Tribuna abierta

Morir, un derecho

13.10.2015 | 02:00

L a noticia acaba de saltar a los medios: la menor ha fallecido sin dolor, después de que sus progenitores lograran por vía judicial no prolongar artificialmente la vida. Se refieren al caso que muchos hemos seguido con indignación, por la negativa de un hospital de la comunidad gallega a retirar la alimentación artificial, con la consiguiente sedación paliativa, a una niña, paciente en estado vegetativo e irrecuperable, a fin de facilitar alivio a su sufrimiento y la muerte digna a la que todos deberíamos tener derecho.

Seguramente que éste ha sido uno más de los que en este católico país suceden y del que nos enteramos por la desesperación de unos padres rogando ayuda por el dolor expresado por su hija a causa de una enfermedad degenerativa y porque cada día que pasaba era una jornada más de martirio para la enferma y para su familia. Escuchar a la madre contar la respuesta dada a su petición de un aumento de los calmantes ("¿quiere que su hija se convierta en una yonki?") producía ira.

Hemos asistido, atónitos a la indefensión de los representantes legales de una menor, que contaban con el respaldo del presidente de la OMC, de la plataforma SOS Sanidade Pública (quienes calificaban de "ideología" el rechazo), mientras los gerentes del hospital recurrían a los jueces, que, a su vez, pedían informes forenses€ Y, en la cúpula del desatino, los pediatras, quienes, según la prensa, llegaron a rechazar el informe del Comité de Bioética del propio centro, favorable a una sedación paliativa, por considerarlo "no vinculante" (no quiero saber el significado de la frase, solamente doy gracias al destino por estar tan lejos, geográficamente, de ese equipo de doctores), aunque, finalmente, se vieron obligados a aceptar lo irremediable, tras matizar, en un fallido intento por redimir, lo que considero, una absoluta falta de ética profesional y de empatía humana, "que lo hacían por el agravamiento de la paciente".

Más en consonancia con el siglo que transcurre, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, destacó en un comunicado lo que debería ser obvio: que la Ley Básica de Autonomía del Paciente otorga el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas y a negarse a un tratamiento. Destaca la firmeza con la que DMD denuncia lo habitual que es, según sus palabras "el conflicto entre una familia que desea ejercer sus derechos y un equipo asistencial que ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales, provocando así un doble sufrimiento". Situaciones tan graves que les llevan a dudar de que las leyes autonómicas de últimas voluntades (entre ellas la canaria) sea una herramienta suficiente para que se respeten los derechos de los ciudadanos. Y mucho de ello debe de haber cuando esta vergüenza de caso en Galicia, ha tenido lugar sólo semanas después de la aprobación de su ley autonómica de muerte digna€

Sin llegar a deseos como los míos, de una despenalización total y absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido, considerados como un derecho personal al que acogerme, las estadísticas demuestran el alto porcentaje de población que aboga por un cambio en una ley que ya tiene 13 años y que, en estas situaciones, demuestra no cumplir su función de amparar a quienes pedimos morir en paz, cuando topamos con ciertos doctores, a quienes no llamo médicos porque un doctorado lo alcanza cualquiera, pero ejercer de médico€ a eso sólo llegan los grandes.

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