Canarias no quiere querellarse con el Estado por los menores

AGENCIAS | MADRID
El diputado de Coalición Canaria (CC), José Luis Perestelo, acusó ayer al Gobierno estatal de no haber tenido “lealtad institucional” con Canarias ante el problema de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las Islas e incluso señaló que el Ejecutivo autónomo podía haber denunciado esta circunstancia mediante “una querella criminal por abandono de menores”. No obstante, añadió que el Gobierno canario sí actúa con esa “lealtad institucional” renunciando a querellarse contra el Ejecutivo por ese supuesto abandono.
Perestelo señaló en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso que los menores inmigrantes acogidos en centros de Canarias son recogidos en muchos casos “en aguas internacionales” por un servicio público estatal como Salvamento Marítimo, al tiempo que recordó que es el Estado el que tiene “las competencias de fronteras”.
Mientras, la diputada del PSOE, Mercedes Coello, replicó que no es cierto que el Ejecutivo haya hecho “dejación de funciones”, pues se han llevado a cabo traslados impulsados por el Ejecutivo de Zapatero.
La Comisión de Trabajo e Inmigración aprobó, por unanimidad, una moción inicialmente presentada por el Partido Popular (PP), y a la que se sumó mediante un texto de consenso el PSOE, por la que se insta al Gobierno central a “incrementar los acuerdos de cooperación” con los países de origen de los menores inmigrantes no acompañados “de conformidad con el principio de interés superior del menor”.
En el texto se indica que dicha cooperación debe servir tanto para llevar a cabo su retorno como para “continuar la construcción y puesta en marcha” de centros que en dichos países de origen “garanticen su protección y amparo, así como su reinserción social”.
Aunque finalmente prevaleció el consenso, la diputada del PP por Las Palmas, Carmen Guerra, acusó durante su intervención al Ejecutivo central de incumplir la Convención de Derechos del Niño de la ONU, ya que en ella se indica que la descentralización o la transferencia de competencias “no reduce en modo alguno la responsabilidad directa” de los gobiernos de los estados, pues éstos “siguen siendo responsables” de la aplicación de los Derechos del Niño. “En todo proceso de transferencia de competencias los Estados tienen que asegurarse de que las autoridades a las que las traspasan disponen de los recursos financieros humanos o de otra índole para la aplicación del Convenio”, dijo.