Editorial

El riesgo del insularismo y la insolidaridad

03.04.2016 | 00:08

El debate de la Nacionalidad, celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias apenas ocho meses después de acceder Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno, quizás hubiera requerido algo más de dilación -programarlo más tarde- para poder analizar con más perspectiva y precisión las trascendentales reformas –algunas todavía en fase embrionaria y otras ya proyectadas para su discusión pública- promovidas durante este corto pero intenso periodo legislativo y que afectan, por ejemplo, a una nueva regulación del suelo, la reforma electoral, el reparto de fondos entre las islas o la financiación autonómica.

A ratos, hubo quien cayó en la trampa de aprovechar este tipo de debates para los lucimientos personales, el histrionismo cómico, saldar cuentas pendientes, hablar solo para su parroquia o identificar la Cámara como un paradisiaco y prodigioso escenario capaz de transformar a las Islas, sin el más mínimo análisis crítico, en una sociedad con un futuro idílico. Es cierto que a veces se elevó el nivel del debate para ofrecer respuestas

a los importantes retos de Canarias, pero en otros momentos se descendió a la política del menudeo, del localismo y del insularismo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llegó a alertar sobre el riesgo –y hablaba muy en serio- del centralismo de las islas mayores con respecto a las periféricas. Un peligro más que evidente si a cada mínima ocasión se encuentra una excusa para echar un pulso, entre las capitalinas entre sí y éstas con las no capitalinas, en defensa de un insularismo mal entendido e insolidario. No estamos como para perder tiempo con peleas entre islas, de visiones localistas de Canarias, una táctica que se impone últimamente con demasiada frecuencia en el debate político y que, en algunas ocasiones, se trasladó estos días al Parlamento de Canarias. Hasta el punto que resultó a veces más un debate sobre la insularidad que sobre la nacionalidad, olvidando algo que sabemos hace mucho: el todo es más, mucho más, que la suma de las partes.

Estamos viviendo un tiempo histórico de cambio y transformaciones en la sociedad española y, por tanto, también en la canaria. Es uno de esos momentos políticos en que Canarias se plantea un nuevo encaje en sus relaciones con el Estado. En nuestra historia lo hemos logrado varias veces. Lo hicimos en 1852 con la aprobación de la Ley de Puertos Francos; se ratificó y se amplió en 1899. En 1972, todavía en el tiempo de la dictadura, la sociedad canaria conquistó su primer Régimen Económico y Fiscal después de una larga y difícil lucha. En él se reconoció algo que ya estaba en la Ley de Puertos Francos: que ante la lejanía e insularidad, ante problemas distintos, se necesitaban soluciones distintas. Entre 1978 y 1982, a Canarias se le reconoció su singularidad en la Constitución española, ratificada luego por referéndum; lo que dio nacimiento a nuestro primer Estatuto de Autonomía. Entre 1994 y 1996, Canarias volvió a lograr un pacto con el Estado que supuso un nuevo Régimen Económico Fiscal mucho más ampliado, un nuevo Estatuto de Autonomía y planes especiales de empleo e infraestructuras.
Entre 2016 y 2018, Canarias va a volver a vivir uno de esos periodos claves de su historia, negociando de nuevo un pacto Canarias-Estado. Con el reto de adaptar su modelo económico y sus instrumentos e instituciones de autogobierno a un nuevo ciclo histórico. España, por su parte, vive inmersa en un complejo proceso de cambio que supondrá importantes reformas democráticas; para adaptarse a los cambios que se están produciendo en Europa. De estas posibles reformas, la territorial y la constitucional afectarán a Canarias de forma especial.

Mientras tanto el Archipiélago empieza la recuperación después de una profunda crisis que ha durado siete largos años. Pero salimos con unos indicadores de paro y pobreza de los más altos de España, y también de Europa. Con 100.000 parados más de lo que nos correspondería si aplicamos la media española. Ese nivel de desemple no existiría si en los últimos cinco años Canarias hubiera recibido lo que por derecho le corresponde: un nivel de inversión del Estado y de financiación de los servicios públicos equivalente a la media española.

No ha sido así y el resultado está a la vista. Estamos ante una de las comunidades con más paro, desigualdad y pobreza a pesar de haber disfrutado del mejor ciclo turístico de nuestra historia. Por eso sorprende que el PIB de Canarias en el 2015 sea de 42.317 millones de euros y el PIB del 2008, cuando empezó la crisis, fue de 42.582 millones de euros. Es decir, aún no lo hemos superado. Lo que confirma que hemos salido de la recesión pero aún no de la crisis. Nos hemos quedado estancados en dónde estábamos hace siete años, pero con 200.000 desesperados más
Para salir de verdad de la crisis e iniciar una recuperación sostenible necesitamos un nuevo Régimen Económico Fiscal ampliado; un nuevo modelo de financiación que coloque a los ciudadanos canarios en la media española. Es decir, 700 millones anuales más, para elevar nuestro presupuesto de educación al 5% del PIB y el de sanidad al 7%.

Lo mínimo de los recursos que destinan las sociedades democráticas avanzadas a sus servicios públicos. Y en tercer lugar, necesitamos urgentemente el Plan de Empleo y de Infraestructuras que teníamos y que ha quedado reducido al mínimo en los últimos años.
Estas tres cuestiones clave de lo que llamamos Agenda Canaria deben ser pactadas urgentemente por todos los grupos parlamentarios y las instituciones más representativas de la sociedad civil canaria para su discusión con el nuevo Gobierno que se constituya en España y con el Parlamento español. Lo que conformaría el Pacto Canarias-Estado que en este momento las Islas necesitan.

Por estas razones, es de justicia resaltar de forma especial lo que han hecho los grupos parlamentarios canarios en esta última semana. En el debate del estado de la Nacionalidad al final fueron capaces de superar las visiones partidistas y las políticas de corto alcance y pensar en el futuro y en el interés general. Y negociaron una posición común que ha quedado reflejada en las resoluciones aprobadas sobre la financiación de los servicios públicos en las Islas. Exigiendo la misma financiación por habitante que en el resto de las comunidades españolas. Es solo un primer paso, pero un importante paso, que nos enseña el camino de cómo avanzar desde la unidad en la defensa de los intereses generales de Canarias. De cómo actuar unidos. Todos a una.

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