29 de enero de 2017
29.01.2017
Editorial

Canarias en la nueva financiación autonómica

Canarias es quizás la comunidad autónoma que más se juega en la reforma del sistema de financiación y en la negociación compleja y dura que se avecina para acordar un reparto más justo

28.01.2017 | 23:11

Un nuevo sistema de financiación para las autonomías está en marcha. El Gobierno central y los presidentes autonómicos acordaron este mes en el Senado tenerlo cerrado a lo largo de este año. No va a resultar sencillo. Inevitablemente, aunque todas las comunidades muestran voluntad de alcanzar acuerdos, cada una arrima el ascua a su sardina, promoviendo los criterios de reparto favorables a sus intereses. Aunque el encuentro fue de guante blanco, quedaron patentes las primeras distancias. Rajoy acotó el debate. Hay menos que repartir, la recaudación fiscal cayó en 20.000 millones de euros, y los gastos compartidos aumentaron, 40.000 millones de euros más en pensiones. Eso significa una cosa: va a resultar imposible que todas las regiones salgan ganando.

Un nuevo modelo fácil de entender y transparente, sin pactos bajo la mesa, debe lograr la implicación de las autonomías en un proyecto conjunto. Hacerlas copartícipes de los ingresos pero también colocarlas en situación de responder del destino que les otorgan. Recurrir de manera permanente al déficit y a los préstamos no arregla la situación. En realidad, la agrava, al traspasar a las generaciones venideras el precio de la imprudencia fiscal y la incompetencia. Con una financiación eficaz y ponderada no importa el lugar de nacimiento para acceder a las mismas oportunidades. Pese a las transferencias millonarias a las administraciones periféricas, la distancia entre territorios prósperos y desfavorecidos no mengua. Ese es el drama de España con el que hay que terminar.

Canarias es quizá la comunidad autónoma que más se juega en la reforma del sistema de financiación y en la negociación compleja y dura que se avecina para acordar un reparto más justo en el que el que solidaridad se practique de una manera efectiva, y que se traduzca en que el coste efectivo de los servicios públicos esenciales y el acceso a ellos por parte de los ciudadanos sea igual en todos los territorios del Estado. Canarias es, según expone el Gobierno regional, la comunidad peor financiada al recibir un 14,4% menos de la media del conjunto de las regiones del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) durante los teóricos cinco años de vigencia del actual modelo (2019-2013), con un déficit de financiación de 314 euros por habitante al año (de 853 euros respecto a la mejor financiada) y una pérdida en términos absolutos de casi 3.500 euros durante ese periodo, con una media anual de cerca de 700 millones menos para cubrir la sanidad, la educación y los servicios sociales. Una situación que se ha dejado notar y de qué forma en la prestación de algunos de estos servicios básicos durante toda esta última etapa en la que la crisis ha golpeado con dureza a los ciudadanos y las Administraciones.

El Gobierno de Canarias tuvo motivos para haber salido razonablemente satisfecho de la Conferencia de Presidentes del día 17 en el Senado. Era uno de los principales impulsores de esa cumbre y es uno de los que más pendientes debe estar de que sus acuerdos se vayan desarrollando. El referido a la reforma de la financiación es seguramente el que más le afecta, y por ello es una buena noticia que por fin se haya puesto en marcha el mecanismo, que se haya dado el pistoletazo de salida tras más de dos años de retraso en los que el contexto económico y los avatares políticos (proceso independentista en Cataluña y las sucesivas convocatorias electorales de 2015 y 2016), han impedido afrontar una negociación con visos de que pudiera llegar a buen puerto.

Aunque el acuerdo del día 17 en el Senado es muy genérico y no permite avanzar o vislumbrar perspectivas concretas sobre cómo resolver el sudoku, es un punto de partida que enuncia los fundamentos que deben inspirar el nuevo sistema (solidaridad, equidad, suficiencia, transparencia y corresponsabilidad fiscal) y establece un calendario para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera , foro donde se llevará a cabo la negociación, pueda ponerse a ello en unos pocos meses.

Sobre el argumento de su actual déficit de financiación, Canarias centra sus reclamaciones en tres elementos claves: Incremento de la solidaridad, lo que supone que el próximo sistema aumente el nivel de recursos que se distribuyen de forma homogénea entre las distintas comunidades y una mayor aportación de las regiones más ricas; blindar y garantizar que la insularidad debe seguir siendo una de las variables de ponderación y compensación a la hora decidir el reparto; y, en especial, que el REF no contabilice como factor de financiación de los servicios públicos en el Archipiélago.

Este será sin duda el gran caballo de batalla de Canarias en la negociación. Como explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reciente cumbre autonómica ante el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el resto de colegas autonómicos presentes, el REF es previo a la propia formación del Estado de las Autonomías. Un acervo económico y fiscal, por tanto, con el que el Estado compensa los costes derivados de la lejanía y la insularidad del Archipiélago mediante una menor presión fiscal a la del resto del Estado, entre otras medidas, pero no para hacer frente al coste de los servicios públicos esenciales que reciben los canarios. Para eso está precisamente el sistema de financiación autonómica.

Como adelanto y reconocimiento de la necesidad de sacar el REF del futuro sistema para garantizarle más recursos con esa finalidad a las Islas, el actual Gobierno central se ha comprometido a reformar previamente, a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado de este año o en su caso mediante algún mecanismo legislativo alternativo, un aspecto concreto del actual modelo contemplado en la reforma de la propia LOFCA en 2009. Se trata de eliminar la Disposición Adicional cuarta de esa ley que 'de facto' impide que Canarias pueda participar del Fondo de Competitividad, uno de los mecanismos del actual sistema para reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas.

Esa reforma ya supondría que, en las entregas a cuenta de este año a través de los presupuestos estatales, la Comunidad Autónoma recibiría por ese concepto una cantidad de 400 millones adicionales, según la media contabilizada desde el 2009 y que ha dejado de percibir. Queda por ver hasta dónde está dispuesto a llegar realmente el Ejecutivo de Rajoy en este sentido. Sobre todo porque esa medida se solaparía con la negociación global para la reforma del conjunto del sistema y podría ser interpretada como moneda de intercambio en el marco de la propia negociación parlamentaria para la aprobación de los presupuestos estatales de este año.

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