Tribuna abierta

De la investidura del presidente del Gobierno, los grupos políticos y las elecciones del 20-D (y 2)

20.04.2016 | 02:00

El protagonismo y la responsabilidad en el sistema parlamentario es de los representantes de la soberanía popular. Para esta fase postelectoral, la Constitución sabiamente no ha fijado plazo, pues es el tiempo de la política de Estado. Ya en 1995 se necesitaron más de dos meses para la investidura del presidente Aznar y en los países europeos de nuestro entorno, sin llegar al extremo de Bélgica, resulta normal tardar varios meses hasta que se conforma un gobierno de coalición (Holanda). En este tiempo hemos asistido al auto-descarte del candidato del principal partido en número de diputados sin que proponga alternativa, al papel del candidato del PSOE que ha entendido errónea o interesadamente el encargo del Jefe del Estado como una pre-investidura, cuando es él quien deben de llevar al Rey la coalición que pueda garantizar su investidura, aunque hay que reconocerle el mérito de haber dado un paso adelante y someterse al primer debate y votación para poner en marcha el plazo constitucional de dos meses. Ahora puede volverlo a intentar o hacerlo otro líder parlamentario.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, nada debe alterar el funcionamiento ordinario de las instituciones y de la sociedad, ya que el Gobierno en funciones, cuyos límites detalla el art. 21 de la Ley 50/1997, sigue cumpliendo con su función constitucional, así como las comunidades autónomas y la administración local, gracias a que están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (no se ha oído a los que se opusieron en su día rectificar sus afirmaciones), si bien es verdad que no puede comenzar con total normalidad la legislatura entendida como proyecto político de la nueva mayoría, el país debe seguir funcionando y los actores sociales, en especial los empresarios deben de aprender de Italia, a no depender tanto de quien gobierna para emprender. La sociedad civil debemos continuar con nuestros afanes, pues si les dejamos de prestar tanta atención, a lo mejor ello sirve de cura de humildad a la clase política.

Sin embargo, desde la perspectiva de ciudadano común, se contempla con asombro el cortoplacismo de las élites políticas que están primando sus intereses de partido o supervivencia personal de liderazgo a los generales de la Nación y esperan o desean un entendimiento de mínimos de los partidos del sistema constitucional para formar un gobierno de amplio apoyo parlamentario que afronte como poco la tarea de gobernar, que va mas allá del mero acuerdo de investidura (López Aguilar, en El País del 30 de enero de 2016) y si fuera posible encarar las cuestiones estructurales que el país necesita, bajo la presidencia de quien suscite mayor consenso o menos rechazo, ya sea del líder de Ciudadanos, (Díez Revorio en una entrada publicada en su blog el pasado 21 de diciembre de 2015), de una persona independiente de los partidos como piden otros, de otra figura del Partido Popular que los tiene o del Gobierno (Tamames habla de Luis de Guindos). Por ello, como ha expresado Rey Martínez (El País del pasado 29 de enero): "La suma de PP, PSOE y Ciudadanos supone la auténtica mayoría social: 253 escaños de 350. Es la Constitución material. Será la hora de los patriotas o la de aquellos que solo piensan en el interés personal y de su tribu". Es decir, que nos dejen de agobiar con sus desencuentros y postureo y que solo nos avisen cuando hayan puesto los intereses generales por delante. Si conforme el articulo 99.5 han de celebrarse sucesivas intentonas de investidura durante dos meses, para intentar nombrar un Presidente de Gobierno, ello entra en la lógica de la democracia representativa de la soberanía popular, ya que es el poder legislativo, uno de los tres pilares de los Estados de Derecho, quien debe de agotar su cometido constitucional y si al final han de celebrarse nuevas elecciones, que los ciudadanos pensemos cada uno bien el voto, para evitar otra situación idéntica y alcemos la voz para un cambio del sistema electoral hacia el sistema francés de la doble vuelta.

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