Tribuna abierta

El suelo que pisamos

28.02.2016 | 23:59

I nsular y fragmentado; escaso y muy valioso. Esa es la realidad del suelo de Canarias, el suelo que pisamos, en el que se levantan nuestras viviendas y los hoteles, apartamentos o casas rurales que acogen a los turistas que nos visitan, sin olvidar todo tipo infraestructuras y 4 de los 15 parques nacionales que hay en todo el territorio español.

La necesidad de ordenar es evidente, de ahí que a lo largo del tiempo se hayan sucedido normas y planes que, lejos de ayudar, han acabado por complicarlo todo. Entre la legislación en vigor encontramos la Ley del Territorio del año 2000, las Directrices de Ordenación de 2003 y la Ley de Armonización y Simplificación de 2014, además de la Ley de Proyectos Estratégicos, multitud de planes, fronteras confusas entre lo insular y lo municipal, así como una serie de adaptaciones sucesivas.

Demasiada norma para tan poco espacio. Propietarios, inversores privados y administraciones locales lo venían denunciando desde hacía tiempo. Son muchos obstáculos, hay superposición de competencias y ninguna seguridad jurídica. Es imprescindible, por tanto, simplificar y actualizar, dos objetivos con los que cumple el borrador de la futura Ley del Suelo, presentado esta semana por el presidente del Gobierno.

Ya desde el debate de investidura que llevó a la proclamación del actual representante autonómico, Agrupación Socialista Gomera (ASG) apostó por el cambio de las normas que nos hemos dado para proteger el territorio y el medio ambiente. Dijimos entonces que necesitábamos leyes simples, claras y que nadie pueda incumplir sin graves consecuencias.

La modificación ha echado a andar y, en consecuencia, aplaudimos que se haya asumido el desafío. Sin duda, se ha tomado una decisión valiente, que ningún gobierno anterior se atrevió a asumir, y que viene a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de la economía.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el nuevo texto debe llegar al Parlamento el próximo mes de junio. Será entonces cuando se produzca el debate y la aprobación definitiva de un proyecto que aglutina todas las leyes del suelo y reducen los plazos.

La gestión del territorio se descentraliza a favor de las corporaciones locales –cabildos y ayuntamientos– y desaparecen las calificaciones territoriales. Los usos residenciales se consolidan y la Cotmac, organismo que durante años ha tenido la última palabra en urbanismo, sólo conservará la función de informar en la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica. No abordará la legalidad ni la calificación ambiental.

Así, el tiempo de tramitación de los planes de ordenación se reduce y pasa a ser de dos años, prorrogables a otros dos, pero la declaración ambiental que deben incorporar deberá estar en 22 meses. Fundamental, también, es que la norma dará una solución a quienes desde hace años poseen apartamentos turísticos, a los que dan un uso residencial, y para los que se establece que no podrán ser expropiados por ello, tal y como hoy marca la Ley Turística.

El documento habla de urbanismo, de territorio y de medio ambiente, pues mantiene las categorías actuales –rústico, urbanizable y urbano–, pero introduce una novedad muy significativa al considerar que todo suelo no urbano o no urbanizable es, en principio, suelo rústico.

Sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable que se requiera para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado, y siempre desde el punto de vista del interés público, como podrían ser centros de ocio, implantación de industrias de energías limpias, centros de ocio y, por supuesto, industrias agrícolas y ganaderas.

La nueva norma se propone facilitar el desarrollo de las actividades vinculadas al sector primario, además de suprimir buena parte de los obstáculos que hoy tienen los agricultores y los ganaderos, que no tendrán que esperar meses simplemente para reconstruir una pared o reparar un cuarto de aperos.

En definitiva, podemos asegurar que, si este borrador no sufre modificaciones que alteren sus principios, se favorecerá el desarrollo sostenible, las inversiones públicas y privadas, la eficiencia energética, la conservación del paisaje, la preservación de actividades tradicionales y la lucha contra el cambio climático. Canarias tendrá una única ley para proteger, ordenar y utilizar el suelo.

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