Editorial

Unas sospechosas encomiendas públicas

14.02.2016 | 02:00

La encomienda, como se denomina a uno de los servicios más utilizados en los últimos años por la Administración autonómica y que supone el encargo externo para la ejecución de una obra, la realización de un suministro o la prestación de un servicio, es ajena a las condiciones estrictas que rigen en la licitación pública cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos, concurrencia y no discriminación. Acudir a este tipo de recursos excepcionales debe estar justificado por razones de eficiencia o por falta de medios. En caso contrario es un coladero por donde se puede escapar el dinero público, sin control ni supervisión, a manos privadas.

En Canarias, entre 2013 y 2014, el Gobierno regional dedicó 65,5 millones de euros a las encomiendas. Un informe de la Audiencia de Cuentas, el máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, entregado en el Parlamento regional para su análisis, revela unas prácticas cuanto menos dudosas en la contratación de este tipo de servicios, que abren la puerta a favores, prebendas, y negocios privados privilegiados a cuenta de las arcas públicas. Al tramitarse las encomiendas por las zonas menos iluminadas de la Administración, lo que debiera ser un encargo excepcional corre el riesgo de acabar siendo una práctica socorrida para pagos descontrolados a aprovechados que logran unas extraordinarias recompensas a través de sus contactos en la Administración autonómica.

Si alguien duda de la alegría y facilidad y, por lo tanto, descontrol y ligereza con que la Administración canaria acude a estos servicios externos millonarios basta con lo constatado por los auditores públicos de la Audiencia de Cuentas: ninguna de las encomiendas fiscalizadas, y fueron 74, se aprobaron, como es preceptivo, tras elaborar los obligados estudios previos sobre las cargas de trabajo en los departamentos del Gobierno regional y la falta de medios propios y materiales que justifican los excepcionales, y en algunos casos, costosos servicios externos que se contratan.

Tampoco se sopesó la ventaja, más bien desventaja, de acudir a estos encargos privados en detrimento de los ordinarios procedimientos de contratación pública, más estrictos, más rigurosos y claros. Es decir, faltan argumentos, y sobra desvergüenza, para justificar excesos de determinados responsables públicos del Gobierno regional, cuyos procederes, en algunos casos, tienen inverosímil explicación en la gestión con decoro de los fondos públicos. Y no es precisamente poco el dinero destinado a estas encomiendas multimillonarias, que además, se imputaban erróneamente, en su mayoría, como una inversión y no como un gasto.

Parece que algunos responsables de la Administración autonómica no tienen claro que no pueden encomendarse actividades sujetas a derecho administrativo a personas jurídicas de naturaleza privada, con salidas sospechosas de información, datos y documentación pública sin ningún tipo de control y supervisión. Una fuga de información que custodia el Gobierno regional. Más que dejadez supone una temeridad y en algunos casos roza la frontera de la legalidad el uso y manipulación de datos confidenciales o restringidos de la Administración pública por parte de algunos responsables de los servicios externos contratados por el sector público autonómico sin que parezca que nadie se escandalice, alarme, o ponga remedio.

Es obvio, leyendo la exhaustiva auditoria de la Audiencia de Cuentas, que el recurso a las encomiendas se justifica cuando con ellas se suplen las carencias de los trabajadores de la Administración canaria o por la inmediatez de los trabajos requeridos al disponer de los recursos con más celeridad, pero es que el uso habitual de este método de contratación, según constatan los auditores, ha generado un "trasvase del conocimiento" de lo público a lo privado, a una descapitalización de los recursos humanos de los órganos administrativos pues parte del personal técnico cualificado está al servicio de quienes han sido contratados para la encomienda. La fiscalización recoge además un serio aviso de los auditores: se corre el riesgo de convertir a la plantilla de la Administración autonómica en "mera tramitadora" de expedientes, lo que dinamita su razón de ser.

Si no se produce un seguimiento detallado de los trabajos encomendados, lo que es fundamental para conocer si se ha cumplido o no con el objeto del encargo, si los precios abonados a los técnicos de fuera de la administración -en buena parte titulados superiores- son tan dispares como para que se facturen trabajos por hora desproporcionados, y si lo facturado por empresas externas a la Administración no tiene relación con el coste real de la actividad adjudicada, la radiografía que se saca del informe de la Audiencia de Cuenta es tan explícita como escandalosa.

El dinero de las arcas autonómicas, millones y millones de euros, se fuga así con una facilidad y descontrol impropios, cuanto menos, de quienes ostentan la responsabilidad de aplicar el máximo de supervisión, rigurosidad, y eficiencia en el uso de los recursos que son públicos. Conviene no olvidarlo. Una práctica en el pago y control de las encomiendas, tan deficiente y peligrosa, según se detalla en el informe de la Audiencia de Cuentas, que genera más que dudas sobre si este proceder no esconde otro tipo de manejos más allá del derroche o el despilfarro.
Si por un lado las recomendaciones de los auditores públicos para taponar estos agujeros económicos son tan claras, por otro, cabe el recelo de que los responsables encargados de subsanarlas las apliquen con precisión y verifiquen con profesionalidad todos aquellos encargos externos encomendados por la Administración autonómica. El abuso de las encomiendas no solo es un atajo rápido para llegar a fines espurios en el manejo de los fondos públicos si no que además sabotea la propia estructura y sentido de la Administración regional. ¿Qué sentido tiene mantener una burocrática y costosa estructura de funcionarios públicos si los trabajos que éstos debieran ejecutar se encargan fuera?

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