14 de enero de 2018
14.01.2018
EDITORIAL

Anclaje judicial para el convenio de carreteras

La decisión del Tribunal Supremo que obliga a Fomento a respetar el convenio viario matiza el efecto de las sentencias del Constitucional que desligaban los Presupuestos estatales del REF

14.01.2018 | 00:24

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ministerio de Fomento a cumplir en sus estrictos términos el convenio de carreteras 2006-2017 firmado con Canarias y a pagar por tanto la cantidad estipulada (207 millones) y no satisfecha en el año 2012. Mientras que un por lado se da la razón así al Gobierno regional en su recurso contencioso-administrativo que previamente había rechazado la Audiencia Nacional, por otro, se pone de relieve la compleja dinámica establecida entre la comunidad autónoma y el Estado en todo lo relacionado con los mecanismos de financiación de las infraestructuras en el Archipiélago. Si bien la decisión judicial es una evidente buena noticia para las Islas y, sin duda, abre un horizonte favorable para la gestión y dotación económica futura de este trascendente convenio -aún pendiente, sin embargo, de la firma y de plan de obras- para el desarrollo económico y social del Archipiélago no deja de ser al tiempo una circunstancia preocupante en la medida que deja cuestiones tan importantes, como el desarrollo de las infraestructuras en la región, al albur de lo que decidan los tribunales.

Así, aunque son los jueces los que efectivamente deben dirimir los pleitos entre administraciones cuando las discrepancias entre ellas son insalvables, no es sin embargo muy recomendable que este tipo de acuerdos, que afectan a cuestiones tan importantes para el futuro de la comunidad y de la propia vida diaria de la ciudadanía, no establezcan mecanismos más claros de control y de garantía de cumplimiento. Los tribunales tendrán siempre la última palabra, pero los políticos y los gobiernos tienen la obligación, antes que nada, de gestionar de forma transparente y eficaz los acuerdos sobre todo cuando en ellos se juega una gran cantidad de recursos públicos, que en el caso de Canarias y en relación con el convenio que nos ocupa, son esenciales para disponer de una red viaria segura y suficiente para las necesidades del transporte y comunicación por carreteras en todas las Islas.

Los retrasos del Anillo Insular de Tenerife, el escándalo sobre la situación de la carretera de La Aldea o los retrasos y obras paradas en las circunvalaciones de las capitales canarias y otros proyectos viarios, o las deudas contraídas con las empresas encargadas de la ejecución han sido sin duda paradigmas de lo que no debe ser la gestión de la infraestructuras públicas.

La sentencia del Supremo deja claro en todo caso que ha sido el Ministerio de Fomento el que ha dejado de cumplir sus compromisos de inversión en esta materia. El argumento de que la crisis obligó a hacer recortes en la gestión del convenio con Canarias no es, por lo tanto, válido. La decisión judicial le obliga ahora a pagar los 138,4 millones, entre deuda e intereses, que no aportó en 2012, el año al que se refiere el recurso canario. Y es muy probable que en las próximas semanas se dicten sendas nuevas sentencias sobre los recursos planteados también respecto a las anualidades de 2013 y 2014 con el reconocimiento de una deuda adicional de 323 millones. Es sólo una parte de lo que Canarias estima que Fomentó incumplió, según el convenio, entre 2012 y 2016, con una deuda total que se cifra en más de 700 millones.

Se da la circunstancia de que la sentencia del Supremo se refiere a un año sobre el que el Gobierno de Canarias ya había pleiteado con el Estado en relación con sus compromisos financieros o de inversión con las Islas. El Ejecutivo regional, entonces presidido por Paulino Rivero, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado de ese año al considerar que en ellos se incumplía el artículo 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF) que mandata al Estado a invertir en las Islas al menos la media de la cantidad de lo que lo haga en el conjunto del territorio nacional. El mismo recurso ya se había presentado respecto a las cuentas estatales de 2008 y se repitió contra las de 2013. En todas las sentencias del Constitucional respecto a estos recursos, producidas a partir de abril de 2013, se señalaba que el REF canario no obliga al Estado a consignar obligatoriamente una determinada inversión en las Islas, y que el reparto de fondos en los Presupuestos depende de las necesidades de cada comunidad autónoma y de las posibilidades financieras del Gobierno central en cada momento.

Esas sentencias son las que han llevado desde entonces a considerar en Canarias que para que los mandatos del REF respecto a la inversión estatal no se conviertan en papel mojado ni queden al arbitrio de los gobiernos de turno debe producirse una reforma constitucional que reconozca la condición ultraperiférica de Canarias y ancle el fuero isleño como de obligado cumplimiento. La sentencia del Supremo sobre el convenio de carreteras conocida el lunes pasado matiza en parte, pero obviamente no contradice, los efectos teóricos de las del Constitucional en la medida en que, en el primer caso, sí reconoce como de obligado cumplimiento los acuerdos de colaboración entre ambas administraciones en lo que se refiere a los compromisos financieros y de inversión. No era así en el caso de la Audiencia Nacional ante la que en primer término Canarias interpuso el recurso contencioso-administrativo sobre el convenio de carreteras, donde, en consonancia con el propio Constitucional, se desestimaba la petición del Ejecutivo canario basándose en el artículo 20 de la Ley General Presupuestaria, que dispone que pese al carácter vinculante del convenio de colaboración para las administraciones públicas que lo firman, cuando alguna de las obligaciones del convenio implica la realización de un gasto público su cumplimiento está sujeto al principio de legalidad presupuestaria.

El posicionamiento del Supremo es importante porque, aunque reconoce que el Estado puede plantear en un momento dado la "modificación o cancelación de los acuerdos y compromisos" si alega que "por circunstancias sobrevenidas" ajenas a su voluntad le "resulta especialmente oneroso cumplir con las prestación pactada" nunca puede en todo caso aplicar un puro y duro incumplimiento del convenio, que es lo que ha hecho Fomento durante los años de los recortes. El Alto Tribunal le reconoce así al ministerio el derecho de un replanteamiento de los términos, pero siempre de acuerdo con la comunidad autónoma y en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad de Canarias.

En todo caso, llegado a este punto, toca ahora a ambas partes, Gobierno de Canarias y Gobierno central, ponerse de acuerdo en cómo ejecutar la sentencia del Supremo y hacer viable y real el abono a las Islas de los 138,4 millones pendientes de 2012 y, si es así, el resto de la deuda que el Supremo pueda reconocer. La solución es compleja porque se da la circunstancia de que esta sentencia llega en un momento de transición entre el anterior convenio, concluido el pasado 31 de diciembre, y el que ambas partes deben firmar en este mismo mes y que, según el principio de acuerdo alcanzado, será de cuatro años de duración prorrogable por otros cuatro, con 2.100 millones de inversión a razón de más de 250 millones al año, incluidos 400 millones que el Estado asume como deuda por los recortes de años anteriores y que el Gobierno de Canarias ha tenido que ir adelantando. El Ejecutivo regional debe replantearse así de qué forma la sentencia del Supremo, y las que puedan venir en el mismo sentido en breve plazo, le permite apretar las condiciones a Fomento siempre bajo la premisa de que no caben veleidades ni frivolidades presupuestarias que no se ajusten al principio de realidad, siempre y cuando todas las obras dispongan de los proyectos correspondientes y puedan ser ejecutadas en tiempos prudenciales.

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