Editorial

Nuevos planes, viejos pleitos

28.11.2015 | 23:01

Igual que la inyección de una hormona de crecimiento en un cuerpo que se está regenerando, el plan que el presidente Fernando Clavijo ha puesto sobre la mesa de las corporaciones locales e insulares con los fondos recuperados del extinto ITE (Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas) debiera de actuar como un acelerador de la economía de Canarias. Un potente catalizador hacia el, en tantas ocasiones mencionado y tan pocas puesto en práctica, nuevo modelo productivo.

Tras años de recortes y de presupuestos con un no ya escaso si no nulo margen para gastos e inversiones, estos 160 millones de euros anuales adicionales, durante diez años, procedentes del ITE constituyen una extraordinaria e inesperada oportunidad histórica para gestionar con flexibilidad, precisión y orden los fondos públicos canarios en áreas estratégicas destinadas a mejorar la calidad de vida y el conocimiento de los canarios y diversificar la economía de las Islas.

Este es el momento de elevar la vista y dejar de lado el clientelismo fácil de los antiguos programas de políticas de empleo con los que, merced a sumar votos, el dinero se iba por el sumidero y la tasa de paro apenas se movía unas milésimas de un mes para el siguiente. Si sirve como un mal ejemplo reciente ahí está el denominado Plan E de Zapatero planificado a lo loco, ejecutado de prisa, sin resultados prácticos y con un elevado gasto público.

La llegada de 1.600 millones de euros extras a Canarias a través del ITE, tras ocho años de recesión, son un maná que bien merece que se aparquen los debates sobre cómo repartir la tarta -en ocasiones protagonizando bochornosas escenas como si los responsables públicos fueran unos pedigüeños despellejándose por una limosna- para planificar en qué programas, inversiones y planes se tiene que destinar el dinero para obtener el máximo rendimiento social, laboral y tecnológico. Eficacia y productividad, en definitiva.

El Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Pdcan) constituye, sobre el papel, un buen diseño estratégico que requiere del consenso de todos, aunque en su esbozo el presidente trastabillara al aceptar la propuesta del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, de utilizar como baremo para el reparto del fondo el criterio de la triple paridad con el que se distribuyen los 60 escaños en el Cámara regional. Injusto, irreal y desequilibrante.

Gran Canaria fue la única isla que no se sumó a la desafortunada idea. La terquedad con la que Antonio Morales, el presidente del Cabildo insular, se ha mostrado en este asunto ha dado sus frutos, al menos a medias. El plan que Clavijo se esfuerza estos días por explicar a todos los agentes sociales y políticos de las Islas –mañana en el Hotel Santa Catalina en el foro organizado por la opinión de tenerife y La Provincia– es que, según sus palabras, si algo queda claro es que "los que son distintos serán tratados de forma distinta".

Si Canarias exige en la Unión Europea y ante el Estado que se tengan en cuenta sus singularidades y se compensen para igualarse al resto de europeos la ultraperiferia y la insularidad en un mercado fraccionado, es inconcebible que en las Islas haya mandatarios que se empeñen en segregar y distribuir el padrón entre ciudadanos de segunda y primera en función del pago de nacimiento.

El plan, pues, destierra el término distribución territorial para centrarse en un reparto por proyectos que generen impacto económico y social en función de tres líneas estratégicas: I+D+i (infraestructuras científicas y tecnológicas, apoyo a actividades de investigación e innovación que llevan a cabo empresas, o desarrollo de economía digital), infraestructuras (para el transporte e hidráulicas, rehabilitación de espacios públicos en núcleos turísticos, zonas comerciales abiertas o incubadoras empresariales) y políticas activas de empleo con incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción y el fomento de la formación.

El Gobierno será quien decida, de entre las propuestas que le hagan llegar las corporaciones insulares, previo acuerdo con los municipios, cuáles se ajustan a los criterios exigibles para alcanzar esos objetivos. Si el fin es la eficacia y que las inversiones lleguen a los ciudadanos, de una parte, debería tenerse en cuenta la pobre maquinaria administrativa de las islas pequeñas y poner los medios para que no sean arrolladas por las capitalinas y, de otro lado, no dejarse amedrentar ni por los obstáculos que aparecerán o se crearán, ni por los intermediarios, que surgirán a la luz del dinero fácil. Consenso sí, es como se debe operar en toda sociedad democrática, pero no sometimiento que nos lleve a entrar en el improductivo círculo vicioso de siempre.

El dinero, esos 1.600 millones, al fin y al cabo, es del Gobierno de Canarias. Lo avalaron estudios técnicos encargados a los juristas de la Comunidad Autónoma y lo hizo también el Ministerio de Hacienda en el acuerdo firmado el pasado día 16 en Las Palmas de Gran Canaria, con lo que se acababa de un plumazo con la teoría de que si eran ingresos derivados del régimen fiscal canario (REF) el 58% correspondía a las corporaciones locales por derecho.

Los fondos del ITE, de una parte, no figuran en la ley de financiación de las haciendas locales canarias, que es la que regula el reparto de los tributos del REF y, de otra, desde 1993 el dinero restado por el Estado a la Comunidad Autónoma en compensación por ese antiguo impuesto se detrae de la financiación autonómica. Las corporaciones locales no han contribuido a liberar de ese peso al erario autonómico ni es un solo céntimo. Y han sido, en las últimas dos décadas, algo más de 2.700 millones de euros.

Si todo sale bien, tal inyección en millones hará aumentar la demanda interna a corto y medio plazo y las arcas públicas, a través de impuestos, recuperarán más de la mitad de la inversión, según las propias previsiones el Pdcan que pronostican la creación de 3.000 empleo directos e indirectos anuales a corto plazo y 5.000 a largo y el alza del Producto Interior Bruto regional (PIB) de un 0,7 a un 1%.
Son meras previsiones, sí, pero al menos una inyección de recursos y de optimismo tras los negros años anteriores y una oportunidad que los canarios no nos podemos permitir perder en riñas cortoplacistas y viejos pleitos.

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