RETIRO LO ESCRITO

Tardones, torpes y mentirosos

19.05.2017 | 04:25
Tardones, torpes y mentirosos

La multa que Bruselas impondrá al Estado español por no haber aplicado la sentencia del Tribunal Superior de la UE que obliga a la liberalización del sector de la estiba en los puertos españoles no es responsabilidad de los estibadores, sino del Gobierno de Mariano Rajoy, pero incluso una obviedad como esta debe ser recordada bajo la lluvia ácida de necedades denigrantes que autoridades, burócratas economistas y periodistas de la derecha (y más allá) han volcado sobre los trabajadores, porque, sinceramente, para muchísima gente de derechas un trabajador que gana anualmente 65.000 euros de media es una suerte de monstruo inconcebible y repugnante, una suspensión aterradora de las leyes naturales, una aberración incomprensible y amenazadora. Los más de 24,5 millones de euros de la primera sanción -al parecer se puede evitar la segunda- son la consecuencia de la gandulería del Gobierno en asumir y cumplir una sentencia emitida hace casi dos años y medio.

Cualquier pretensión de incumplir la sentencia del Tribunal Superior de la Unión supone una estupidez temeraria. Pero en absoluto es imposible conciliar el cumplimiento de la sentencia con el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo actuales como estrategia de transición laboral hacia el futuro. Tal y como señalan los analistas menos obsesivos, el artículo 9.3 del Consejo Europeo crea un marco para la prestación de servicios portuarios: "En tal caso -reza el artículo- se concederá al personal previamente contratado por el operador saliente los mismos derechos que habría tenido si se hubiese producido un traspaso de empresa". Es falso, por lo tanto, que el Gobierno español carezca de salidas. Blindarse en esta disposición y, al mismo tiempo, aplicar un plan de ayudas a la prejubilación como el propuesto por el Ministerio de Trabajo deberían bastar para desactivar cualquier conflicto laboral. El Gobierno español -y particularmente el Ministerio de Fomento- ni siquiera ha empleado estos dos años y medio en negociaciones con los estibadores. Tanto conservadores como socialistas se dedicaron al remoloneo casi con frenesí y solo cuando Bruselas amenazó con nuevas sanciones Rajoy ha conseguido cerrar un acuerdo parlamentario para convalidar un nuevo decreto. Sin embargo, una cosa es buscar una salida negociada para eludir un conflicto laboral -en resumen: garantizar el trabajo a unos 4.500 trabajadores, una vez prejubilados alrededor de 1.600- y otra pretender que el actual sistema de estiba en los puertos españoles se prolongue indefinidamente en el tiempo. Por más que se intente colorear la lucha de los estibadores de un tinte épico, ni están protestando contra un patrón inmisericorde que les quita el pan ni defendiendo un modelo abierto en el que cualquier ciudadano puede acceder a currar en la estiba y desestiba, sino un sistema de contratación clientelar reservado a amigos, familiares y recomendados que circulan por los subsuelos de las autoridades portuarias y al que se reserva una cuota para que todo el mundo se quede contento. De la misma manera que España se caracteriza por un capitalismo de amiguetes que desprecia la competencia, el talento, el riesgo, la profesionalidad y la neutralidad de las instituciones y órganos de control y fiscalización, existe un sindicalismo de amiguetes que solo pretenden eternizar posiciones de ventaja. Y ambas facciones, voluntariamente o no, conspiran para alcanzar un país civilizado, más próspero y menos desigual.

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