Un perito estudia el impacto de la extracción de áridos

SONIA GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Güímar ha designado a un ingeniero de caminos, canales y puertos para evaluar el impacto que ha tenido la actividad de las areneras en la zona de los Barrancos de Güímar, un peritaje que forma parte de la querella por delito ecológico que Alternativa por Güímar ha presentado contra las cinco empresas dedicadas a la extracción de áridos que operaron en la zona.
El portavoz de esta formación y denunciante, Francisco Hernández, explicó que "el jueves sabremos si el ingeniero ha solicitado más plazo o si ya se dispone de su informe". Destacó la buena marcha de la causa y que su abogado espera que "antes de que termine este año, se pasen las diligencias a Santa Cruz para el juicio oral".
Tras la decisión del Juzgado número 2 de Güímar de declarar el sobreseimiento y archivo de la causa, en septiembre de 2007, la Fiscalía de la Audiencia Provincial solicitó, en marzo del año pasado, su reapertura y que se hicieran las pruebas periciales necesarias para determinar la intensidad y los efectos que la actividad de estas empresas han producido sobre los recursos naturales y el Medio Ambiente. Así, el juez solicitó al colegio oficial que designara a un especialista, quien ha dispuesto de 15 días para elaborar su informe.
La querella por la comisión de un presunto delito ecológico se ha presentado contra las cinco empresas titulares de la totalidad de las areneras de los Barrancos de Güímar y, según Hernández, es fundamental para atribuir la responsabilidad penal y legal de lo que ha sido calificado como el mayor atentado paisajístico de Canarias. Estas compañías son Hermanos Morales Martín, Áridos del Sur, Áridos del Atlántico, Extracciones de Áridos Canarios y Áridos El Puertito.

Hasta 4 años de cárcel. Según establece el artículo 325 del Código Penal, este tipo de delito ecológico será castigado con penas de prisión de 6 meses a 4 años o con multa de 8 a 24 meses. El problema en casos como el de Güímar es que el autor del delito ecológico tiene que ser obligatoriamente una persona física, ya que se presupone que las jurídicas no pueden cometerlos, por lo que habrá que determinar quién tenía la responsabilidad del control del departamento de medio ambiente en estas empresas. En todo caso, ya han acudido a declarar al Juzgado los titulares de las cinco areneras imputadas.