Tribuna abierta

El gobierno de los jueces y el poder ejecutivo

28.02.2016 | 02:00

E stamos contemplando impertérritos cómo los fiscales, jueces y magistrados, el llamado Poder Judicial efectivo, es el que está gobernando en la práctica diaria tanto sobre el actual Gobierno en funciones como cuando el Ejecutivo estaba en plenitud de poder legitimado por una amplísima mayoría absoluta tras las elecciones del 20 de noviembre de hace cuatro años, en 2011.

Y digo esto por dos razones fundamentales: la primera, que pese a tener todo el poder en sus manos el Gobierno no actuó con la diligencia levantando las alfombras que le dejare el tristemente célebre Gobierno anterior del inefable Zapatero.

Lo único que resaltó al tomar posesión es la deuda pública que dejara aquél oculta maliciosamente pues de un 6% realmente estaba en un 9% largo. Pero mantuvo todos los mandos y el organigrama del segundo escalafón de la Administración pública que en definitiva es el que actúa limitándose simplemente a cambiar los ministros lógicamente, a los secretarios de Estado, jefes de la Guardia Civil, jefe de la Comisaría Central de la Policía Nacional y demás Fuerzas de Orden público.

En segundo lugar, no solamente no reformó dándole mayor independencia al Poder Judicial "representado" por el Consejo General sino que consensuando con todos los partidos de la oposición hace una Ley orgánica con un reparto incluyendo un consejero proporcionalmente al resto de los partidos, es decir repartiendo el "pastel", con lo que todos aceptaron gustosamente, incluso Izquierda Unida, que aparte de los sueldazos tenían y tienen oficina propia, secretaria, viajes gratis por la Península y extranjero y demás privilegios, y así se ha visto en la realidad práctica el desgobierno de los jueces, tanto por lo que se refiere al nombramiento de los mismos para los distintos tribunales y grados de jurisdicción cómo los ascensos, suspensiones, traslados y expulsiones que quedaban al arbitrio de esa mayoría nombrada. Pero en la realidad se debían a los partidos políticos que los habían propuesto, politizando totalmente la justicia en el sentido de instruir y promover la "acción de la justicia" de oficio o a instancia del ofendido del delito o ejerciendo simplemente la acción popular sin vinculación alguna con la causa.

Esta última opción que últimamente se ha recortado en vía de segundo o tercer grado, apelación y casación, si no existe recurso que abra estas vías bien a instancia del fiscal o de la acusación particular, ha mejorado mínimamente la objetividad de la justicia y no su extrema politización, ni ha resuelto tampoco el Consejo el gravísimo problema de la excesiva proliferación de casos judiciales, mayoritariamente de tipo político (corrupción política, evasión de capitales, blanqueo de los mismos, etc.) y ordenando a veces, sin indicio alguno, la investigación (como ahora se denomina oficialmente según reforma recentísima, el "investigado") por lo que se ha llegado al límite de la proliferación de la misma en casos nimios y que después adquieren una notoriedad en virtud de la omnipotencia del llamado cuarto poder, es decir la radio, televisión, prensa y nuevas tecnologías.

Y así contemplamos cómo a diario la Guardia Civil y demás Fuerzas de Seguridad del Estado, pero principalmente la primera, que se integran en la Policía Judicial con el prestigio que tiene su fundación desde hace más de siglo y medio, sigue la parafernalia "preparada" y avisados todos los medios de comunicación, inclusive la televisión en directo, que al parecer no la dirige tampoco el Gobierno de la Nación, para tomar imágenes, que después se difunden por el universo mundo, de detenciones y registros como el que se produjo con Rodrigo Rato y otros muchos implicados de corrupción política (aunque sea de capital privado), empleando la doble vara de medir si se trata de corrupción en otro partido, especialmente el Socialista andaluz y Convergencia de Jordi Pujol, su esposa y siete hijos en Cataluña. Acaba de pronunciarse sentencia absolutoria contra Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, por el "caso de los trajes", después de años en que fue destruido moral, familiar y políticamente (¿quién repara el desafuero?)
El Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido totalmente de entre los jueces y magistrados de reconocido prestigio y aprobado posteriormente por las Cortes, Congreso y Senado, e incluso refrendado por el electorado.

¿Lo veremos algún día?

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