Retales de la historia

El aferidor

17.01.2016 | 02:00

E n el amplio muestrario de palabras en desuso se encuentra el verbo aferir, que se refería a contrastar pesos y medidas marcándolos con señal indicadora de que estaba comprobada su legalidad. El responsable, almotacén o fiel contraste, también recibía el nombre de aferidor. Cobraba a comerciantes, lonjeros, bodegueros o venteros una tasa por su trabajo, lo que a veces daba lugar a discrepancias con el alcalde del puerto, como ocurrió en 1784 cuando Tomás Manuel de Olivera fue nombrado aferidor por el Cabildo en La Laguna y el alcalde real y los diputados de Santa Cruz se resistían a aceptar los derechos que pretendía cobrar, lo que dio lugar a un voluminoso expediente. Para dejar las cosas claras en cuanto a las jurisdicciones, en 1797 el alcalde Domingo Vicente Marrero ordenaba en su bando de buen gobierno que las bodegas, lonjas, ventas, debían tener medidas y pesas aferidas y las posturas -precios- en tablillas a la vista.

Pero siempre había alguno que intentaba saltarse las normas amparándose en la ubicación de su actividad. Este era el caso de Sebastián Hernández, alias el Herreño, que ejercía de tablajero en el Hospital Real en 1805 y que, sin tener permiso para ello, no sólo sacrificaba en el establecimiento algún ganado menor, sino que pedía a la carnicería más carne de la que precisaba, y vendía los sobrantes en sus propias balanzas con pesos sin aferir oficialmente. Otro problema era el de las panaderas que bajaban de La Laguna a vender en Santa Cruz, lo que obligó a señalar un punto de reunión para controlar precio, cocción y, lo más importante, peso con balanza debidamente aferida.

El primer aferidor del que hay noticia es Gregorio Asensio, que dimitió en 1805 y fue sustituido por Ignacio Borges. El año siguiente lo fue Cristóbal Borges, alcalde del oficio de carpintería, y en 1806 se nombró almotacén por cinco años a Francisco Calleros. En estos primeros tiempos no debió ser despreciable la renta que proporcionaba este arbitrio, puesto que en alguna ocasión sacó de apuros al consistorio.
Así, en 1809, enzarzado el ayuntamiento ante la Real Audiencia en pleito con el beneficiado y mayordomo de fábrica de la parroquia a cuenta de arreglos que precisaba la casa de la carnicería, los gastos del proceso fueron pagados del producto del aferimiento. Esta renta era, sin duda, un señuelo para otras administraciones, y en 1814 el aferidor de La Laguna Juan José del Rey pretendió bajar a aferir a Santa Cruz, pero se opuso el alcalde José Víctor Domínguez diciendo que ya estaba nombrado aferidor en virtud del privilegio de villa exenta.

Este mismo año, vencido el contrato con el anterior, se nombró aferidor al maestro de carpintería Antonio Rodríguez, con domicilio en la calle Consolación, hoy Puerta Canseco, número 76, a donde tenían obligación de acudir comerciantes, lonjeros, bodegueros, venteros, a aferir sus pesos y medidas. No cabe duda de que era una molestia tener que acudir a cumplir la ordenanza, y el aferidor Rodríguez empezó a quejarse de la poca concurrencia. Al prolongarse la situación Rodríguez pidió rebaja de la renta que debía pagar al ayuntamiento, pues eran muchos los que se resistían a aferir, entre ellos los artilleros que tenían tienda y los comerciantes de tejidos que no aceptaban el control de sus varas y medidas. En 1816, ante la evidencia de los hechos, se le rebajó al aferidor el canon establecido y se publicó bando recordando la obligación de aferir para todos los comerciantes.

Las protestas de los milicianos artilleros que tenían tienda al público y pretendían quedar exentos de licencia de vendedores y arbitrio de aferimiento, se vieron apoyadas por el mismo comandante del cuerpo de Artillería, al que se le recordó que por R. O. de 15 de junio de 1814 había cesado el fuero especial de los artilleros en los asuntos de policía y buen gobierno de los pueblos, y se nombraron dos diputados para aferir en ventas de milicianos artilleros y multar si no disponían de licencia. Pero todo era en vano y a Antonio Rodríguez le era imposible cubrir los 600 reales de derechos porque la mayor parte de los comerciantes se negaban a lo ordenado y todo seguía igual. En el capítulo de ingresos del presupuesto de 1823 figuran 1.800 reales por el arbitrio y en el de gastos se anotan 600 reales para el aferidor. En esta misma década algo debió mejorar la recaudación pues en distintas ocasiones se recurrió a este fondo para pagar la renta de la casa consistorial en la plaza de la Pila, para parte de reparaciones en el puente del Cabo, para el pago de sueldos municipales y hasta para resarcir al alcalde de lo adelantado para manutención de presos pobres. Hasta colaboró el comandante de Marina informando que había apercibido a los pescadores de fresco que debían aferir sus pesos o se les prohibiría salir a pescar.

Surgió un problema cuando en 1839 la Diputación provincial ordenó que las pipas de vino que llegaran del campo para su embarque debían aferirse y no se supo cómo hacerlo. Se solucionó el problema traspasándolo a otros, ordenando que debían venir aferidas de origen
*De la Tertulia Amigos del 25 de Julio(www.amigos25julio.com)

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine