Tribuna abierta

En defensa de los cabildos y ayuntamientos de Canarias

13.03.2016 | 02:00

Desde el 11 de julio de 1912, los cabildos insulares son la manifestación jurídica y política de cada una de las siete Islas Canarias. Son las instancias en las que se organiza y se ejecuta la actividad administrativa de las islas, pero además se forman a través de una elección directa de los ciudadanos.

Los cabildos están recogidos en el artículo 141.4 de la Constitución española como órganos de la administración propia de cada isla y como respuesta adecuada al hecho singular canario de la insularidad (artículo 138.1). Según los términos literales del artículo 8.2 del Estatuto de Autonomi?a de Canarias, los cabildos insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué les estoy metiendo este rollo a todos quienes se animen a leerme? Pues porque me entristece que para algunos políticos canarios los cabildos sigan siendo todavía, ciento cuatro años después de su creación, como una especie de "competencia desleal" del Gobierno Regional.

Cuando se construyó la autonomía de Canarias se discutió si debía basarse en los cabildos o tenía que emerger de una nueva administración regional. Hubo posiciones enfrentadas pero triunfó la tesis de que para lograr la unidad de las islas, para evitar que se prolongara hasta el fin de los tiempos el pleito insular y para superar el enfrentamiento provincial, lo mejor era crear un gobierno y una administración "central" en Canarias -con un complejo sistema de equilibrios políticos- dejando a los cabildos un papel que se definiría posteriormente en una ley.

Desde entonces hasta hoy los cabildos y los municipios de estas islas han sido el motor del cambio y del progreso de los ciudadanos. Cualquier vecino de Canarias sabe dónde queda su ayuntamiento y qué gestiones puede realizar en él. Es lo más cercano, lo más inmediato que tiene a su alcance. El primer recurso en caso de necesidad. El primero en recibir las críticas. Nuestros alcaldes han estado al pie del cañón ayudando a sus vecinos necesitados, luchando contra los incendios, mejorando la vida de la gente. Y todos los ayuntamientos han tenido el respaldo de ese gran paraguas que son los cabildos de las Islas que han trazado las estrategias de crecimiento y desarrollo de cada una de ellas.

El Gobierno de Canarias ha hecho público un anteproyecto -ni siquiera aún un proyecto de ley- para refundir en en una sola las varias leyes que regulan el territorio en nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de simplificar trámites sin desregular el control sobre el uso del suelo, que es uno de los bienes más escasos de las islas. Queda por estudiar en profundidad ese anteproyecto y sus matices pero no me sorprende que la primera polémica haya surgido porque el Gobierno de Canarias quiera trasladar a los cabildos la competencia de aprobar los planeamientos insulares.

Inmediatamente, como en los años de la creación de la autonomía, han surgido voces reclamando que el control del territorio de cada una de las islas siga estando en manos de un órgano central, del Gobierno de Canarias. Existe un miedo subyacente a la dispersión, a la descentralización y a la falta de responsabilidad pública de los cabildos o los ayuntamientos en la aprobación de sus planes generales o insulares. Es decir, existe una absoluta falta de confianza en las instituciones democráticas que más han trabajado por el desarrollo de esta región.

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos, dice, en su artículo 2, que los cabildos insulares son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias. Convendría que más de uno se volviese a leer esa ley y ese artículo. Convendría que algunos dejaran de pensar que algunos alcaldes o concejales irresponsables o corruptos representan a los cientos de hombres y mujeres honrados que han trabajado por sus vecinos. Y convendría, por último, es lo que creo, que algunos recuerden que los ciudadanos eligen a sus políticos para que tomen decisiones responsables en su nombre con el asesoramiento de los mejores técnicos y no al revés.

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