Bermúdez mantiene el proceso para tirar el 'mamotreto' a la espera del juez

Los servicios jurídicos municipales tendrán que analizar el informe de Infraestructuras que es contrario a la demolición del edificio de aparcamientos

11.02.2016 | 02:00

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aseguró ayer que mantiene los trámites ya iniciados por el Consistorio chicharrero para demoler el edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto, mientras la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 no le indique lo contrario.

Bermúdez hizo estas declaraciones tras darse a conocer la semana pasada el contenido del informe elaborado por la directora general de Infraestructuras, un documento en el que se recomienda al Ayuntamiento que se persone en la ejecución de la sentencia dictada en febrero del 2014 por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife –fallo en el que se ordena la demolición del edificio con cargo a los condenados–, que interponga un incidente de inejecución de dicha sentencia o que solicite un aplazamiento del cumplimiento del fallo judicial hasta que se resuelvan las dudas que existen con el deslinde.

"Ninguno de los informes va a suponer la paralización del proceso que ya hemos iniciado", explicó ayer el regidor municipal, quien añadió que "el proyecto para la demolición total del edificio, que el Ayuntamiento encargó el pasado mes de diciembre a la empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur), se está redactando al igual que también se está trabajando en la elaboración del futuro Plan Especial de Las Teresitas", un documento que ordenará la zona y cuya elaboración también ha sido encomendada a Gestur.

De hecho, el alcalde especificó que, en primer lugar, dicho informe tendrá que ser analizado por los servicios jurídicos del Consistorio y serán estos los que le indiquen "si existen argumentos suficientes para personarnos". Una vez que los servicios jurídicos municipales emitan su opinión –el informe de Infraestructuras ya ha sido remitido a dichos servicios–, "estos nos tendrán que decir si nos personamos o no. En el caso de que podamos personarnos aún tendríamos que esperar por la valoración de la juez, pues será ella quien decida si el Ayuntamiento se puede personar o no en la ejecución de la sentencia", argumentó Bermúdez.

No obstante, este no será el único asunto que deberá valorar los servicios jurídicos municipales, pues también se tendrán que pronunciar sobre la recomendación que hace el área de Infraestructuras al equipo de Gobierno de solicitar la inejecución de dicho fallo judicial. Además, deberán valorar si es factible que el Consistorio le proponga a la magistrada la paralización de la ejecución del fallo judicial hasta que se resuelva el conflicto que, en la actualidad, existe con la Dirección General de Costas sobre el deslinde.

En el caso de que los servicios jurídicos consideren que es conveniente y existen argumentos de peso para solicitarle al Juzgado que no se ejecute dicha sentencia o que se pida su paralización, la última palabra la tendrá la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz.

Pese a que el informe de Infraestructuras es contrario a la demolición del edificio de aparcamientos, lo cierto es que esta no es la única opinión que posee el regidor municipal, pues cuenta con otros tres documentos en los que los técnicos dan sus opiniones sobre el futuro del edificio de aparcamientos de la playa.

El motivo por el que el primer edil dispone de esos cuatro informes se debe a que en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento recibió un oficio en el que el Juzgado le instaba a demoler "a la mayor brevedad posible" el edificio de aparcamientos.

Asimismo, en dicho oficio se le ordenaba al Consistorio que llevara a cabo el derribo de la parte del edificio que invade la zona de servidumbre de protección y dominio público marítimo terrestre, es decir, 420 metros cuadrados de los 4.000 totales que ocupa el inmueble situado en la cabecera de la playa.

En cuanto al resto del aparcamiento, el Juzgado también le exigía al Ayuntamiento que lo tirara pero precisaba que dicha parte se podría mantener en pie en el caso de que acreditara la existencia de alguna norma o planeamiento que pudiera legalizarlo.
Este último aspecto fue el que motivó que el alcalde de Santa Cruz solicitara la opinión de sus técnicos.

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