con mano izquierda

La intolerable penalización de la maternidad

14.07.2017 | 04:04
La intolerable penalización de la maternidad

A estas alturas del milenio, las mujeres españolas tenemos menos hijos que nunca. Desde que existen datos al respecto, el año pasado fue el segundo consecutivo en el que murieron en nuestro país más personas de las que nacieron, situándose las estadísticas sobre natalidad en mínimos históricos. Según el INE, en 2016 la edad media para el ejercicio de la maternidad alcanzó su cota máxima (32 años), manteniéndose la cifra de hijos por mujer en 1,33. Después de Portugal, España es la nación de la Unión Europea donde nacen menos niños. El planteamiento tardío del embarazo, unido a las trabas laborales asociadas al mismo, constituye un freno demográfico tan patente como alarmante, por las graves consecuencias que comporta a corto, medio y largo plazo. En ese sentido, las políticas llevadas a cabo en este terreno por quienes nos han gobernado en las últimas décadas, con independencia de las siglas, se han revelado abiertamente estériles.

El fenómeno, por desgracia, no es actual. Por eso mismo, parece mentira que nuestros dirigentes no sean capaces de entender que se trata de uno de los problemas esenciales que nos aqueja como sociedad y que su tratamiento debería ser absolutamente prioritario. Sin embargo, no avanzamos. La costumbre de que las entrevistas que preceden a las contrataciones incluyan cuestiones personales relacionadas con el estado civil y los planes de aumentar la familia de las candidatas está generalizada. Es muy excepcional que el reclutador de turno no pregunte abiertamente a la aspirante al puesto si tiene pareja estable o piensa ser madre en el futuro. A las mujeres se nos coloca una y otra vez en la tesitura de responder sobre determinados aspectos que conciernen única y exclusivamente a nuestra esfera privada, sobre las que un varón raramente se ve interpelado.

Además, el espinoso asunto de la reproducción se asocia injustamente a la dudosa rentabilidad empresarial de las futuras parturientas. La convicción de que la responsabilidad de la crianza y posterior cuidado de los niños recae principalmente sobre sus progenitoras pesa como una losa. Y es en este recurrente escenario en el que la compañía aérea Iberia acaba de ser condenada a pagar una ridícula y ofensiva multa de 25.000 euros por exigir un test de embarazo a sus solicitantes de empleo. La Consejería de Trabajo balear, órgano del que partió la denuncia, ha respaldado la decisión de la Inspección de Trabajo, que califica la infracción como "muy grave". La práctica se llevaba a cabo por una empresa intermediaria de trabajo temporal, que la incorporaba dentro de su preceptivo reconocimiento médico. La bochornosa exigencia se complementaba con pruebas de esfuerzo y analíticas de consumo de drogas, entre otras.

De todos modos, lo más indignante para mi gusto ha sido la excusa esgrimida por la aerolínea cuando se ha visto lanzada a los pies de los caballos mediáticos. Dicen sus responsables que la prueba de marras se realizaba para evitar que las embarazadas ejerciesen trabajos que comprometiesen su salud y la de sus bebés. ¿De verdad piensan que realmente somos tan imbéciles? Me parece el colmo de la poca vergüenza. En casos así, los protocolos pertinentes obligan a que las trabajadoras comuniquen su estado después de haber firmado el contrato, siendo entonces cuando los contratantes, para no poner en riesgo la salud de las gestantes y la de sus criaturas, les asignen las labores más adecuadas a cada caso. Como es lógico, las autoridades no se han dejado embaucar por los argumentos caritativos de la aerolínea. No les cabe la menor duda de que Iberia intentó evitar su contratación porque, en dicho período, las afectadas disfrutan de algunos beneficios que aumentan los costes de la empresa. Ojalá este precedente sirva para que otros empleadores no caigan en la tentación de pasarse el artículo 14 de la Constitución por el forro de sus caprichos.

Abogada y mediadora

www.loquemuchospiensanperopocosdicen.blogspot.com

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