Editorial

Un 'catastrazo' inoportuno

18.10.2015 | 02:00

E l Gobierno local de Santa Cruz de Tenerife ha aplicado un catastrazo para el próximo año intentando, sin éxito, maquillar ante la opinión pública una subida tributaria como si fuera una bajada.

En vez de afrontar de cara y con entereza, audacia y responsabilidad una medida tan trascendente como es la subida de los valores catastrales de los bienes inmuebles de la capital –más de 75.000 propietarios afectados–, el alcalde y su equipo de Gobierno han tratado de ocultar el catastrazo. Muy conscientes de lo impopular de una medida que arrastra costes políticos y sociales a dos meses de unas elecciones generales.

El equipo de gobierno ha desaprovechado una extraordinaria oportunidad para haberse mostrado como los nuevos gobernantes que demanda la ciudadanía. Con el liderazgo, sinceridad, lealtad y coherencia con los que se comprometieron a actuar si ganaban las elecciones, en una campaña en la que prometieron a los vecinos transparencia, participación y derecho a la información sobre la gestión municipal.

¿Por qué han escamoteado a los vecinos la información sobre el catastrazo? ¿Por qué no se comunicó la subida catastral y se ha tenido que conocer la misma a trancas y barrancas? ¿Qué miedo hay para exponer en público los cambios tributarios municipales? Si de verdad se entiende que es un incremento justificado, ¿por qué se escamotea el debate sobre los nuevos valores catastrales?

Esa actitud cortoplacista, ese encogimiento político reacio a propiciar un debate sobre la política fiscal en la ciudad, es mucho peor que la propia subida del catastro, aplicada en una situación económica aún preocupante, con altas tasas de paro y con una elevada presión fiscal sobre la familias, cuyos miembros en muchos casos han sufrido congelaciones o recortes salariales.

Es cierto que desde hace dos décadas no se actualizaban los valores catastrales en la capital, pero el Ayuntamiento, en vez de afrontar esta situación con franqueza, argumenta en un comunicado oficial que el catastrazo que entra en vigor el próximo año y que revaloriza en un 10% el precio de las propiedades inmobiliarias es una imposición del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los hechos revelan lo contrario. Él y no el Ministerio es el que lo solicita, como por ley es preceptivo. Nadie se lo impone.

Desde entonces ni el alcalde ni ningún representante del Gobierno local informó de esta solicitud –la revisión catastral– que se publicó el 28 de septiembre en el BOE para incluirlo como es preceptivo en los presupuestos generales del Estado para 2016.

Desde el Ayuntamiento se trató en los últimos días, cuando la polémica reventó tras unas informaciones publicadas por este periódico, de maquillar la subida catastral con una supuesta rebaja del 10% en el IBI. Para compensar, se decía. Otra falsedad.

Tras expirar el decreto del Ministerio de Hacienda aplicado durante el trienio de 2013 a 2015 a todos los ayuntamientos españoles con una subida de hasta el 10% del IBI (como en el caso de Santa Cruz de Tenerife, que no revisaba el catastro desde 1995), el Impuesto de Bienes Inmuebles retornará en 2016 al gravamen que se estaba aplicando en 2012. La rebaja no es tal. Y además el Gobierno municipal se atribuye en este caso, cuando se supone que le beneficia, una resolución que no le corresponde si no que es una disposición del Ministerio de Hacienda. Es decir, según el Ayuntamiento si se sube el catastro, la culpa es del Ministerio –cuando en realidad lo pide, y es competencia, del alcalde– y si se baja el IBI lo decide el Gobierno local, cuando en este caso corresponde a una resolución de Hacienda, y no municipal, que deja de estar en vigor.

La gestión del catastrazo, que repercute en el recibo fiscal de más de 75.000 propietarios de fincas urbanas y rústicas, debería hacer reflexionar al Gobierno local.

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