silos.
La razón esgrimida, tanto por nacionalistas como por populares, señala que, una vez ha sido sobreseída la causa penal, la exigencia de responsabilidades patrimoniales ha de ser iniciada por las partes, y no de oficio por el Gobierno de Canarias.
Con tal argumentación no está de acuerdo el PSC, que a través de la diputada Gloria Gutiérrez expuso la posibilidad de que el ejecutivo regional instara de oficio a la iniciación de un expediente que determinara tal responsabilidad patrimonial. "Con esta iniciativa pretendemos aliviar el dolor de los familiares, facilitar la indemnización que pudiera corresponder por el funcionamiento normal o anormal", explico Gutiérrez.
La socialista expuso que tanto el Cabildo de Tenerife como la Fecam ha recogido por escrito en diversos informes que es el Gobierno de Canarias el competente en la inspección de que pozos y galerías cumplen con la normativa de seguridad, algo que no se produjo en la fatídica ocasión.

Ayuda humanitaria. Cristina Tavío, en representación del PP, defendió que de deben ser los tribunales quien diriman si existen este tipo de responsabilidades, algo que fue respaldado por el nacionalista José Miguel González, quien además aludió a aspectos señalados en la resolución penal como la "deficiente organización de la excursión" o que "el propietario de la galería incumplió las normas de señalización".
El PSOE no aceptó una enmienda a esta proposición no de ley, en virtud de la cual el PP planteó instar a las diferentes administraciones crear un fondo de ayuda a las familias afectadas en tanto que "ayuda humanitaria", tal y como afirmó la propia Tavío, sin menoscabo de la posible exigencia de responsabilidades patrimoniales por parte de dichas familias ante los tribunales.