Tribuna abierta

La prensa y los políticos

06.03.2016 | 02:00

T uve ocasión de ver la noche del domingo último, 28 de febrero, una entrevista personal a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una emisora de televisión, que le dio una lección a los periodistas intervinientes.

Desde luego la actual ministra en funciones, aunque médico de profesión, tiene una gran experiencia política en obras públicas, avalada por su eficacia máxima en el Ministerio tanto en obras de infraestructuras, autopistas y carreteras cuanto en trenes de alta velocidad, cuya red ha batido a todos los países, inclusive a Estados Unidos, importando su tecnología este mismo país, líder mundial y otros como Arabia Saudí, el tren de alta velocidad muy avanzado entre Medina y La Meca, ya que, como es sabido, El Corán exige su visita una vez en la vida.
Y es que las preguntas hábiles formuladas por los periodistas fueron rechazadas de plano por la ministra, llegando incluso a desautorizarlos a pesar de que en última instancia son todos de la misma cuerda. Cuando uno de ellos le preguntó si obedecía ciegamente al Partido Popular, manifestó que ella solo obedece a sus convicciones, al programa de su partido y sobre todo al sentido común, pero que es libre su pensamiento y que no está sometida a ninguna dirección ni al partido ni al Gobierno ni a la propia entrevista. A preguntas de otro periodista sobre el desprestigio que ha alcanzado el primer ministro Mariano Rajoy, al que el electorado le dio millones de votos pese a su brillante y eficaz actuación, en virtud de la presión y coacción de casi todos los medios informativos, ha logrado un general repudio y rechazo de gran parte de la ciudadanía. La ministra no le dejó ni terminar y replicó que ella entiende que el pueblo llano, no los pseudopolíticos que barren para casa, como ha podido comprobar en sus múltiples visitas a todos los pueblos de España, está con Mariano Rajoy y el Partido Popular que dirige, porque saben que ha ganado las elecciones (aunque no con suficiente mayoría, pero sí para lograr una gran coalición), y sabe en el fondo que los ciudadanos en general están con él porque no se le ha probado absolutamente nada que oscurezca su figura como "presunto corrupto", empleando los clásicos latiguillos y las encuestas de los partidos adversos.

En definitiva "hundió en la miseria" a sus interrogadores periodísticos, a los que tanta pleitesía le rinden los políticos por aquello del cuarto poder, con absoluta corrección en las formas pero contundente en el fondo hasta el punto de que ganó gloriosamente la embestida y en definitiva el debate. Mujeres y hombres como éstos que han sacrificado su vida honestamente y su profesión particular para la mejor gobernanza del pueblo español, mejorando su nivel de vida en definitiva y acercarlo a la clase media y media alta; el Gobierno no ha recortado ningún derecho fundamental de libertad de expresión y la llamada Ley mordaza por toda la izquierda, tampoco lo hace sino que sólo persigue y castiga las alteraciones del orden público que producen cuantiosos daños no sólo al mobiliario urbano sino a las edificaciones tanto públicas como privadas, comercios, escaparates, y demás servicios públicos.

Mi modesta enhorabuena a tan valioso miembro del Gobierno en funciones del Partido Popular, que en definitiva debe ponerse de acuerdo con el Partido Socialista renovado y Ciudadanos para formar la gran coalición que por ejemplo en Alemania lleva en el poder más de dos legislaturas, y estamos en la tercera, constituyendo la primera nación europea en producto interior bruto y en calidad de vida.

Curiosamente leemos que la reforma laboral última del presidente francés, Holland, agrava el cisma en la izquierda francesa que está, como la española, multidividida. El horario laboral lo quieren reducir a 35 horas semanales. En nuestro país, y en Canarias particularmente, la agricultura está en treinta horas y en otros servicios no llega a treinta y cinco, pero ello por acuerdo, como es lógico, en cada empresa para mantener el empleo pero también por la reestructuración y apertura de nuevos mercados o causas excepcionales, no como en España en que seguimos con los convenios colectivos impuestos por los representantes sindicales a los que nadie ha elegido y que cobran del erario público, igual que los representantes empresariales y que por justicia deben ser sufragados sus gastos, como en cualquier país de Europa, por sus afiliados.

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