RETIRO LO ESCRITO

Territorios y democracias sostenibles

14.11.2017 | 01:23
Territorios y democracias sostenibles

Es un poco cómico que las señoras y señores de la plataforma Canarias Sostenible hablen de la desesperación del Gobierno autonómico, de ese indescriptible nerviosismo que les lleva a Clavijo y compañía, supuestamente, a publicitar hasta el delirio el informe positivo de la Dirección General de Medioambiente de la UE sobre la ley del Suelo. Y lo es porque las fuerzas y particulares que integran en la plataforma han elaborado el relato de una lucha épica para salvar a este pequeño país atlántico con la que han llenado muchas páginas en todos los periódicos y mucho tiempo en radios y televisiones: reportajes, entrevistas, declaraciones, artículos. En los tres últimos meses mucho más espacio y atención en los medios al heroico combate contra la ley que el dedicado a la apología de la misma. Y eso que se trata, en lo que la Unión Europea se refiere, a una solicitud presentada en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

2. La Comisión de Peticiones es un magnífico dispositivo de reclamación al servicio de los electores que introdujo el Tratado de Maastricht, en virtud del cual cualquier ciudadano tiene derecho a someter una petición a la Cámara en forma de reclamación o solicitud, en relación con cualquier asunto que afecte al ámbito competencial de la UE. Ahí es donde se ha dirigido la plataforma Canarias Sostenible para expresar que la ley del Suelo vulnera el ordenamiento jurídico de la UE. Habitualmente (en más de un 70% de los casos) estas solicitudes son atendidas. Pero son una minoría las que prosperan como pretenden que lo hagan los adalides de Canarias Sostenible. El informe de la Dirección General de Medioambiente no cae del cielo: fue solicitado precisamente por la Eurocámara. Y puede, en efecto, que se soliciten más informes, o puede ser el penúltimo. La acción de presentar una solicitud al Comité de Peticiones es perfectamente legítima, pero también tiene un obvio carácter propagandístico. El comité de la Eurocámara se convierte así en un eco burocrático que mantiene vivo -especialmente en los medios- la expresión del (legítimo y muy discutible) rechazo a la ley del Suelo. Como decía con cierta irónica amargura Romano Prodi en los años noventa "vienen a Bruselas y a Estrasburgo no a hacer política europea, sino a conseguir titulares para la política que hacen en su país". Que hacen o que no hacen, estimado profesor. Sí, el informe de la Dirección General de Medio Ambiente tendrá su peso (importante) en la decisión final del Comité de Peticiones. Otros abusos del lenguaje, propios, precisamente, de un relato propagandístico: afirmar que se ha denunciado en la Unión Europea la ley del Suelo y la ley de Islas Verdes y dejar que los periodistas supongan que se trata de una acción judicial más o menos bien encaminada. No, es una iniciativa institucional, y la denuncia es de naturaleza política, y con un contenido muy extraño: no se explicita jamás con precisión la normativa europea que es conculcada por las leyes aprobadas por el parlamento canario y los intríngulis de la colisión entre una y otra regulación normativa, sino que se enfrenta tout court a la ley del Suelo a un conjunto de "principios y valores" medioambientales asumidos por la UE.

3. Sobre el ajuste al derecho español y comunitario de la ley del Suelo y la ley de Islas Verdes decidirán los tribunales de justicia, y más concretamente, el Tribunal Constitucional o, en su caso, la Corte de Justicia de la UE. Pero es muy preocupante que junto a la crítica derogatoria de ambas leyes se practique un ejercicio frontal de deslegitimación de una democracia parlamentaria con argumentos tan peregrinos como el que se escandaliza de que no gobierne la primera fuerza en número de votos o que en votos populares la oposición, en conjunto, tenga más sufragios que los partidos que apoyan al Gobierno. Es un planteamiento que debe asombrar a los belgas y su tradición de alianzas multitudinarias o a los británicos y su sistema electoral uninominal mayoritario, por el que en las elecciones de 2010, por ejemplo, más del 50% de los votos no sirvieron para nada, porque apoyaron a candidatos que no salieron elegidos. Claro que qué sabrán los británicos de una democracia sostenible.

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