15 de diciembre de 2016
Estatuto de Autonomía y REF (II)

Triple autonomía

15.12.2016 | 01:03
Triple autonomía

El Real Decreto-Ley 15/2014, de 20 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, regula diversos incentivos fiscales, aplicables tanto a la imposición directa como a la indirecta, que de acuerdo con el derecho comunitario, tienen la consideración de ayudas de Estado, razón por la cual le prestamos atención especial y de lo que se deriva su vinculación con el Estatuto de Autonomía actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Consta de un artículo único con el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 19/1994 del REF de Canarias, incorporando modificaciones que afectan a la regulación de la Reserva para Inversiones en Canarias y de la Zona Especial Canaria añadiendo por vez primera la deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. En el artículo anterior manifestábamos que "el nuevo REF" se mueve en una línea continuista por cuanto no sufre cambios la regulación relativa a la aplicación del régimen de deducciones por inversiones incrementadas en Canarias contenidas en la Ley 20/1991 ni tampoco en la relativa a la deducción por inversiones en activos fijos.

En la IX legislatura de las Cortes Generales españolas, en representación del grupo parlamentario socialista, a propuesta de quien suscribe el presente artículo periodístico, se constituyó una ponencia en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales, que durante algo más de un año, debatió y escuchó las aportaciones de un elevado número de cualificados comparecientes ante la misma, con cuyas aportaciones se elaboró un texto que posteriormente se aprobó por unanimidad en la referida Comisión y que resultó objeto de publicación. Se trataba de un informe sobre las Regiones Ultraperiféricas en la Unión Europea del que entre sus múltiples aportaciones se hacían razonables recomendaciones algunas de las cuales reproduciremos a continuación.

Se comenzaba con una afirmación en la que la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales se proponía hacer un detallado seguimiento del proceso de elaboración de un nuevo paradigma, así como de la ampliación hacia una estrategia general de las Islas Canarias, en la que se definiese una colaboración coherente entre las decisiones del ámbito comunitario y el español, complementariedades que tienen que ver también con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su posible adaptación a los nuevos modelos de crecimiento económico.

Se afirmaba textualmente que la autorización de la posibilidad de concesión de "ayudas de Estado" a las RUP independientemente de sus niveles de renta, prevista expresamente en la letra a) del apartado 3 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, supone una garantía de continuidad para el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en particular para las medidas de fiscalidad directa, al configurarlo como una "ayuda de Estado" y supone también un importante soporte jurídico a la posibilidad de establecer cualquier otra ayuda dirigida a paliar o compensar cualquiera de las situaciones desfavorables propias de la ultraperificidad.

La calificación como "ayudas de Estado" de las medidas fiscales recogidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, deviene de la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que para que una medida fiscal pueda ser calificada territorialmente no selectiva y por tanto no ser considerada "ayuda de Estado", ha de tratarse de una decisión adoptada por una entidad que goce de autonomía respecto al Gobierno del Estado miembro. Además esta autonomía -determina el tribunal de justicia europeo-, debe ser entendida en una triple vertiente: autonomía institucional, autonomía procedimental y autonomía económica.

La posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Canarias asuma esta autonomía de la que hoy en día carece -institucional, procedimental y económica- respecto del estado miembro, requiere la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el marco de los procedimientos constitucionalmente previstos, por lo que hoy carecemos de la capacidad a la que hace referencia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ello, afirmo que hemos perdido unos años valiosos, hemos perdido la oportunidad de la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias que razonablemente se impulsó en anteriores legislaturas autonómicas, con el que tendríamos el nivel que exige el tribunal de justicia europeo y con el que garantizaríamos la perdurabilidad de las ayudas fiscales que con el Real Decreto-Ley 15/2014 (al que nos hemos referido en el artículo periodístico anterior) solamente se garantizan algunas de ellas hasta el año 2020 y otras de la ZEC hasta el año 2026.

La razonable secuencia hubiera sido, en primer lugar, la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias con los precisos niveles mencionados con anterioridad con lo que se elevaría la "plataforma" sobre la que sustentar con carácter perdurable las ayudas fiscales que sin embargo con el estatuto actual solamente nos son concedidas por períodos relativamente cortos. Con posterioridad la nueva adaptación del REF pero siempre en forma de proyecto de ley con su tramitación de máximo nivel en el Congreso y en el Senado.

Parece razonable pues, hacer un seguimiento a la tramitación en las Cortes de la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias con el objeto de comprobar si cumple los antedichos requisitos, para lo cual los diferentes grupos parlamentarios han de estar ojo avizor.

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