Retales de la historia (254)

Contrabando

06.03.2016 | 02:00

C omo en todos los territorios insulares de economía dependiente un cierto grado de contrabando ha formado siempre parte de su historia, cuando no de su propia supervivencia. En nuestro caso, todo favorecido de forma natural por las dificultades de una efectiva vigilancia debido a la topografía de un litoral plagado de calas y recovecos rocosos, muchas veces tolerado por los mismos que debían reprimirlo, en algunos casos a cambio de sustanciosos beneficios.

Así ocurrió hasta que en el siglo XIX comenzó a intentarse un mayor control. Pero el contrabando no era sólo de artículos de primera necesidad o de alimentos ansiados por la población sino que, curiosamente en una economía plagada de carencias, también se daba el contrabando de exportación, especialmente de madera hacia otras islas, como ya hemos visto en Retales anteriores. Así ocurrió en 1816 cuando el alcalde Juan de Matos pidió licencia al general Rodríguez de la Buria para acceder al muelle para decomisar la carga de tea para alumbrado que llevaba un barco de contrabando.

Pero, naturalmente, el más importante contrabando era el de entrada. En 1818 la Comisión Regia e Intendencia de Canarias comunicó al Ayuntamiento de Santa Cruz que debían cerrarse los puertos que no estaban habilitados en 1808 para el extranjero y negar licencia a los patrones de barcos que las solicitaran para Isla de Madera y Gibraltar, en evitación del contrabando. La situación debía ser seria, cuando dos años después el jefe superior político Ángel José de Soverón traslada al alcalde Patricio Anrán de Prado una Real Orden en la que entre otras cosas se ordena que la Milicia Nacional y tropa del exercito permanente se dedique a la persecución del contrabando apoyando al resguardo según está prescrito. Resguardo se llamaba a la guardia o custodia de un sitio, litoral o frontera para que no se introdujera contrabando o matute. En 1825 es el comandante general Isidoro Uriarte el que comunica al alcalde real que ha quedado constituida la columna móvil de Tropa en persecución del contrabando.

Entretanto continuaba la saca clandestina de maderas y cuando el ayuntamiento de Arrecife pidió una partida de leña al de Santa Cruz se contestó no ser posible acceder por el triste y deplorable estado de estos montes, debido al contrabando a otras islas, en especial para esa de Lanzarote. No obstante, teniendo en cuenta la necesidad que experimentaba aquel pueblo, se le concedió el embarque por una sola vez por la playa de Antequera.

En ocasiones, cuando se extremaban las precauciones para evitar la entrada de contrabando era cuando se sabía o simplemente se barruntaba la posibilidad de la invasión de epidemia. En 1832, ante la amenaza de cólera, se reunieron los médicos con la Junta de Sanidad y además de acordar el traslado del matadero, de las lonjas de pescado salado y la limpieza de basuras y estiércoles, se pidió prohibir totalmente el contacto con los barcos contrabandistas, y se ofició al comandante general que se extremaran los castigos a los que tuvieran tratos con ellos por el riesgo de contagio. Es decir, que queda claro que se conocía la habitual visita de dichos barcos y el contacto con los mismos.

Varias veces se trató de que se armaran algunos guardacostas para la prevención del contrabando y las posibles invasiones epidémicas. Se intentó en diversas ocasiones, pero las posibilidades municipales no alcanzaban para el gasto necesario. En 1835, bajo la alcaldía interina de José Guezala, se acordó apoyar a Francisco Mª de León en el pleito entablado con el gobernador civil sobre la posibilidad de armar estos guardacostas, pero casi al mismo tiempo el intendente pedía el parecer municipal sobre la conveniencia de establecer el comercio libre con América, con puerto de depósito y, naturalmente, aumentar el esfuerzo en la prevención del contrabando, que inevitablemente sería atraído por la libertad de navegación.

Parece lógico que, gustase o no, el contrabando contribuía a resolver problemas de suministro de una sociedad llena de carencias, en la que se padecían cada cierto tiempo problemas de sequías y malas cosechas, que provocaban frecuentes situaciones de hambruna y miserias. Algo similar debían pensar algunos responsables, cuando la Intendencia tuvo que trasladar una Real Orden de 1844 recordando la obligación de denunciar todos los casos de contrabando, lo que por lo visto no siempre se hacía.

*De la Tertulia Amigos del 25 de Julio
(www.amigos25julio.com)

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