La Opinión de Tenerife
Editorial

La sanidad enferma

11.09.2016 | 04:10

La sanidad canaria ha entrado en las últimas semanas en una fase crítica, tanto en la gestión económica como en la política. El desvío presupuestario que se ha producido a lo largo de este año ha encendido las señales de alarma del propio Gobierno de Canarias y ha llevado a su presidente a cuestionar públicamente la eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos, en una reacción en la que no solo se reconoce el problema sino en la que también se señala con claridad una responsabilidad: la de los gerentes de los hospitales públicos canarios. El análisis de la crisis no por sencilla de formular es fácil de resolver: con más dinero este año la sanidad presta una peor atención. Se constata un creciente malestar de los usuarios canarios que sufren el deterioro progresivo de la atención sanitaria y las listas de espera lejos de contenerse o reducirse aumentan; a lo que se suma el descontento, cada vez más generalizado, de los profesionales de la sanidad por las condiciones en que se ven obligados a desempeñar su actividad, con continuos recortes desde el inicio de la crisis.

El gasto sanitario se ha reducido en España en torno a los 20.000 millones de euros desde 2009 con una pérdida de 40.000 puestos de trabajo, según diversas estimaciones e informes técnicos. Los recortes han afectado a todas las comunidades autónomas sin excepción, pero su impacto varía mucho de unas a otras por diversos factores. El principal es el desigual sistema de financiación estatal de 2009, que debió reformarse en 2014 y que no aplicará hasta al menos 2018. Por culpa de este modelo injusto de distribución de fondos para los servicios públicos esenciales, Canarias se sitúa a la cola de los sistemas sanitarios del país.

La falta de recursos es, pues, el primer problema de la sanidad canaria, que arrastra un déficit estimado de 400 millones de euros anuales, según el Gobierno autonómico y la propia Audiencia de Cuentas de Canarias. En total 2.000 millones no percibidos durante los últimos cinco años: demasiado dinero y demasiado tiempo para que solo sea la gestión sanitaria la responsable de la situación actual. Un desfase de financiación que se agudizará en el próximo año porque ya el Gobierno de España ha anunciado la prórroga de los presupuestos, a lo que se suma el aplazamiento en la reforma del modelo de financiación autonómica.

El rápido y continuo crecimiento del gasto sanitario no es, por otro lado, un problema exclusivo de Canarias o de España. Todas las economías desarrolladas soportan la presión de una demanda de atención sanitaria cada vez más elevada, bien por el envejecimiento o el crecimiento de la población atendida. Y también por otras razones como las inversiones en nuevas aplicaciones tecnológicas; las necesidades de infraestructuras o el creciente coste de los medicamentos y tratamientos. La presión de los usuarios, cada vez más exigentes, sobre quienes prestan el servicio es además directa y muy fuerte, porque para cada uno de los ciudadanos "la salud es lo primero". Estas tensiones entre pacientes y sanitarios se han acusado en Canarias en los últimos tiempos, sobre todo en Fuerteventura y determinadas zonas de las restantes islas más desatendidas.

Pese a la evidente ausencia de recursos sobre todo el sistema sanitario pesa un segundo problema: la eficiencia del servicio. Es fácil de entender que con una mejor eficiencia y eficacia en el gasto sanitario se obtendrían con menos recursos los mismos resultados, al igual que por debajo de un determinado nivel de financiación es imposible obtener buenos resultados. Sin embargo cuesta comprender más, aunque sea así, que a partir de un nivel de gasto los beneficios en salud parecen estancarse por lo que cada vez se requeriría una mayor cantidad de gasto para lograr un pequeña mejora en el servicio. Es decir, la eficiencia en la sanidad está vinculada a una mejora en la gestión y a un uso racional de los recursos. En la adecuada, o más bien en la inadecuada, gestión de estos recursos financieros es en lo que piensa el presidente Fernando Clavijo al criticar a los gerentes de los hospitales canarios por desvíos presupuestarios.

