Editorial

La mala gestión de la emergencia social

13.03.2016 | 02:00

Cuarenta y cinco toneladas de comida para los canarios más necesitados han acabado en el basurero. Este importante volumen de alimentos formaba parte de la ayuda con que la Unión Europea trata de paliar, a través de su Fondo Social, uno de los más graves impactos que la crisis ha provocado en una parte creciente de la población comunitaria: el hambre. En sus criterios de reparto, Canarias figura como la región española que, con similar población, cuenta con los indicadores de pobreza y paro más altos. Por ello, la noticia resulta aún más inaceptable y obliga a una seria reflexión sobre cómo se gestiona, desde el sector público a las organizaciones no gubernamentales y voluntarios, la emergencia social.

Interesa menos poner en evidencia las injustificables ineficiencias de algunas administraciones, sobre todo locales, encargadas en última instancia de supervisar y controlar los beneficiarios y las ayudas, que promover la puesta en marcha de nuevos protocolos de actuación, que sean capaces de dar respuestas burocráticas a la altura y premura de las necesidades reales de los ciudadanos. En este caso, la cadena del programa de ayuda falló en Canarias en todos sus eslabones: la compra de los alimentos, su transporte, su almacenamiento y, finalmente, su distribución. Es, por tanto, necesario revisar y mejorar cada una de las sucesivas fases del proceso desde el momento en que se adquiere el alimento hasta que termina en la mesa de los más necesitados.

Financiado al 85% por Europa y al 15% por cada Estado, en España corresponde al Ministerio de Agricultura comprar y distribuir, a través de las organizaciones no gubernamentales seleccionadas, dichos alimentos para el conjunto de las comunidades autónomas. Y lo hace a través de un sistema centralizado: es decir, mediante la compra de los excedentes agrícolas y alimentarios a proveedores de la Península, desde los cuales se redistribuye a cada región. Pero se da la circunstancia de que Canarias no solo no forma parte del territorio continental, como Baleares, sino que está a mil kilómetros de distancia del punto más cercano al resto de España. Conclusión: los alimentos no solo tardan más tiempo en llegar a los centros de almacenamiento, sino que tienen que soportar cambios de temperatura, incrementando así los riesgos de deterioro, además de los sobrecostes del transporte por la lejanía.

Las dificultades que entraña esta centralización en España de los recursos europeos para emergencia social ya ha quedado en entredicho en otras iniciativas, entre ellas el Plan de Garantía Juvenil, que provocó quejas del Gobierno de Canarias por el retraso que suponía acceder a los mismos a través del sistema de gestión centralizada implantado por el Estado. Hasta el punto que, en su primera convocatoria, los jóvenes canarios apenas pudieron beneficiarse de este importante fondo europeo, pese a ser la comunidad autónoma con el mayor índice de jóvenes desempleados.

Una vez en Canarias, el almacenamiento y distribución de estos alimentos –desde leche, aceite y arroz hasta cereales, conservas o galletas– encuentra nuevas dificultades. Existen diez centros de almacenamiento en total en las Islas, cinco por provincia, pero no todos tienen las condiciones necesarias para conservarlos en buen estado. De ahí que esas 45 toneladas se hayan visto infectadas por gorgojos y hayan estado al alcance de roedores, tal y como detectaron las inspecciones realizadas por la Delegación del Gobierno. Tampoco cuentan con el personal suficiente para garantizar su distribución en condiciones, que se realiza a través de más de 340 organizaciones asociadas de reparto. De hecho, una de las cuestiones que ha puesto en evidencia esta lamentable pérdida de productos de primera necesidad es como, tras siete largos años de crisis, la logística de emergencia en Canarias no se ha adaptado al creciente número de excluidos que demandan atención social y protección pública.

Por su parte, el esfuerzo y voluntarismo de las organizaciones civiles y las propias instituciones no es suficiente para acabar con la improvisación y falta de profesionalidad con que, en muchos casos, se gestiona la necesidad. Y que, en no pocas ocasiones, ha acabado en picaresca, abusos y hasta grandes escándalos por el mal uso de los fondos y recursos destinados a los más desfavorecidos (quizá el caso más significativo sea el de los ERE de Andalucía en relación a los programas de formación y empleo).

La burocracia impone en demasiadas ocasiones sus razones administrativas y exasperantes tiempos en hacer llegar los recursos a los beneficiarios, pese a la urgencia de la ayuda. En unas ocasiones lo hace por pura inercia administrativa, pero en otras por una clamorosa falta de sensibilidad social. La demora en la identificación de personas necesitadas y la elaboración de los informes sociales previos, que corresponden a cada ayuntamiento en su municipio, es el último absurdo de esta cadena de despropósitos administrativos que ha llevado a dilapidar 45 toneladas de comida para una población necesitada de casi 90.000 personas.

En total, corresponden a Canarias 6,2 millones de euros –unas 6.800 toneladas de alimentos– del total de este Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD). Ya se han apuntado algunas soluciones para evitar la pérdida de más recursos, entre ellas la compra de excedentes en las propias Islas como ha planteado el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento. Una medida que, además de agilizar el reparto de los alimentos, implicaría ahorros en el transporte y la dinamización de sectores agroalimentarios de las Islas. También se han iniciado por parte del Gobierno regional y la Delegación del Gobierno en Canarias los pasos para mejorar la coordinación de las diferentes partes implicadas en la gestión de estas emergencias.

Es de esperar que esta triste experiencia sirva, por lo menos, para mejorar y profesionalizar la gestión pública de nuestras emergencias sociales. Y, sobre todo, para que las administraciones públicas centren su atención en las prioridades reales de esta sociedad, que no siempre coinciden con las iniciativas o debates que promueven.

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