20 de noviembre de 2016
Tribuna abierta

Sobre el Hospital del Sur: Firmeza, Urgencia y Exigencia

20.11.2016 | 03:14

Quienes tenemos responsabilidades públicas nos enfrentamos a veces a situaciones que son difíciles de explicar. El caso del Hospital del Sur de Tenerife, cuyas obras han quedado paralizadas, es uno de ellos. Los ciudadanos de nuestra isla van a sufrir un retraso injustificado e injustificable en disponer de una infraestructura por la que muchos hemos luchado muchísimo. No hay derecho.

El asunto ya se ha explicado, aunque conviene recordarlo. En un concurso público, la administración establece un presupuesto de licitación que en este caso fue fijado por los técnicos de la Consejería de Sanidad en diez millones y medio de euros. Entonces, en el concurso, una de las empresas licitantes ofrece realizar la obra por algo menos de ocho millones. Es una baja importante que tienen que justificar. Los técnicos de la empresa Sacyr lo justifican ante los responsables de la mesa de contratación. Entonces, como no puede ser de otra manera, ha de elegirse la oferta más barata. Y ello es así porque esa es la doctrina general de las normas que rigen en España y en Europa en este tipo de licitaciones. Se persigue ahorrar dinero público y obtener el mayor beneficio para la administración que usa el dinero de los impuestos de los ciudadanos y debe aplicar el principio del máximo rigor y transparencia.

Lo que pasa es que, en ocasiones, el sistema funciona a favor de la trampa. Hay empresas que ofertan bajas que de antemano saben que no van a cumplir y que fían el negocio en ganar primero el concurso y negociar después reformados del proyecto que suponen inyectar más dinero público a la obra, con lo que están utilizando una puerta trasera para desvirtuar el concurso y alterar la libre competencia.

La postura firme de la Consejería de Sanidad es la única que puede tenerse ante quienes incumplen la palabra dada y el compromiso contractual. Las restantes empresas que estaban dispuestas a ejecutar la obra por un precio mayor, pero razonable, pondrían el grito en el cielo, con razón, si la administración se plegara a las exigencias de Sacyr, dándoles más dinero para el proyecto, con lo que el concurso se habría convertido en un gigantesco engaño. Lo que ocurre es que las consecuencias de todo este embrollo la pagan los ciudadanos. En este caso con un retraso impresentable en una infraestructura sanitaria que necesitamos urgentemente. En otros casos se suele pagar con triquiñuelas que afectan la calidad de la obra pública y que exige una constante vigilancia de los técnicos de la administración para que no nos den gato por liebre.

La enseñanza de este tipo de escandalosos comportamientos es que deberíamos buscar un equilibrio entre las ofertas más baratas y las garantías en la ejecución de una obra. Tal vez la legislación debería aplicarse en poner en manos de la administración la exigencia de responsabilidades económicas lo suficientemente importantes como para disuadir a algunas grandes empresas de apostar por este tipo de prácticas contrarias al interés público. Como bien se ha dicho en estos días, no es razonable pensar que una empresa esté dispuesta a perder dinero en un trabajo, por lo que una oferta por debajo de lo que parece razonable debería disparar todas las alarmas. Pero estamos donde estamos.

Lo importante ahora es conciliar dos intereses importantes. Primero, que la Consejería de Sanidad actúe con la máxima contundencia contra quienes han incumplido sus compromisos. Y segundo y no menos importante, que la solución al atasco en el que se encuentran las obras del Hospital del Sur se solucione con la máxima urgencia, por los procedimientos ordinarios o extraordinarios que se puedan acometer, para que Tenerife disponga lo antes posible de esa infraestructura hospitalaria. En el Cabildo de Tenerife y creo expresar el sentir de todos, estamos indignados por la falta de responsabilidad empresarial que se ha mostrado por los adjudicatarios de esta obra --y ya llueve sobre mojado en la historia de Sacyr en Tenerife-- y apoyamos con toda rotundidad la actuación de la Consejería de Sanidad.

Espero que Sacyr reconsidere su posición, porque estamos hablando de una obra fundamental para la salud de las personas del Sur de nuestra isla. Sería bueno que los directivos de la empresa se replanteen seriamente cumplir con aquello a lo que se comprometieron por la trascendencia social de la obra de la que hablamos. Si no fuera así, que el Gobierno actúe con toda la firmeza y sobre todo con la máxima urgencia.

Y pedimos también que se destinen todos los recursos y toda la contundencia para resolver este problema con la máxima urgencia. Por eso espero también que la Consejería de Sanidad sea exigente con Sacyr y diligente en resolver el problema. La obra se adjudicó definitivamente en mayo (¡un año y pico después de licitarse las obras!) y seis meses más tarde nos hemos enterado que Sacyr solo ha certificado 7.000? cuando debía haber ejecutado ya cientos de miles de euros. Seis meses es tiempo suficiente para dejar que los problemas se pudran, espero que tarde menos en resolver un problema que no sólo tiene que denunciar sino también gestionar.

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