Editorial

Viento a favor para el autoconsumo energético

09.04.2016 | 23:14

De la solución encontrada el viernes en Madrid entre Canarias y el Ministerio de Industria para permitir que el autoconsumo agrícola asociado a la desalación de agua pueda seguir en funcionamiento –el 70% del cultivo del plátano y el 50% del tomate dependen de esta modalidad– se sacan al menos dos lecciones para quienes redactan normativas, leyes o decretos: legislar con cautela y rectificar con rapidez cuando se yerra en el primer intento. Hacerlo así significa en este caso mantener en los parámetros actuales la competitividad del sector agrícola de las Islas, evitar a la atmósfera la emisión de toneladas de dióxido de carbono y recortar el sobrecoste del sistema eléctrico del Archipiélago, en cuya financiación participan de forma solidaria todos los consumidores españoles.

Desde que el pasado 2 de enero este periódico informara de que el Real Decreto 900/2015 entorpecía en buena medida la consecución del objetivo de incrementar la presencia de energías renovables en Canarias –castigaba el autoconsumo en la desalación del agua destinada al riego- la voluntad política viajó en una única dirección para evitar su aplicación. El artículo quinto de dicha norma lamina el nivel de eficiencia energética alcanzado por quienes han sabido aprovechar un recurso inagotable y sin efectos secundarios como el viento para rebajar sus costes de producción y, al mismo tiempo, conseguir una mejora objetiva para el medio ambiente.

El texto les conminaba a reducir la potencia de sus aerogeneradores y fijarla, como máximo, en la cantidad de kilovatios que tienen contratados con la empresa eléctrica que les respalda. La salida que se les dejaba era conectar a la red sus molinos y convertirse en generadores de energía, con unos sobrecostes inasumibles para la rentabilidad de la producción agrícola y su exportación. Además, para abastecer las desaladoras tendrían que recurrir a la energía convencional, generada con combustibles fósiles, más caros y sucios.

Delegación del Gobierno estatal, Gobierno de Canarias, cabildos y varios ayuntamientos, cada uno con la intensidad que les permiten sus competencias, se pusieron desde enero manos a la obra para modificar el decreto y evitar los sobrecostes en la agricultura, el daño al medio ambiente y a los intereses de un sector que no pasa por sus mejores horas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo captó el mensaje y ya prepara otro real decreto para eximir del cumplimiento a las instalaciones que entraron en funcionamiento antes de la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado en octubre del año pasado, que obligaba a los regantes a rebajar la potencia de sus aerogeneradores hasta el nivel como máximo de la que tienen contratada con la compañía eléctrica.

Una decisión satisfactoria, si bien sin una singularidad propia para el Archipiélago. El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, ha lamentado que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se decidiera por pasar la tabla rasa a todo el territorio nacional. Cierto es que en otras comunidades autónomas existe el mismo problema y que la decisión adoptada el pasado viernes redunda en un menor daño medioambiental y una menor dependencia de fuentes contaminantes, pero también lo es que el mix energético peninsular en nada se parece al canario. En la Península existen tecnologías que abaratan el precio final del kilovatio hora y que no hay ni puede haber –centrales nucleares, por ejemplo– en las Islas. En otras palabras, el coste alimenta un debate que solo tiene sentido en el territorio continental.

Es posible que en numerosas ocasiones cueste entender desde Madrid la necesidad de brindar un trato diferenciado a los territorios insulares y extrapeninsulares pese a que durante estos cuatro años se han producido avances para garantizar el suministro e incrementar la competencia en los sistemas eléctricos de las Islas y la implantación de un modelo retributivo específico para un cupo canario de 450 megavatios de energía eólica. De lo que se trata es de evitar que disposiciones especiales como las anteriores se interpreten como gracias o concesiones cuando, en realidad, se requiere construir alrededor de estas singularidades canarias una empalizada normativa que las preserve de opiniones y cambios políticos en función de quién esté en la Moncloa.

Que el Gobierno español debe evitar un trato preferencial para un territorio resulta indiscutible. Y ocurre también que desde otras comunidades autónomas vean con recelo la construcción de un andamiaje normativo cuyo ámbito de aplicación comienza y acaba en las Islas. Sin embargo, Canarias es una región especial –insularidad, fragmentación del territorio y ultraperiferia- que requiere de normas específicas para determinados sectores, como el energético. Un ejemplo que plantea buena parte del sector: establecer nuevos cupos para energía eólica pagada a mejor precio que en la Península podría rebajar el coste del sistema eléctrico que soportan todos los ciudadanos del Estado.

Como se ha reconocido desde el Ministerio de Industria en este caso –el de la regulación del autoconsumo energético para el uso agrícola– se ha pagado la novatada. Nunca antes se había regulado el autoconsumo en el país. La ausencia de normativa previa impidió ver una parte importante de una práctica habitual en el Archipiélago, lo que devino en olvidos como el ahora corregido.

Todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados han defendido con claridad el autoconsumo energético y la gestación de energía a través de fuentes limpias. El acuerdo cerrado el viernes en Madrid en el Ministerio de Industria sobre el autoconsumo energético agrícola salva un escollo cuando el Archipiélago estaba a punto de perder potencia eólica instalada y por lo tanto eficiencia energética. Superado este problema aún quedan otros pasos por los que avanzar y límites que superar para aprovechar al máximo las energías renovables en las Islas.

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