Hay que reconocer que la ineficiencia de determinados servicios es un problema real de la sanidad, que exige por tanto medidas de control del gasto, pero también hay que elogiar a la vez el esfuerzo de la mayoría del sector para seguir ofreciendo una atención al paciente que, la mayor parte de las veces, está por encima de los recursos que se destinan. Pese a los recortes la sanidad española, incluyendo la canaria, sigue estando entre las más prestigiosas de Europa.

Se le puede acusar de todo menos de tibio al presidente del Gobierno de Canarias cuando admite que "se presta un peor servicio sanitario pese a tener más fondos" y que con esta franqueza en poco ayude a apaciguar los ánimos. Por contra, solo desde un planteamiento directo y franco, sin demagogias ni dobleces, se puede afrontar esta crisis -dando un toque de atención- aunque otros disparatados equiparen el conflicto sanitario a una cortina de humo para ocultar el juicio de las Teresitas como si ambos asuntos se pudieran solapar o contrarrestar el uno con el otro. En el terreno del desbarre dialéctico es imposible analizar asépticamente, con datos contrastados, si se ha producido una gestión competente de los gerentes de los hospitales públicos de la comunidad autónoma.

La acusación del presidente del Gobierno es lo suficientemente seria y severa como para que no se tome a la ligera, sobre todo ante quien trata de argumentar, para contrarrestar la amonestación de Clavijo, una supuesta política de recortes este año en la sanidad pública canaria: la consejería de Sanidad es la que tiene el mayor presupuesto, con 25 millones más que en 2015 a la espera además de una inminente inyección de otros diez millones mediante la aprobación de un crédito extraordinario. La mitad del presupuesto se va en gastos de personal, casi cuatro puntos por encima de la media nacional. Los gerentes asumieron el presupuesto asignado para este año en silencio. Lo aceptaron sin quejas, pero el desvío, de continuar el desfase hasta final de año, puede llevar a los 150 millones de euros. ¿Se han producido suficientes circunstancias sanitarias extraordinarias para justificar este descontrol en ocho meses? No lo parece. Como si no se reparara en gastos contrasta el disciplinado acatamiento inicial del presupuesto asignado por parte de los responsables sanitarios canarios con la desorbitada desviación en el gasto posterior. Es por lo tanto razonable pedir explicaciones a quienes más directamente gestionan los recursos.

El desfase sanitario no es solo un concepto presupuestario sin consecuencias. De seguir así se incumpliría con el objetivo del déficit. Una exigencia que Canarias ha cumplido con creces frente al incumplimiento del Gobierno de España para financiar las necesidades básicas del Archipiélago, que sigue a la cola en los principales indicadores socioeconómicos. Además, el Gobierno en funciones acaba de anunciar que está dispuesto a pactar "medidas de alivio" para las comunidades que no han sido capaces de controlar el déficit. Es de pura lógica exigir también medidas de alivio para las comunidades autónomas como Canarias que, para cumplir el déficit, ha puesto en una situación crítica a sus servicios públicos esenciales, en especial su Sanidad.

El Gobierno de Canarias debería complementar un posible presupuesto extraordinario con medidas como las que ya ha anunciado, entre ellas centralizar las compras a los proveedores y exigir a los centros sanitarios mayor rigor en el cumplimiento de sus propios presupuestos. Pero no cabe duda que la situación es tan delicada que solo puede afrontarse con medidas de fondo. Hasta la modificación del injusto sistema de financiación vigente, la solución pasa por la puesta en marcha de un plan transitorio de financiación, gestión y control de la sanidad canaria. Una situación excepcional exige medidas especiales que frenen el deterioro progresivo que viene soportando el Servicio Canario de Salud. Parte de la solución puede pasar por la aprobación de un crédito extraordinario, que podría ser autorizado por el Estado si se exige con una firmeza proporcional a la gravedad del problema, pero también por una mayor eficiencia en la gestión: uso adecuado de los medicamentos, control eficiente de equipos y procedimientos, mejora en las estrategias de planificación, supervisión de personal y plantillas, en algunos casos costosas y desmotivadas, y un freno al derroche junto con una mejora en la Atención Primaria y en la admisión y permanencia en los hospitales.

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