10 de diciembre de 2017
10.12.2017
EDITORIAL

El reto de la nueva financiación

Canarias debe consolidar en las negociaciones para la reforma del sistema que los ingresos del REF no computen en la bolsa común de financiación, tal como ha pactado por vía presupuestaria con el Gobierno de Rajoy

09.12.2017 | 23:17

E l que estaba llamado a ser uno de los grandes retos de la presente legislatura estatal ya está aquí. Hacerle frente con inteligencia y sentido común, que es tanto como decir con sentido de Estado, será la clave para tener verdaderas opciones y razonables expectativas de resolverlo y que el resultado sea positivo para el conjunto del país. Y sin embargo, en estos primeros compases de la partitura que acaba de abrirse, la orquesta suena de lo más desafinada y sin evidencias de que algún buen director se encuentre, batuta en mano, tratando de poner orden en el desconcierto. La esperada y postergada reforma del sistema de financiación autonómica, de la que depende algo tan importante para la vida de los ciudadanos como la prestación de los servicios básicos que dan cuerpo al estado del bienestar en el que pretendemos vivir, sanidad, educación y servicios sociales, está dando los primeros pasos con preocupantes actitudes y posicionamientos por parte de los responsables políticos de las diferentes comunidades autónomas, que inciden ahora más que nunca en el inevitable "qué hay de lo mío", de claros tintes populistas.

Canarias ha sido durante toda la etapa del actual modelo en vigor, desde el 2009, una de las comunidades más perjudicadas y que peor parada ha salido, con un déficit de financiación de cerca de 5.000 millones hasta el 2016. Y es una de la regiones que ha liderado en todo este tiempo la batalla por la revisión del sistema para modificar los criterios de reparto y ponderar más los elementos que hacen más costosa la prestación de esos servicios, que son derechos de los ciudadanos, en un territorio lejano y fragmentado, además de por los condicionamientos inherentes a su estructura social como son la alta tasa de pobreza y el elevado porcentaje de desempleo.

Desde que se puso en marcha el sistema, nunca se ha dado con la fórmula mágica sobre cómo costear los grandes servicios públicos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas en el desarrollo del modelo territorial y social de la España democrática. La última modificación fue asumida por todos porque implicó una aportación estatal de 11.000 millones al año a base de nuevas cesiones de recaudación tributaria de IRPF, IVA e impuestos especiales, pero la crisis económica hizo que ese supuesto extra se tradujera en realidad en más déficit de financiación. Los recortes presupuestarios desde el 2011 incidieron aún más en el malestar por la pérdida paulatina de calidad de esos servicios, por otra parta cada vez más costosos por el envejecimiento de la población. En el caso de Canarias, la reforma del 2009 supuso además que los ingresos del REF empezasen a contabilizar como fuente de financiación, lo que impedía de facto que participara del Fondo de Competitividad, uno de los mecanismos del actual sistema para reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas. La eliminación de este aspecto del actual sistema es el gran objetivo del Gobierno de Canarias, y de momento ha logrado adelantarse a la propia negociación y a la futura reforma del sistema mediante un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Rajoy por el que, mediante modificación de la ley que regula el modelo, se permite a las Islas acceder a ese fondo y con ello a cerca de 1.300 millones entre 2017 y 2019.

El gran debate de fondo sobre el modelo de financiación es cómo se concreta la solidaridad interterritorial y el peso que cada comunidad tiene, por un lado, en lo que aporta al sistema por riqueza, y por otro, en lo que recibe para cubrir sus servicios de forma que el resultado en ningún caso sea negativo. Ese principio llamado "de ordinalidad" que reclaman las regiones más prósperas pone en cuestión el de solidaridad, y por eso se suele apelar al argumento de que quien aporta a la riqueza nacional son los ciudadanos con sus impuestos y no los territorios, y que la solidaridad se devuelve por tanto a los ciudadanos y no a los territorios. Pero lo cierto es que el mecanismo para la solidaridad se activa en este caso a través de los servicios públicos esenciales y el coste de los mismos recae en la administración autonómica, que es la responsable de su gestión en cada comunidad. Dotarlas de esos recursos de forma equitativa para que todos los ciudadanos accedan a esos servicios en igualdad de condiciones independientemente del lugar en el que vivan es lo que se persigue y lo que debe procurar de una vez por todas el nuevo modelo que se apruebe.

La cuestión que subyace en la búsqueda de esa especie de ´fórmula mágica´ es si el Estado debe resolver con fondos propios el desnivel actualmente existente entre unas regiones y otras, o si las comunidades autónomas son las que deben asumir también responsabilidades fiscales para costear los servicios que decidan prestar a sus ciudadanos. Los expertos estiman la falta de recursos entre 9.500 y 16.500 millones. El Gobierno se resiste a poner más dinero para negociar el sistema, como en anteriores ediciones, pero acepta ceder parte del aumento de recaudación que se obtenga por el crecimiento económico.

El debate se ha visto salpicado además por otros dos incidencias paralelas pero que tienen que ver con la cuestión de fondo sobre la aportación de los territorios más ricos. De un lado, la reciente aprobación del nuevo ´cupo vasco´, mecanismo de financiación del País Vasco que de facto supone que esta comunidad no aporte nada al sistema y recibe fondos del Estado pese a ser una de las más ricas. Muchas comunidades están empezando a exigir más transparencia en la gestión de los modelos forales. Respeto a los hechos diferenciales y a los fueros históricos, sí, pero con las cartas boca arriba para saber el qué, cómo y cuánto de un modelo que privilegia a dos de los territorios más ricos. Nada cuestionable existe en los regímenes forales. Sí que unos españoles, por disfrutarlos, dispongan de capacidades superiores y dejen de contribuir a la solidaridad interregional. Los casos vasco y navarro nada tienen que ver con el de Canarias, que además de estar incluido en el sistema general de financiación, sus cuentas con el Estado por la aplicación del REF son públicas y a la vista de todos.

El otro elemento que va a marcar las negociaciones es la crisis política en Cataluña y comprobar hasta qué punto el nuevo sistema puede llegar a beneficiar especialmente a esta comunidad para tratar de hacer frente al desafío independentista. Aunque es razonable aplazar las negociaciones hasta que no haya una nueva Generalitat tras las elecciones del día 21, como ha avanzado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y también lo es que Cataluña mejore su financiación, debe rechazarse de plano cualquier atisbo de privilegio como pago al chantaje soberanista.

Cualquier fórmula de financiación acabará convertida en un parche mientras no combata dos males del sistema: la ineficacia del reparto de fondos y la irresponsabilidad fiscal. Sea mucha o poca la transferencia de renta de las fuertes a las frágiles, la distancia entre unas y otras no mengua. Esa redistribución ineficiente genera ciudadanos desiguales, una disfunción acrecentada por el pozo sin fondo del derroche. Las comunidades deben 150.000 millones de euros. Perdonarlos sería un inmerecido premio a las incumplidoras sacrificando a las prudentes, entre los que destaca Canarias. Las autonomías no asumen el coste político de gastar y sólo ejercen su margen de autogobierno para lo bueno: competir fiscalmente rebajando tributos. Nunca para lo incómodo, cargar el dispendio al bolsillo de sus contribuyentes. A ciudadanos iguales, iguales servicios prestados en idénticas condiciones. Olvidar un axioma tan elemental, base de la sociedad moderna y del estado del bienestar, equivale a un retroceso de siglos en el pensamiento político y a difundir un incívico y devastador aviso: cada cual que se apañe como pueda.

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