Tribuna abierta

Luchar por La Laguna junto a la Universidad

02.11.2016 | 00:55
Luchar por La Laguna junto a la Universidad

La vida cotidiana de un alcalde -la gestión diaria de los intereses de decenas de miles de vecinos- está llena de satisfacciones, pero también de algunos errores decepcionantes y esfuerzos inútiles. Sin embargo, hay ocasiones en las que un responsable político sabe que está haciendo lo que es necesario y lo que es preciso y que el suyo es un objetivo que satisface a todos. Es lo que me ocurrió cuando el pasado 21 de octubre comuniqué al rector de la Universidad de La Laguna, el doctor Antonio Martinón, el acuerdo de nuestro ayuntamiento de reconocer la exención a la Universidad de La Laguna del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI), una medida que incluye 38 inmuebles y que se aplicará con carácter retroactivo desde el ejercicio de 1990 y sucesivos. En ese sentido, el acuerdo recoge iniciar la tramitación de la anulación de la deuda tributaria de los inmuebles exentos de pagar el IBI, que asciende a algo más de diez millones de euros.

Este acuerdo, que responde a una solicitud formal de la Universidad expresada en diciembre de 2015, ha sido posible, desde luego, por la explícita voluntad política del gobierno municipal de La Laguna, pero singularmente por el ejemplar esfuerzo técnico-jurídico y administrativo que han realizado los funcionarios del ayuntamiento lagunero, que han basado este proceso en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En efecto, tal y como señalé al rector, es incomprensible que se retraiga un solo céntimo a los fondos universitarios para la docencia y la investigación a través de tasas tributarias. Las universidades públicas se alimentan financieramente, en más de un 80% de sus presupuestos, de fondos públicos, que a su vez provienen de los impuestos que devengan ciudadanos y empresas. Por eso creo, con otros muchos, que es punto menos que absurdo exigir impuestos como el IBI a universidades que, como la de La Laguna, sobreviven gracias a los impuestos que pagamos entre todos. Los centros universitarios -tal y como establece la refundida Ley Orgánica de Universidades- no solo tienen entre sus funciones la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, sino la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico de una comunidad, lo que a mi juicio es, igualmente, una base de principio para no afectar a este instrumento de estímulo y desarrollo económico con cargas impositivas innecesarias.

San Cristóbal de La Laguna y su Universidad están reforzando año a año el ámbito de una colaboración mutuamente beneficiosa y fructífera para el municipio, para Tenerife en su conjunto y, sin duda, para Canarias. Ni la Universidad puede ser nunca una torre de cristal aislada de la realidad social y cultural circundante ni el Ayuntamiento de La Laguna puede entender a la Universidad como una mera realidad académica y administrativa. Para conseguir que La Laguna sea más viva y dinámica, esté más abierta a una economía globalizada, descubra nuevos modelos y recursos para el nuestro crecimiento como sociedad insular y no pierda la memoria de su pasado y su patrimonio, el ayuntamiento y la Universidad deben seguir trabajando de la mano y multiplicando aspiraciones y proyectos. Por nuestra parte -y la exención del IBI es solo un ejemplo- no va a quedar.

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